UNICEF
Los Derechos de los Niños en Chile
Chile firmó y suscribió la Convención de los Derechos del Niño junto a otros 57 países el 26 de enero de 1990. El 10 de julio de ese año fue aprobada unánimamente por ambas ramas del Congreso y ratificada ante Naciones Unidas el 13 de agosto. El día 14 de agosto de 1990 fue promulgada como ley mediante el Decreto Supremo 830 del Ministerio Relaciones Exteriores de Chile, el cual fue publicado en el Diario Oficial del 27 de septiembre de 1990, fecha en que la Convención entró en vigencia en Chile.
Situación de los Niños y Niñas en Chile: A 15 años de la Ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño
A 15 años de la promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), UNICEF analizó la evolución de la situación de la infancia en el país entre 1990 y 2005, abordando los derechos de los Niños con relación a: Condiciones de vida dignas, la Educación, a Vivir en Familia y a la Protección legal y judicial. Algunas de las principales conclusiones de este análisis, que está contenido en el documento de trabajo Situación de los Niños y Niñas en Chile: A 15 de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño (1990-2005) , son:
Derecho a condiciones de vida digna, desarrollo personal e igualdad de oportunidades
Aunque desde 1990, con el retorno a la democracia, la pobreza total en Chile ha disminuido a la mitad, nuestra infancia sigue siendo la más afectada por ella, ya que en los hogares de menores ingresos existen proporcionalmente más niños, niñas y adolescentes. Cifras de 2003 dan cuenta que los niños y adolescentes son afectados un 43% más por la pobreza y un 55% más por la indigencia que el resto de la población chilena.
Copyright foto: UNICEF/Chile/ 2006/Mario Ruiz
UNICEF y el Ministerio de Planificación, MIDEPLAN, con el objeto de tener una visión integrada de las condiciones básicas para el desarrollo de la infancia y la adolescencia a nivel territorial, desarrollaron en 2002 el Índice de Infancia , que combina en un solo indicador –a nivel comunal- las dimensiones de salud, educación, ingresos familiares y condiciones de habitabilidad de las viviendas. Según los resultados de su primera aplicación (entre 1996 y 2000), alrededor de un 14% de los menores de 18 años (aproximadamente 750.000) vive en comunas que, en promedio, no satisfacen las condiciones básicas para el desarrollo de los niños y adolescentes.
Vivienda y equipamiento doméstico : Aunque hoy más niños/as chilenos habitan viviendas con estándares básicos de seguridad, salubridad y espacio, y mejor equipadas que a comienzos de los '90, todavía 1 de cada 5 chilenos vive en hogares sin acceso a alguno de los servicios básicos y 1 de cada 4 vive en condiciones de relativo hacinamiento.
Salud : Entretanto, mientras en 1990 el gasto público en Salud representaba un 14,9% del Gasto Social, en 2002 éste se elevó al 20,6%, lo que se ve reflejado en un mejoramiento de los indicadores tradicionales de salud infantil. El aumento de la población infantil con sobrepeso y la carencia de una educación sexual adecuada son algunos problemas que han ido evolucionando en el período 1990 - 2005. Sin embargo, la promulgación de la Ley 19.966, conocida como Plan Auge, trajo buenas noticias a los niños, niñas y adolescentes del país, ya que garantiza el acceso a una atención de calidad a un conjunto de patologías que los afecta y al tratamiento gratuito del VIH/SIDA.
Derecho a la Educación: escolaridad, mejoramiento de aprendizajes y no discriminación
Los gobiernos democráticos han dado prioridad al mejoramiento de la educación chilena en los últimos 15 años, mediante la implementación de una ambiciosa Reforma Educacional que busca aumentar las oportunidades educativas de los niños, niñas y adolescentes, el mejoramiento de los aprendizajes y la conformación de un sistema escolar más inclusivo y no discriminatorio. La Reforma Constitucional que garantiza a todos los niños 12 años de escolaridad también es una medida que apunta a esos logros.
Copyright: UNICEF/Chile/2005/Anthony Asael
Aumento de oportunidades educativas : Algunas cifras dan cuenta que la gran transformación en educación ha tenido que ver con el aumento de las oportunidades educativas. Mientras en 1990 el 41,1% de los niños y niñas de 4 y 5 años asistían a la educación preescolar, en 2003 ese porcentaje se elevó a 64,7%; entre 1992 y 2002 se redujo a la mitad la población de 15 a 29 años que no completó la educación básica, y mientras en 1990 el 19,7% de la población entre 14 y 17 años no asistía a la educación media, en 2003 esta cifra se redujo a 7,4%.
Mejoramiento de aprendizajes : Aunque desde 1990 se han llevado a cabo iniciativas para mejorar la calidad de los aprendizajes de los alumnos, fortaleciendo primero las capacidades y el rol de los profesores, democratizando el acceso a más y mejores recursos de aprendizaje e implementando un nuevo currículo adecuado a los desafíos de la sociedad contemporánea, aún los resultados son bajos. Aunque éstos se explican por múltiples causas en los niños, niñas y adolescentes de sectores pobres, la baja calidad educativa es una característica más general del sistema escolar chileno.
Inclusión y no discriminación : La segmentación del sistema escolar, la exclusión de las alumnas por razones de maternidad y la segregación de los alumnos con necesidades educativas especiales son factores que han atentado contra un sistema escolar no discriminatorio. La segmentación –que se da principalmente por los cobros a las familias y por la selección y expulsión de alumnos- implica que la diversidad al interior de las escuelas y liceos es en general baja, y, aunque a partir de 2000 se comenzó a asumir este problema mediante una serie de nuevas normas, aún son insuficientes para contar con un sistema escolar integrado y respetuoso de los derechos de los estudiantes y sus familias. En cuanto a las madres adolescentes, en el año 2000 se dictó una ley que prohíbe la discriminación de las estudiantes embarazadas en los colegios y a partir de 1990 el sistema educacional amplió sustancialmente la oferta para los niños y niñas con necesidades educativas especiales, tanto en escuelas especiales y centros de capacitación laboral como en los establecimientos de educación regular con proyectos de integración. Sin embargo, una proporción importante de estos niños y niñas continúa estudiando en escuelas segregadas del resto de los alumnos y existe un importante número de niños, niñas y adolescentes con discapacidades severas que no tienen acceso al sistema escolar. Además, el trabajo infantil continúa socavando el derecho a la educación de muchos niños y adolescentes chilenos.
Derecho de los Niños y Niñas a la Convivencia Familiar
Este derecho supone que la familia representa un entorno positivo para el desarrollo de los niños y niñas; por eso la Convención sobre los Derechos del Niño establece para los padres un conjunto de responsabilidades para proteger el desarrollo de sus hijos y obliga al estado a tomar medidas para apoyar a los padres en su tarea de orientación, promoción del desarrollo y cuidado de los niños y niñas. La familia chilena ha experimentado cambios en los últimos 15 años: aumentó el número de hogares en un 26% entre 1992 y 2002, en el mismo período disminuyeron los matrimonios (de un 67% a 58%) y aumentaron las convivencias (de un 6% a 10%). Hoy, la mitad de los niños nacen fuera de una relación matrimonial.
Copyright: UNICEF/Chile/2005/Anthony Asael
El debate sobre la familia como foco de las políticas públicas en general, llevó a fines de los '90 a elaborar la Política Nacional a favor de la Infancia y Adolescencia , que concibe a los niños, niñas y adolescentes como portadores de derechos y como un grupo estratégico para el desarrollo del país. Experiencias como las Oficinas de Protección de Derechos (OPD) , que operan desde 2001 en los municipios, representan una nueva forma de enfrentar, desde la comunidad local, la protección de los derechos de la infancia y la convivencia familiar. En el ámbito de la superación de la pobreza, la iniciativa Chile Solidario es un buen ejemplo de política pública centrada en la familia.
Hay varios hechos que marcan el camino hacia un mayor fortalecimiento de la familia: a) existen más niños que conviven con sus familias y menos que permanecen internados en instituciones; b) se promulgó la Ley que reformó el Código Civil poniendo término a la intolerable distinción entre hijos legítimos e ilegítimos ; y c) se aprobó la ley que sanciona la Violencia Intrafamiliar que, aunque no cambia por sí misma la dolorosa realidad del maltrato infantil que afecta a un importante número de familias chilenas, entrega una señal inequívoca de que el Estado no permanece neutral frente a las agresiones y abusos.
Derecho de los Niños y Niñas a la protección Legal y Judicial
El sistema judicial chileno relativo a niños, niñas y adolescentes entró en vigencia durante la primera mitad del siglo XX, fundamentalmente a través de los Juzgados de Menores. Este sistema no diferenciaba entre niños víctimas, excluidos e infractores a la ley penal. Por esta razón, a mediados de los '90 se identificaron dos áreas prioritarias a ser reformadas: la justicia de familia y la justicia penal. Hoy, estos dos aspectos relacionados a la protección legal y judicial de los Niños, Niñas y Adolescentes cuentan con reformas aprobadas por los legisladores.
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En octubre de 2005 entró en vigencia el nuevo sistema integrado de Justicia de Familia e Infancia , lo cual constituye una gran transformación en la justicia chilena, con procedimientos más eficaces, mayor cobertura y número de jueces especializados y profesionales que velarán por la protección jurisdiccional de los derechos de la infancia.
Pese a que a fines de octubre de 2005, después de más de diez años de debates sobre el tema, se aprobó la nueva Ley de Responsabilidad Penal de los Adolescentes , su puesta en marcha fue postergada para junio de 2007 debido a que no se contaba con la infraestructura necesaria para este gran cambio, y se requería capacitación de los recursos humanos y afinar la interpretación de las diferentes normas, además de otras consideraciones. Sin embargo, esta nueva ley, ya aprobada por el Parlamento, viene a terminar con el anacrónico sistema de discernimiento que permite juzgar y sancionar como adultos a los adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 (límites de edad que datan de 1953) que sean imputados por cometer delitos. La nueva normativa penal amplía el rango etáreo de los adolescentes (14 a 18 años) sujetos a esta ley que son inculpados de cometer un delito, sin embargo, los protege en su particular condición de personas en desarrollo y contempla una serie de garantías, sanciones y procedimientos que promueven su integración constructiva en la sociedad.
El Diario 
