ejecutivo envió proyecto sobre lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho
OCDE exige definir responsabilidad legal de las empresas en algunos delitos
P.Gallardo/S.Celedón df
Contra el tiempo corre Chile para cumplir con los requisitos tributarios para ser invitado en diciembre a ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Ello, porque nuestro país no sólo debe introducir modificaciones a la actual norma sobre secreto bancario, sino que además debe definir durante este año la responsabilidad legal de las empresas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho.
De ahí, que a fines del mes pasado los ministerios de Hacienda, Justicia, Relaciones Exteriores e Interior ingresaron un proyecto de ley que establece dicha responsabilidad. La iniciativa que cuenta con 24 páginas- aborda los fundamentos de ésta, así como también una serie de aspectos relacionados con transacciones comerciales internacionales, entre otros temas, pero además es clara en advertir que en 2007 Chile recibió una invitación formal para ingresar como miembro pleno a la OCDE, pero que ello "sólo se materializará una vez que Chile cumpla con las diversas normas impuestas" por la organización.
Y tan categórico como es el planteamiento del proyecto del gobierno es la postura de Karen Poniachik, representante de Chile ante la OCDE, quien asegura que el término del secreto bancario como la responsabilidad de las empresas "son dos son temas obligatorios que van a determinar nuestro ingreso a la OCDE y no habrá invitación si no hay normas aprobadas al respecto".
Además, la ex ministra de Minería señala que el marco de referencia que utilizó el Ejecutivo para elaborar la iniciativa legal es el estándar italiano, de ahí que "las autoridades de dicho país están prestando colaboración a Chile". De hecho, el lunes llegó a Santiago una delegación de expertos italianos encabezados por el magistrado Fabrizzio Gandini y el Fiscal de la Corte de Milán, Eugenio Fusco, para conversar con gremios empresariales, parlamentarios, abogados y académicos sobre el alcance de la reforma en curso. Junto a ellos, está de visita en Chile el director jurídico de la OCDE, Nicola Bonucci, y Gwenaelle Le Coustumer, experta legal de la División Anti Corrupción de la OCDE.
Los puntos de preocupación
Fuentes de gobierno comentan que la tramitación del proyecto que definirá la responsabilidad legal de las empresas ha generado preocupación en el sector privado, donde temen que el concepto sea demasiado amplio y considere materias como la colusión.
Es por ello que la agenda de los expertos italianos será apretada, ya que figuran encuentros con la Comisión de Constitución Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados y la Confederación de la Producción y el Comercio.
Los puntos de la propuesta del gobierno
- El proyecto apunta a establecer una normativa que permita responsabilizar a las personas jurídicas por los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho. De acuerdo al texto legal esto "servirá como un verdadero aliciente para que éstas (las empresas) adopten medidas de autorregulación, logrando de esta forma armonizar los principios de libertad empresarial y económica, con el de responsabilidad en la preservación de los valores sociales y del orden público".
- La iniciativa aclara que la idea no es "instituir un sistema general de sanciones, sino que sólo contempla aquellos delitos que a nivel internacional son considerados especialmente dañosos".
- La propuesta del gobierno establece en detalle todos los tipos de delitos, las sanciones aplicables a estos y los procedimientos procesales.
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Rodrigo González Fernández
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