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jueves, julio 25, 2013

OTRA GRACIA DE LA CONCERTACIÓN: Y LA DC

Alumnos de la U. de Chile denuncian a la DC irregularidades de Dockendorff en la INAP

Los estudiantes piden que el presidente del partido se pronuncie sobre las denuncias contra el ex ministro, quien participó en convalidaciones de títulos anómalas e involucró al fallecido dirigente falangista Edgardo Boeninger en ellas.

El director de la INAP y ex ministro Eduardo Dockendorff (DC).

Foto: El Mercurio /Archivo.

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SANTIAGO.- El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) Andrés Fielbaum, junto a alumnos del Instituto de Asuntos Públicos del establecimiento (INAP), pidieron al líder de la DC Ignacio Walker, que se pronuncie sobre varias irregularidades en la gestión de Eduardo Dockendorff, militante del partido y director de esa unidad académica.

A través de una misiva, los estudiantes criticaron las acciones que Dockendorff ha emprendido al mando del organismo. A la vez que solicitaron a Walker que tales antecedentes se pongan también en conocimiento del Comité de Ética de la DC para su evaluación.

Según la carta, las anomalías cometidas por el ex ministro de la Secretaria General de la Presidencia de Ricardo Lagos, llevaron a los alumnos de la INAP a movilizarse desde el pasado 17 de mayo.

"Denunciamos una serie de irregularidades en el manejo académico y administrativo de nuestro Instituto Interdisciplinario", se lee en la carta. Por ejemplo, los alumnos acusan ser la única unidad de la universidad sin instalaciones propias para impartir docencia y realizar investigación.

Asimismo, los alumnos denunciaron que el "mal proceder en el proceso de convalidación de título profesional del ex subdirector INAP, Prof. Robert Funk, donde el Sr. Dockendorff argumentó que una comisión de expertos –de la que no existen actas– se habría hecho cargo de evaluar los antecedentes académicos del proceso".

Con ello, los estudiantes aseguran haber ratificado que no existen tales documentos, además que uno de los expertos citados por Dockendorff como aquellos que participaron en dicha convalidación fue el ex ministro DC Edgardo Boeninger, quien a la fecha de iniciarse el proceso ya había fallecido.

"Por tanto, habría sido imposible que pudiera pronunciarse al respecto", argumentan.

"Este tipo de acciones no solo ponen en duda la seriedad de la Universidad de Chile en cuanto a su proceder, sino que también se juega escrupulosamente con la imagen de un connotado líder político como lo es el Sr. Edgardo Boeninger, por tanto las rechazamos y condenamos abiertamente", concluye la misiva.

La carta dirigida a Walker fue acompañada por el Formulario para el Reconocimiento – Revalidación de Título y/o Grado Obtenido por Funk (el 11 de mayo de 2010), un oficio enviado por la universidad a Contraloría y donde se da cuenta de las personas que evaluaron los méritos de este profesor y el certificado de defunción de Boeninger.

Fuente:EMOL

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Rodrigo González Fernández
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modelo individual-contractual

Tomás Jordán
Abogado y Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile. Magíster y Diploma en Derecho Público, mención Derecho Constitucional, por la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Diego Portales. Ex asesor jurídico-legislativo para la reforma de salud y ex Director Jurídico del Ministerio del Interior. Ha sido investigador para el Banco Mundial en materia de justicia constitucional sobre el derecho a la protección de la salud. Autor del Libro "La protección de los Derechos Sociales: modelos comparados de tutela jurisprudencial (España y Chile)", Universidad Alberto Hurtado, 2008. Abogado en el Estudio Vial & Asociados.

Del modelo individual-contractual al modelo en perspectiva social.

Esta columna es extracto de una parte de un artículo recientemente publicado en la Revista de Estudios Constitucionales[i]. En él afirmo que de los exámenes jurisprudenciales en sede del Tribunal Constitucional de los últimos años (desde el año 2008) han otorgado una nueva sustancialidad al derecho a la protección de la salud (art. 19 N° 9 CPR), alejándolo de los criterios originarios (de relaciones exclusivamente contractuales privadas y fundadas en el principio de subsidiariedad del Estado), haciéndolos girar progresivamente, desde un modelo individual-contractual a un modelo que denomino en «perspectiva social».
El modelo «individual-contractual» de salud privada lo defino como aquel que tiene como elemento medular la autonomía o autodeterminación contractual de las personas, en un sistema de seguro individual, ordenado bajo parámetros de compensación de riesgos entre afiliados y beneficiarios, sujeto a un estándar constitucional habilitante-limitador y legal normador de la relación privada. A su vez, la «perspectiva social» es aquella que considera a la persona como centro medular del orden constitucional-legal y garantiza el pleno respeto, tutela y promoción de todos los derechos constitucionales, buscando la realización material de las personas (bien común) desde una fundamentación igualitaria sustancial. El rol de la persona y del Estado se definen por el principio de contribución persona/Estado[ii], donde la intervención del Estado no está regida por un criterio rígido y preconstitucional (como el principio de subsidiariedad), sino bajo criterios de «necesidad de intervención», evaluado deliberativamente por el legislador democrático con sujeción estricta al contenido constitucional de los derechos. Lo anterior se sitúa en una posición ajena a la mera libertad individual y al mero estatalismo de los derechos.
Para comprender lo anterior es nuclear la STC Rol N° 976-2007-INA, que acogió la primera inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la tabla de factores de riesgo. Da cuenta de la colisión entre las dos visiones del modelo de salud chileno: la del voto mayoritario, que bosquejó la tesis del cambio del eje y la del voto minoritario[iii], que representó la mirada tradicional. Esta última afirmó que los contratos de salud son contratos dirigidos, donde los privados otorgan determinados bienes fundados en el principio de subsidiariedad del Estado, entidad que hace dejación de la provisión de tales bienes a favor de los privados. Sostiene que en una economía social de mercado el Estado deja de producir ciertos bienes para que los provean los particulares "por precio y ganancia, aunque regulada", existiendo en consecuencia: a) la no obligación del Estado de proveerlos y b) la habilitación a los privados para su otorgamiento. El voto afirma que el particular debe y tiene derecho a obtener beneficios económicos de la prestación de salud, de modo que si no se les permite aumentar los precios, nadie se interesaría por prestarlos privadamente, cuestión que resulta necesaria "para satisfacer derechos constitucionales", circunscribiéndose el deber del Estado únicamente a garantizar el "acceso" a las acciones de salud. El modelo sintético expresado por la minoría se conforma por la autonomía privada, el rol inactivo del Estado salvo en la garantía de acceso, la regulación legal del sub-sistema, la relación precio/ganancia privada del seguro.
De esta última formulación hace dejación el TC en su jurisprudencia posterior donde la STC Rol N° 1710-2010-INC visualiza un modelo de salud privado bajo una nueva orientación. Los criterios constitucionales del modelo privado no sólo van a disponer las reglas de éste y la sujeción a la Constitución y a la ley, sino que irá fijando los elementos constitutivos del propio modelo de salud chileno. El derecho a la protección de la salud ha sido objeto de revisión desde el enjuiciamiento del sub-sistema privado, enfrentándonos a un proceso de re-significación privada expansivo-sistémica. La nueva formulación de derecho obliga a replantearse la conformación del sistema de salud y cómo se instituyen, bajo estas nuevas significaciones, los dos sub-sistemas que, germinan bajo ejes diferenciados (eje público/eje privado-contractual), en un espacio jurídico de confluencia.
El Tribunal Constitucional dispone de este cambio por medio de dos procesos reflexivo-constitucionales: la fijación de los elementos basales del eje, y la determinación del contenido jurisprudencial de éste. El primero lo componen la dignidad de la persona; el efecto de irradiación de los derechos a todo el ordenamiento jurídico y la base de orden público de los contratos de salud. El segundo se conforma por el examen conjunto y tripartido del principio de igualdad, el derecho a la protección de la salud y el derecho a la seguridad social; donde la protección de la salud es incorporada al sistema de seguridad social, componiéndose éste por éste derecho y el derecho a la seguridad social, lo que reconforma a ambos derechos, visualizados desde una mera perspectiva individual-contractual. De igual manera, está prohibida toda discriminación arbitraria en el acceso y goce de las prestaciones de salud.
Así, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha reordenado la relación persona/Estado, estableciendo que las libertades (de las ISAPRE y los beneficiarios) se ejercen conjuntamente con un rol preponderante del Estado en la tutela de los derechos, considerándolo como un imperativo «preferente», enlazando la salud con el derecho a la seguridad social, erigiendo, en consecuencia, un sistema de seguridad social de doble entrada: salud y seguridad social propiamente tal; todo, bajo un fundamento igualitario, configurado desde el principio de igualdad, quedando excluida toda discriminación de acceso y goce del derecho que sea arbitraria, es decir, que no cumpla con el estándar de justificación razonable en la intromisión de diferencias normativas.
En definitiva, podemos afirmar que el modelo en perspectiva social es el paso desde un modelo regido por los principios de libertad/libertad, es decir, de primacía de la libertad individual para tomar las decisiones de acceso y mantención en el sub-sistema público o privado, y un rol del Estado, preferentemente de inhibición, y que permita el desarrollo, lo más amplio posible, de tales libertades, en particular la contractual; a un modelo de libertad/igualdad, donde la libertad de los privados no puede pugnar con los criterios igualitarios de acceso y mantención en el sistema privado, recayendo en la ISAPRE y preferentemente en el Estado, el garantizar el acceso libre e igualitario y conservar las posiciones de equivalencia entre los beneficiarios del sub-sistema (Santiago, 19 julio 2013)

[i] "El cambio del eje referenciador del derecho a la protección de la salud a partir de la jurisprudencia constitucional sobre el sub-sistema privado de salud", Revista del Centro de Estudios Constitucionales, Universidad de Talca, Revista N° 1 año 2013.
[ii] El principio de contribución constitucional y la abrogación del principio de subsidiariedad en materia de derechos fundamentales sociales, en AAVV Estudios de Derecho Público. XL Jornadas de Derecho Público, Universidad de Valparaíso (Santiago, Editorial Legal Publishing-Thomson Reuters).
[iii] Ministros, Sres. Juan Colombo Campbell, Raúl Bertelsen Repetto y Jorge Correa Sutil

Fuente:diarioconstitucional

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Rodrigo González Fernández
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Lobby luego de 10 años en el Congreso

Lobby: el proyecto que despierta tras una década en Congreso

La acusación del ministro Jaime Mañalich sobre el lobby "farmacéutico" generó que el gobierno pusiera suma urgencia al proyecto. Ahora se encuentra en la Cámara donde pasó su primera barrera y se espera que para agosto se pueda comenzar la votación final que terminará con un proyecto "símbolo" que lleva 10 años en el Congreso. (TERRA.CL)

Cámara de Diputados.Foto: Agencia Uno

Por MARCOS FUENTES TOBAR

Agosto promete ser el mes que destrabará la década que mantiene al proyecto de ley que regula el Lobby en Chile. El proyecto pasó su primera prueba en la Comisión de Constitución de la Cámara y desde la próxima semana avanzará con un "preacuerdo" entre los partidos oficialistas y Concertación en la Comisión de Hacienda.

El Lobby se conoce como las acciones dirigidas a "influir" ante la administración pública de modo de promover decisiones que favorezcan a los sectores que realicen este acto.

No obstante pese a este preacuerdo existente y que permitió al proyecto sortear su primera barrera, existe un área que ha suscitado el mayor grado de diferencias entre los parlamentarios: el registro de lobbystas.

Los partidos que conforman la Alianza consideran que esta medida no favorece en nada al proyecto, pues basta con trasparentar quienes piden las citas con los parlamentarios y los temas que se tratan.

Por su parte, desde la vereda opositora argumentan que no es suficiente el verificar a los parlamentarios que reciben estas influencias, sino que es necesario crear un registro de lobbystas que especifique con claridad quienes son las personas que se dedican al rubro.

SUBSECRETARIO ALVARADO: "ES HORA DE PASAR DEL DEBATE AL PRONUNCIAMIENTO A TRAVÉS DE LA VOTACIÓN"

Subsecretario del ministerio Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado.Foto: Agencia Uno

El subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Claudio Alvarado ha seguido junto al titular de la cartera, Cristián Larroulet, han seguido el proyecto de cerca y se sienten esperanzados que en agosto podría el fin a una epopeya que ha durado una década en el Congreso.

"El debate va bien encausado. Se está desarrollando de buena manera, tiene aportes de todos los sectores políticos. Creo que es la hora de pasar del debate al pronunciamiento a través de la votación. Después que pase de la Comisión de Hacienda, esperamos que para el mes de agosto tener un informe", enfatiza Alvarado.

En tanto frente a la polémica por el registro de lobbystas, el subsecretario explica que "puede darse que se inscriba una o dos organizaciones, por lo que es mucho más práctico y más útil dejar el registro de la audiencia de las personas que quieren ir a compartir una inquietud, una opinión respecto a políticas públicas con las autoridades respectivas".

De esta forma, a juicio de Alvarado, no se obstaculizaría la acción que quieran realizar personas individuales que no pertenecen a grupos de lobby como las ONG, sindicatos, organizaciones gremiales, entre otros.

DÍAZ (PS): "NO TUVIMOS LOS VOTOS SUFICIENTES" PARA APROBAR EL REGISTRO DE LOBBYSTAS

Diputado Marcelo Díaz (PS)Foto: Agencia Uno

El diputado Marcelo Díaz (PS), integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara estuvo presente cuando pasó por sus manos el proyecto que regula el lobby y recuerda con lamento que por falta de algunos de sus pares de la Concertación no se pudo aprobar el registro de Lobbystas.

"No tuvimos los votos suficientes, faltaron un par de diputados", confiesa.

Para el parlamentario socialista el proyecto es positivo en sí, no obstante fija sólo su control en el parlamentario que es "víctima" del lobby y no en las personas que ejercen este acto. Además atribuye larga estadía en el Congreso al freno del Gobierno.

"El Gobierno siempre ha dicho que el registro de lobbystas ha sido el obstáculo principal para que el proyecto avance", acusa.

SILVA (UDI): "EL REGISTRO DE LOBBYSTAS (…) ES UNA MANERA PARA GENERAR UN MONOPOLIO"

Diputado Ernesto Silva (UDI)Foto: Agencia Uno

El diputado Ernesto Silva (UDI) integra la Comisión de Hacienda de la Cámara, lugar donde desde el martes 30 de julio se discutirá la trabajada ley que regula el Lobby. Ante ello el diputado no ve mayores problemas para su pronta aprobación ya que considera "excelente la línea que ha tomado el proyecto del gobierno".

"Lo importante es que cualquier actividad de Lobby o de influencia se haga trasparentemente. Todos los ciudadanos, las comunidades, grupos de interés tienen derecho a expresar sus puntos de vista, pero eso se tiene que hacer de manera trasparente, ese es el punto central", puntualiza Silva.

En tanto frente a la traba del registro de lobbystas cree que es una forma para concentrar el poder del lobby en unas "pocas manos".

"Un registro es una manera que tienen los lobbystas para generar un monopolio: que sean unos pocos los que hagan el Lobby y concentren la actividad, pero eso deja fuera por ejemplo a los presidentes de la Anef, Colegio de Profesores, Colegio de Abogados, ONG's, etc.", advierte.

La conversación de este polémico proyecto se retrasó por motivos de la semana distrital parlamentaria. "El Lobby va a quedar en primer lugar de la tabla en la sesión del próximo martes, ahí lo discutiremos", comenta el diputado Carlos Recondo (UDI).

Un tema que ciertamente sigue cobrando relevancia luego del reportaje denuncia del programa "Contacto" de Canal 13. La investigación se centró en los conflictos de interés de varios parlamentarios, hecho que reabrió el debate por la transparencia en el Congreso, donde la ley de Lobby nuevamente cobra nueva vigencia.

MAÑALICH Y LOS FÁRMACOS QUE PRENDIERON EL LOBBY

Ministro de Salud, Jaime Mañalich.Foto: Agencia Uno

El pasado 17 de junio, y en el marco de la post discusión por la ley de Fármacos, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, acusó a diputados de la oposición de haber sido víctimas del Lobby de la industria farmacéutica, hecho que encendió el debate por la falta de regulación en este aspecto.

Por su parte, los parlamentarios aludidos señalaron que "acusarían" al ministro con el Presidente Piñera por sus dichos y específicamente el diputado Núñez (PPD) manifestó que el ministro mentía descaradamente.

A su vez, la vocera de gobierno, Cecilia Pérez anunció que el Ejecutivo pondría suma urgencia al proyecto para que concluya su periplo de una década en el Parlamento.

"Creemos que este proyecto, dados los últimos acontecimientos, es el que debe ser aprobado para que de cara al país, en forma transparente, cada uno de los parlamentarios siempre tengan la seguridad de poder emitir su voto sin temor a ser juzgados o mal juzgados por la opinión pública o por grupos de interés", señaló en dicha oportunidad la vocera Pérez

Fuente:terra

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Piñera visita nueva cárcel y aprovecha de pasar el atardecer junto al mar

Por la tarde de ayer el Presidente de la Nación fue a las instalaciones de la nueva cárcel y luego culminó con un acto protocolar en el muelle histórico de Antofagasta.

Por Daniella Jeria ...

196 Lecturas

24 de Julio, 2013 17:07

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La nueva cárcel de Antofagasta, próxima a inagurarse, fue visitada por el Presidente de la República Sebastián Piñera, que ayer realizó un viaje express a la capital regional en torno a la inauguración de un proyecto habitacional en el puerto de Mejillones.

El mandatario enfatizó en la importancia de este nuevo recinto, pues apunta a la búsqueda de su gobierno por mejorar en materia delictual y de centros penitenciarios. "Las cárceles que hemos construido y las que hemos ampliado y mejorado, tienen facilidades para que los reclusos puedan trabajar, se puedan educar y, además, para poder segregar a las personas privadas de libertad. Que los delincuentes más peligrosos no estén juntos con los delincuentes primerizos, porque eso mejora las capacidades de nuestro sistema de rehabilitar", aseguró la máxima autoridad.

La "incesante búsqueda de la paz y tranquilidad de todos los chilenos" es una temática que ha sido protagonista del gobierno actual y da énfasis a proyectos como esta cárcel que se ubicará en el Nudo Uribe.

Este recinto de 37 mil mts2, tiene una capacidad para 1.160 reclusos, y tuvo una inversión de 55 mil millones de pesos. La infraestructura cuenta con módulos y espacios de circulación independientes, zonas de alta y media complejidad y sistemas de registro y tecnovigilancia, además de una unidad de salud, talleres, central de alimentación y capilla.

De todas formas las problemáticas en torno a este nuevo recinto penitenciario, como la situación de gendarmesy familiares en torno a la lejanía del lugar, no fueron tratadas en la visita de Sebastián Piñera.

Restauración histórica

Luego de una tarde en el desierto, la autoridad nacional bajó a la costa a un acto en torno a la remodelación del Muelle histórico Melbourne & Clark, que fue construido en la época del salitre.

El bello atardecer fue la postal para que autoridades regionales posaran junto al mandatario y valoraran las acciones del gobierno en relación a los trabajos de restauración del patrimonio local.

La recuperación de este muelle se enmarca en el programa Legado Bicentenario, a través del cual el Gobierno busca rescatar 100 espacios públicos con historia, gran valor simbólico y conectados a la identidad nacional con una inversión total que supera los US$ 800 millones, nada mal si consideramos que el muelle presentaba u serió daño estructural.

Desde el año 2010 el popular muelle de los piqueros de Antofagasta fue expropiado y pasó a manos del Serviu, con el objetivo claro de realizar la restauración.

El proyecto implica dejar sus 2.036 mts2 de superficie como paseo público, con incorporación de mobiliario urbano acorde con su línea arquitectónica, con una inversión superior a los 5.600 millones de pesos.

Es de esperar que las obras terminen en sus plazos y la comunidad local pueda disfrutar de un nuevo espacio de distención, que hoy por hoy pocos son de calidad en la ciudad.

Senado dará facultades a Comisión de Etica para regular conflictos de interés

Canal 13 reveló en el programa "Contacto" que 78 legisladores no declaran sociedades comerciales. Semanas atrás, el grupo de transparencia compuesto por diputados y senadores, propuso un plan de reformas.

por La Tercera - 24/07/2013 - 07:37

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Reportaje televisivo revela conflictos de interés de parlamentarios

La próxima semana los presidentes del Senado, Jorge Pizarro, y de la Cámara, Edmundo Eluchans, se reunirán con las comisiones de ética de ambas ramas del Congreso, para poner en marcha un conjunto de medidas en materia de transparencia y probidad.

Semanas atrás el grupo de transparencia, compuesto por diputados y senadores, propuso un plan de reformas y cambios reglamentarios.

Una de las propuestas apunta a dar más atribuciones a las comisiones de ética para regular eventuales conflictos de interés. De hecho, la Cámara, en el último código de conductas, acordó entregar a esta instancia facultades para multar a diputados que no se inhabiliten en casos donde esté en juego su interés particular. La idea es que el Senado pueda emular ese mecanismo. "Queremos generar una norma para prevenir los conflictos de interés… que las comisiones de ética definan cuándo se genera un conflicto. No es fácil hacer eso. Hay un tema de interpretación. Hoy depende del parlamentario decidir si se inhabilita", dijo el presidente del Senado, Jorge Pizarro.

El senador UDI, Hernán Larraín, quien preside la comisión, dijo que el objetivo es "dar pautas más claras a los senadores".

En tanto, el programa Contacto de Canal 13 afirmó que los diputados UDI, Ramón Barros, Jorge Ulloa e Ignacio Urrutia; la PS, Clemira Pacheco y el senador DC, Hosaín Sabag, defendieron posturas en asuntos legislativos que beneficiaban empresas propias o de familiares. Los aludidos negaron haber actuado por interés particular. El reportaje reveló, además, que 78 parlamentarios omiten datos en sus declaraciones de intereses y patrimonio y que 164 sociedades comerciales no son declaradas. La ley obliga a los legisladores detallar sus antecedentes, pero no sanciona a quienes omiten información.

Fuente:

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