Harald Beyer y el lucro: "Voy a hacer cumplir la ley"
El ministro dice que la agenda del gobierno en educación y su decisión de enfrentar los debates y levantar temas han contribuido a bajar la intensidad del movimiento estudiantil. Lo que la gente espera, asegura, son acuerdos. Si no los hay, seguirá castigando a los políticos. Se reconoce partidario de reformar el binominal, pero también de la unidad del oficialismo.
por Texto: Cony Stipicic H. - Fotografía: Ximena Navarro
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Lleva casi seis meses en el gabinete en el que tanto se ha sufrido durante este gobierno. Dos antecesores y las calles llenas de estudiantes y sus familiares demandando gratuidad y calidad recibieron a Harald Beyer, hasta entonces, referente en cualquier debate sobre educación en el país. En este corto tiempo ha visto reducirse el tamaño de las manifestaciones y aumentar su popularidad en las encuestas.
Esta semana irrumpió nuevamente en la agenda el lucro, luego que la comisión investigadora de la Cámara de Diputados acusara a siete universidades de obtener ganancias. Beyer insiste en considerar insuficiente el trabajo, "porque recoge información que ya era pública y que todos conocíamos", y apunta a que el tema es cómo demostrar que se infringió la ley. "Si es efectivo, tengo que cancelar la personalidad jurídica y revocar el reconocimiento oficial de las instituciones. Eso es lo que obliga a ser muy prudente en esto, porque en las instituciones mencionadas hay 130 mil estudiantes, o sea, más del 10% de la matrícula de educación superior en Chile", señala.
La ley que prohibe el lucro existe desde 1981. ¿Por qué no se hizo nada antes?
Yo en esto quiero ser muy responsable. No ha habido las atribuciones suficientes, y nadie estimó necesario tener una regulación distinta. Hoy, la legislación dice: cuando hay fallas hay que iniciar un proceso de revocación del reconocimiento oficial. La ley no me da atribuciones para hacer cumplir esa disposición legal, no me da ningún instrumento. Cuando uno mira históricamente, yo creo que no hubo voluntad política para hacerlo.
¿Por qué?
No se vio como un problema. El mundo político reacciona mucho frente al problema y no hubo uno mayor en esto, y estábamos todos contentos con el aumento de la cobertura. Se pensaba que el acceso a la educación superior era el camino para corregir la desigualdad. Los aumentos de cobertura fueron muy bienvenidos y yo creo que no hubo una prioridad en favor de la educación superior.
¿Y cuándo pasa a ser un problema?
A mediados de la década pasada, por el financiamiento y también la regulación. Por ejemplo, el crecimiento de los programas de Pedagogía. El año 2000 había más de 320 programas, a fines del 2010 hubo más de 900. Eso no es razonable. La primera reacción del sistema fue crear la acreditación para garantizar calidad, pero al poco tiempo, nos dimos cuenta de que era un sistema relativamente débil e insuficiente, que no había suficiente transparencia, que el Ministerio era débil en atribuciones.
¿Qué va a hacer el gobierno con el lucro?
La postura del gobierno es clara: hacer cumplir la ley. Y para hacerlo bien, necesitamos más atribuciones. En el Congreso está el proyecto de superintendencia y queremos 'cabalgar' rápido en eso.
¿Qué se hará con las llamadas sociedades espejo? El ministro Joaquín Lavín ganó dinero al vender su participación en la inmobiliaria propietaria de los inmuebles de la UDD.
Yo quiero rebatir eso: de la existencia de transacciones entre empresas relacionadas, no se desprende necesariamente que haya una infracción a la ley.
Pero está la sospecha.
Bueno, pero lo que corresponde a un gobierno serio es demostrarlo y, si se hace, revocar el reconocimiento oficial. Estamos disponibles para hacerlo, pero primero se tiene que comprobar. Ahora, el proyecto de la superintendencia se ocupa de este tema. Primero, permite -como ocurre hoy día- que haya transacciones entre empresas relacionadas, pero obliga a fiscalizar y ver si efectivamente se hace a precios de mercado. Si lo son, no hay lucro. Al mismo tiempo, establece que la junta directiva debe tener directores independientes. Y se les aplican las mismas reglas de las sociedades anónimas: tienen que velar porque estas acciones sean correctas y que las instituciones cumplan con sus estatutos. Si no, pueden ser afectados en su patrimonio. Es una regulación bien fuerte y, además, la superintendencia va a tener mucha más capacidad para "meterse adentro" de la institución y velar por las transacciones precisas.
Desde el punto de vista de los principios, ¿al ministro de Educación le parece aceptable o no el lucro en la educación superior?
Bueno, hoy día existe, se permite en los centros de formación técnica e institutos profesionales; éstos pueden organizarse como sociedades comerciales y obtener excedentes. En el caso de las universidades, se prohibe. Más allá de cuál sea mi postura, el gobierno ya tomó la suya: hacer cumplir la ley. Y yo lo voy a hacer.
¿La legislación en trámite le parece suficiente para velar por la calidad de la educación superior y el cumplimiento de la ley respecto del lucro?
Nosotros creemos que sí. Tenemos un sistema heterogéneo, desde instituciones complejas hasta otras que sólo son docentes. Y creo que hay espacio para todas. Hay que recordar que los estudiantes de las universidades estatales representan el 17%; de las privadas tradicionales y no tradicionales, el 45%, y 38% los institutos profesionales y CFT. Lo que nosotros tenemos que asegurar es: transparencia, cumplimiento de la ley y calidades razonables en toda la oferta. Para eso son el sistema de aseguramiento de la calidad y la superintendencia, y yo noto en el Congreso ánimo de tener un buen resultado en esta línea y avanzar.
¿Cómo está su relación con los estudiantes? Usted no se ha reunido con ellos. ¿No lo considera necesario?
La verdad nos hemos juntado, informalmente, en varias ocasiones. Pero no, no está dentro de mis prioridades, porque cuando lo planteé -de muy buena fe- ellos no aceptaron. Pusieron cuatro condiciones que yo no tenía autoridad para satisfacer. Así que decidí que si se produce la oportunidad, encantado, pero no está en mi agenda. Hay siete proyectos en el Congreso que resuelven muchas de sus demandas. Mi esfuerzo está concentrado hoy día en llevarlos adelante.
¿Cuánto influye en su evaluación la baja en la intensidad del movimiento?
El país está pidiendo diálogo y nosotros hemos demostrado con hechos que estamos disponibles. Es una combinación de factores. Ha disminuido y eso era esperable. No he visto en ninguna parte del mundo que un movimiento pueda mantenerse con la misma intensidad de un año a otro. Hubiese sido muy raro.
¿Hay algo que lo haya debilitado en particular o es el desgaste lógico?
Es una mezcla de factores. Nosotros tenemos una agenda que uno puede cuestionar o criticar, pero es potente.
¿Y usted cree que la gente que acompañó a los estudiantes en la calle así lo está percibiendo?
La gente finalmente entiende que esto se tiene que resolver por la vía de las instituciones. Insistir en imponer una agenda tomándose la calle no es la forma correcta de operar en democracia.
¿Cómo entra en este juego el aumento de de 30% a 42% en su aprobación como ministro?
No sé, no tengo una explicación…
Pero usted sabe de encuestas...
Mi interpretación es que tenemos, por una parte, una agenda válida, legítima, con fuerza. Lo segundo es que yo he enfrentado el debate. He sostenido -por ejemplo- por qué no creo en la gratuidad, y lo he hecho con transparencia.
Camila Vallejo dice que sólo con argumentos técnicos…
Siempre es legítimo usar argumentos técnicos. No he eludido ninguno de los temas. Puedo tener aproximaciones distintas a otras personas, pero he tratado de enfrentarlos de la mejor forma posible. Y he puesto temas que me parecen relevantes para la gente; siento que tengo poco tiempo para hacerlo y tal vez no voy a poder concretarlos todos, pero sí dejar una discusión sobre lo que tenemos que enfrentar: clasificar a las universidades, buscar una nueva forma de entregarles financiamiento, apoyar a las que producen más bienes públicos. No busco que la gente esté conmigo, pero sí reconozco en todas las encuestas que la gente es sensata. Y cuando uno le transmite lo que está haciendo, dice 'puede ser, le doy el beneficio de la duda'.
¿La gente le está dando al gobierno ahora el beneficio de la duda en educación?
Así es.
El gobierno y la Concertación no se ponen de acuerdo respecto del diálogo y la búsqueda de consensos. ¿Qué tan necesarios resultan éstos en educación?
Son tremendamente importantes. El país tiene que construir aquí una agenda permanente, amplia y compartida. Si uno mira los grandes números, el nuestro sigue siendo un país donde hay dos grandes coaliciones, que van a coexistir durante mucho tiempo. Yo no comparto que haya un problema de representatividad, porque finalmente, en las encuestas la gente se identifica con las dos coaliciones. La gente es ideologizada, y lo que hay es una demanda por soluciones y por acuerdos. Es muy parecido a lo que está pasando en Europa. El europeo promedio está castigando a sus líderes porque no ser capaces de ponerse de acuerdo. Acá en los últimos años el mundo político está castigado por lo mismo. La señal de la gente es 'pónganse de acuerdo y avancemos'.
¿Quién no lo está entendiendo, entonces, el gobierno o la Concertación?
No veo que el gobierno le haya dado un portazo a los acuerdos. Por lo menos en mi área estamos abiertos a lograrlos. El 2011 generó mucha desorientación en el mundo político, y se nota todavía en las discusiones, como que el político tiene temor de no estar representando bien a la ciudadanía. Esa desorientación se está comenzando a superar y vamos a ir avanzando en más acuerdos. Creo que el alza en la aprobación del gobierno tiene que ver un poco con eso.
¿Con la percepción de una mayor disposición a llegar a acuerdos?
Claro. La población quiere eso: pónganse de acuerdo, avancen, resuelvan los problemas en la medida de sus posibilidades. En esto la gente es sensata y quiere avances, aunque sean parciales y aunque las cosas no sean perfectas.
¿Es inaceptable que se condicione el diálogo al debate sobre el binominal?
Poner condiciones no responde a una voluntad de diálogo. Lo que pasa es que la Concertación tiene un problema de cómo enfrenta estratégicamente los dos años que quedan. Y esto se mezcla con la voluntad de diálogo. Sentémonos y veamos cómo encontrar acuerdos.
Usted es partidario de reformar el binominal y pasar a un uninominal corregido, así lo escribió antes de llegar al ministerio. ¿Cómo recibe que la UDI se oponga como lo ha hecho?
No me siento cómodo comentando cuál es el sistema electoral más adecuado, pero creo que la coalición requiere también de unidad. Los gobiernos la necesitan. Hay que reflexionar sobre este tema y, sin abandonar la prioridad, alejar la presión. Si tú me dices "vamos a discutir el sistema electoral del 2017", mucha de la ansiedad disminuye. La discusión se evita, porque la Concertación está un poquito cerrada en torno al proporcional, que, claro, es el sistema que históricamente rigió en Chile, pero que combinado con un sistema presidencialista como el nuestro provoca fraccionamientos y mucha dificultad para gobernar.
¿Esta una reforma relevante para el país?
O sea, me gustaría un sistema electoral distinto. Pero eso lo digo como ciudadano, no como ministro.
Fuente:
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU
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