Para nadie, dentro del sistema judicial chileno, es un misterio el vínculo que existe entre el senador RN Alberto Espina y el fiscal nacional, Sabas Chahuán. El legislador logró el consenso con los senadores de la Concertación para que Chahuán fuera confirmado como fiscal nacional, tras ser propuesto por la Presidenta Bachelet.
Por eso a muchos no extrañó que Espina, en secreto, haya partido hacia las oficinas de su protegido para entregarle copia de los correos electrónicos interceptados por la inteligencia colombiana, entre chilenos y miembros de las FARC. Y podría ser el mismo Chahuán el que tenga que tomar declaración como testigo al parlamentario para que diga de dónde obtuvo la polémica información que logró sacar a un funcionario de La Moneda.
Después de un mes, luego que Espina divulgara la información a través de "La Tercera", se supo que Chahuán había ordenado instruir una investigación desformalizada para analizar si en esos antecedentes había delitos.
Pero no puede ser cualquiera el que realice la investigación. Hasta donde LND pudo averiguar, ningún fiscal regional ha recibido alguna instrucción de Sabas Chahuán para indagar estos hechos. Ni siquiera el fiscal regional de la Araucanía, Francisco Ljubetic, ha sido informado de estos antecedentes, pese a que las suspicacias de Espina apuntaban a vínculos con entidades en la zona de conflicto mapuche.
Según la Ley Orgánica del Ministerio Público, el fiscal nacional sólo puede asignar, siempre y cuando "lo hicieren necesario por su gravedad o por la complejidad de su investigación", exclusivamente a fiscales regionales. Lo que descarta que Chahuán haya dejado en manos de un fiscal de menor rango como un fiscal adjunto las pesquisas de la información filtrada a Espina.
Sin embargo, trascendidos apuntan a que es el propio Chahuán el que decidió autónomamente encabezar la investigación. Para ello se habría basado en la norma de la misma ley que lo faculta "cuando la investidura de las personas involucradas como imputados o víctimas lo hiciere necesario para garantizar que dichas tareas se cumplirán con absoluta independencia y autonomía".
Pero como las sorpresas en este caso han corrido más rápido que el tiempo, tampoco se ha descartado que Chahuán ya haya tomado declaración a Espina.
Esto, debido a que el legislador presentó el 5 de agosto los antecedentes al Ministerio Público, hecho que sólo se hizo público el 7 de septiembre, cuando el asunto fue difundido por la prensa. Lo que haya sucedido en ese mes sólo lo saben Sabas Chahuán y Alberto Espina.
LA TRAMPA
Los diputados de derecha en los últimos días insisten en mantener viva la denuncia de Espina y del propio abanderado de la Alianza, Sebastián Piñera. La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados la tercera en menos de dos semanas solicitó que nuevamente el director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gustavo Villalobos, se presente el próximo 29 de septiembre.
El motivo de la invitación es solicitarle explicaciones por el supuesto mal manejo en materia de inteligencia que Villalobos habría tenido luego de que el 14 de mayo pasado viajara a Bogotá.
Allí se reunió con personeros del Ministerio de Defensa de ese país, quienes le entregaron un dossier de 50 páginas con información que incluye correos electrónicos impresos, cuyas direcciones IP correspondían a computadores ubicados en Chile y que estaban dirigidos a las FARC.
Villalobos señaló a LND la semana pasada que "dicha información fue sometida a los procedimientos que la Ley de Inteligencia Nacional establece; investigamos y concluimos que no ameritaba hacer ninguna denuncia judicial porque no constituían actividad delictual".
Según trascendió desde la propia Comisión de RREE, sólo fueron los diputados de la Alianza, quienes solicitaron la presencia de Villalobos. "Pero la verdad es que no tengo idea por qué lo pidieron. Parece el empecinamiento por algo que ya no resultó", cuenta uno de sus integrantes.
En efecto, uno de los diputados que solicitó la presencia del director de la ANI fue Osvaldo Palma, el mismo que mediante una carta dirigida a la Presidenta Bachelet pidió oficialmente en representación de la bancada RN que se removiera a Villalobos de su cargo.
Entre los restantes se encuentran los UDI Iván Moreira, Marcelo Forni y Juan Masferrer, junto a los RN Maximiano Errázuriz y el fallecido Pedro Álvarez Salamanca.
EL PLAN ERRADO
La misiva de la bancada RN solicitándole la renuncia de Villalobos fue entregada a la Mandataria el 16 de septiembre, casi una semana después de que Alberto Espina iniciara su ambiciosa y ahora peligrosa estrategia comunicacional.
Ésta consistió en entregarle la información de los e-mails entre chilenos y las FARC (que se habría encontrado al interior del computador del asesinado líder, Raúl Reyes) al Ministerio Público el 5 de agosto y, un mes después, al diario "La Tercera".
Luego aparecería él mismo protestando por la supuesta infiltración de los organismos terroristas en Chile, y denunciaría, incluso, la colaboración de un periodista de La Moneda, Hugo Guzmán, quien debió abandonar su puesto.
Éste, según la versión del senador, mantenía correspondencia electrónica con la guerrilla colombiana. Información falsa, ya que, si bien el periodista aparece mencionado dentro de los correos, no es él quien envía ni recibe ninguno de ellos, sino terceros.
De ahí que actualmente, además de cuestionarse la fuente que entregó la información a Espina, haya una tacha sobre su calidad, y ha sido calificada como, presumiblemente, parte del Plan Colombia en Chile, estrategia internacional de ese país en conjunto con Estados Unidos para sindicar a las FARC como fuerzas terroristas y no beligerantes, que se inició un año después del atentado a las Torres Gemelas.
¿SUJETOS ÚTILES?
Dado que tanto Sebastián Piñera como Espina, y en menor medida Andrés Allamand, aparecieron como parte del Plan Colombia, el martes el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, señaló en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados que los tres podrían ser "víctimas" de una estrategia de inteligencia de un sector de Colombia, y emplazó a Piñera a entregar toda la información que tiene sobre las FARC en Chile.
El ministro cimentó su petición al candidato presidencial de RN quien también solicitó la salida de Villalobos de la ANI en base a que éste señaló que existe relación entre las FARC y grupos insurgentes de la Araucanía. Información que, según el Gobierno, no tiene fundamento.
Pérez Yoma fue más allá y señaló que, dada la cantidad de acusaciones que ha realizado Piñera, sobre tráfico de armas, es necesario que el Ministerio Público lo cite a declarar.
Un incómodo Piñera ante la movida del ministro del Interior señaló este miércoles que se acogía al "secreto profesional", tal como lo hacen los periodistas para evitar revelar sus fuentes. Y como buena defensa atacó al Gobierno, señalando que "Pérez Yoma intenta justificar lo injustificable , la inoperancia del Gobierno".
Espina, sin embrago, retrucó al Ejecutivo con denodada molestia. "No he sido víctima de ninguna operación de inteligencia", dijo.
Dado vuelta el tablero de ajedrez, Pérez Yoma deslizó lo que todos intuyen, y es que los ex integrantes de "la patrulla juvenil" de RN recibieron la información del Gobierno colombiano.
"Cristián Mönckeberg fue bastante claro cuando dijo que el Gobierno colombiano, en vista de que nosotros no habríamos tomado las acciones que se supone que deberíamos haber adoptado, les habría entregado esta información de inteligencia a ellos", dijo el jefe de Gabinete.
Si Piñera, Espina y Allamand fueron utilizados o actuaron conscientemente para perjudicar al Gobierno en servicio de intereses internacionales, es lo que hoy está en tela de juicio. Desde Bogotá, la senadora colombiana Gloria Inés Ramírez, del partido Polo Democrático, dio algunas luces a LND al denunciar la existencia de "una cacería a nivel internacional.
El Gobierno colombiano está trabajando en la internacionalización del conflicto. Es un problema que traspasó las fronteras y esto tiene que ver con el Plan Colombia".
