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Los agricultores de cítricos anunciaron una huelga para los días 14 y 15 de diciembre, en demanda de unos precios para sus cosechas que les permita, al menos, cubrir los costes de producción y no seguir trabajando a pérdidas, como llevan años haciendo. Como explicaron entonces los sindicatos agrarios, de cada euro que pagamos los consumidores al comprar naranjas, mandarinas o limones, el distribuidor recibe 60 céntimos, el mayorista 30 céntimos y el agricultor solo 10 céntimos. Un reparto, a todas luces injusto para éste último, que es el único que no se beneficia de las subidas de los precios. De hecho, continuar con su actividad le cuesta dinero. Sólo en las tres últimas campañas, las pérdidas de estos agricultores han ascendido a 280 millones de euros. Finalmente, la huelga fue desconvocada tras el anuncio de los distribuidores de la Comunidad Valenciana de garantizar a los agricultores 40 céntimos por Kg de naranjas y 55 céntimos por Kg de mandarinas, a puerta de almacén. Se trataba de precios mínimos, con los que el agricultor podría cubrir sus costes, pero con los que no obtenía beneficios, por lo que ese acuerdo puntual no era suficiente para sostener el sector, sino solo para alargar su agonía. Aunque, al menos, era algo.
Sin embargo, ni siquiera ese acuerdo se está cumpliendo, razón por la que los agricultores pasaron a la acción el 28 de diciembre, quemando naranjas a la puerta de una distribuidora comercial en Castelló de la Ribera. Ese humo era el grito desesperado de quienes buscan concienciarnos a todos sobre la necesidad de alcanzar un pacto social para salvar la agricultura valenciana.
La falta de rentabilidad no es exclusiva del sector citrícola, sino que afecta a todos los cultivos y tiene su origen en la escasa capacidad negociadora del agricultor frente a los grandes oligopolios comerciales. Mientras el 50% de las explotaciones agrarias valencianas tienen menos de 1 hectárea, el 63% de la distribución agroalimentaria en España está controlada por 8 grandes grupos, 5 de los cuáles distribuyen el 40% de la producción valenciana a nivel europeo. Por ello, los sindicatos agrarios reclaman un acuerdo estable entre productores, distribuidores y consumidores, auspiciado desde las administraciones, para disminuir la presión a la baja que los grandes distribuidores comerciales aplican sobre los precios en origen, pero sin repercutir el incremento de retribuciones del agricultor en el precio final de los productos.
Sólo ese gran pacto social puede ofrecer una salida real a la crisis de la agricultura valenciana. Un pacto surgido del reconocimiento de la importancia de la agricultura en el mantenimiento de un desarrollo equilibrado de nuestra Comunidad. El papel de la agricultura va más allá de la mera producción, genera beneficios ecológicos y paisajísticos que el mercado no valora, fija población al territorio y permite el desarrollo local. Su carácter multifuncional la hace imprescindible para el bienestar general de la población y exige una intervención pública que no estaría justificada en otros sectores productivos. Hay quien opina que el retroceso de la agricultura es un proceso natural que se produce en las sociedades avanzadas y que solo las agriculturas con rendimientos netos positivos deben sobrevivir, en aras de la eficiencia económica. Sin embargo, estas teorías no contemplan las caóticas consecuencias sociales, económicas y medioambientales del despoblamiento de las zonas rurales.
Salvar la agricultura valenciana no es una cuestión de solidaridad, sino de necesidad, que no se puede dejar solo en manos de los agricultores. Ellos están acostumbrados a sufrir los problemas con resignación y a no decaer cuando algún fenómeno meteorológico adverso les impide recoger los frutos de su trabajo. Y con la misma actitud sufren, sin demasiadas protestas, la merma de sus rentas. Solo así se explica que una crisis que afecta a la práctica totalidad de los 221.000 titulares de explotaciones agrarias de la Comunidad Valenciana, y por tanto a alrededor de un millón de valencianos, esté pasando casi desapercibida.
Pero, aunque la prudencia de los afectados pueda explicar la falta de sensibilidad social hacia el constante retroceso de nuestra agricultura, la pasividad del Gobierno Valenciano resulta injustificable. Los sindicatos agrarios llevan años solicitando al Conseller Cotino su implicación para auspiciar un acuerdo sobre precios, pero no fué hasta que se convocó una huelga próxima a las elecciones autonómicas cuando éste ha reaccionado. Y solo lo justo para que se desconvocara, sin querer avanzar hacia un acuerdo general más estable y sin asegurarse de su cumplimiento. Tampoco se ha trabajado desde la Consellería en ejecutar la ley sobre concentración parcelaria, que generaría explotaciones más rentables, ni en apoyar a las cooperativas. Ni en fomentar la incorporación de los jóvenes a la agricultura, frenando el importante envejecimiento de la población agraria. De hecho, la Generalitat se ha convertido en un problema añadido para los agricultores. Incluso se intenta compensar la falta de liquidez de la hacienda valenciana retrasando la entrega a los agricultores de las subvenciones otorgadas por el Estado. Tanto las ayudas por la sequía como por las heladas se han transferido con meses de retraso.
El Gobierno Valenciano de Camps carece de una estrategia de política agraria, pero sí tiene claro cuál quiere que sea el futuro de la agricultura valenciana. Lo puso blanco sobre negro en uno de sus proyectos de ley. Los naranjos pertenecen al pasado y deben ser sustituidos por campos de golf. Para el resto de cultivos, siempre habrá un PAI. Un negro futuro que, no obstante, está en nuestras manos cambiar.
*Secretario de Medio Ambiente, Agua y Agricultura del PSPV.
Sin embargo, ni siquiera ese acuerdo se está cumpliendo, razón por la que los agricultores pasaron a la acción el 28 de diciembre, quemando naranjas a la puerta de una distribuidora comercial en Castelló de la Ribera. Ese humo era el grito desesperado de quienes buscan concienciarnos a todos sobre la necesidad de alcanzar un pacto social para salvar la agricultura valenciana.
La falta de rentabilidad no es exclusiva del sector citrícola, sino que afecta a todos los cultivos y tiene su origen en la escasa capacidad negociadora del agricultor frente a los grandes oligopolios comerciales. Mientras el 50% de las explotaciones agrarias valencianas tienen menos de 1 hectárea, el 63% de la distribución agroalimentaria en España está controlada por 8 grandes grupos, 5 de los cuáles distribuyen el 40% de la producción valenciana a nivel europeo. Por ello, los sindicatos agrarios reclaman un acuerdo estable entre productores, distribuidores y consumidores, auspiciado desde las administraciones, para disminuir la presión a la baja que los grandes distribuidores comerciales aplican sobre los precios en origen, pero sin repercutir el incremento de retribuciones del agricultor en el precio final de los productos.
Sólo ese gran pacto social puede ofrecer una salida real a la crisis de la agricultura valenciana. Un pacto surgido del reconocimiento de la importancia de la agricultura en el mantenimiento de un desarrollo equilibrado de nuestra Comunidad. El papel de la agricultura va más allá de la mera producción, genera beneficios ecológicos y paisajísticos que el mercado no valora, fija población al territorio y permite el desarrollo local. Su carácter multifuncional la hace imprescindible para el bienestar general de la población y exige una intervención pública que no estaría justificada en otros sectores productivos. Hay quien opina que el retroceso de la agricultura es un proceso natural que se produce en las sociedades avanzadas y que solo las agriculturas con rendimientos netos positivos deben sobrevivir, en aras de la eficiencia económica. Sin embargo, estas teorías no contemplan las caóticas consecuencias sociales, económicas y medioambientales del despoblamiento de las zonas rurales.
Salvar la agricultura valenciana no es una cuestión de solidaridad, sino de necesidad, que no se puede dejar solo en manos de los agricultores. Ellos están acostumbrados a sufrir los problemas con resignación y a no decaer cuando algún fenómeno meteorológico adverso les impide recoger los frutos de su trabajo. Y con la misma actitud sufren, sin demasiadas protestas, la merma de sus rentas. Solo así se explica que una crisis que afecta a la práctica totalidad de los 221.000 titulares de explotaciones agrarias de la Comunidad Valenciana, y por tanto a alrededor de un millón de valencianos, esté pasando casi desapercibida.
Pero, aunque la prudencia de los afectados pueda explicar la falta de sensibilidad social hacia el constante retroceso de nuestra agricultura, la pasividad del Gobierno Valenciano resulta injustificable. Los sindicatos agrarios llevan años solicitando al Conseller Cotino su implicación para auspiciar un acuerdo sobre precios, pero no fué hasta que se convocó una huelga próxima a las elecciones autonómicas cuando éste ha reaccionado. Y solo lo justo para que se desconvocara, sin querer avanzar hacia un acuerdo general más estable y sin asegurarse de su cumplimiento. Tampoco se ha trabajado desde la Consellería en ejecutar la ley sobre concentración parcelaria, que generaría explotaciones más rentables, ni en apoyar a las cooperativas. Ni en fomentar la incorporación de los jóvenes a la agricultura, frenando el importante envejecimiento de la población agraria. De hecho, la Generalitat se ha convertido en un problema añadido para los agricultores. Incluso se intenta compensar la falta de liquidez de la hacienda valenciana retrasando la entrega a los agricultores de las subvenciones otorgadas por el Estado. Tanto las ayudas por la sequía como por las heladas se han transferido con meses de retraso.
El Gobierno Valenciano de Camps carece de una estrategia de política agraria, pero sí tiene claro cuál quiere que sea el futuro de la agricultura valenciana. Lo puso blanco sobre negro en uno de sus proyectos de ley. Los naranjos pertenecen al pasado y deben ser sustituidos por campos de golf. Para el resto de cultivos, siempre habrá un PAI. Un negro futuro que, no obstante, está en nuestras manos cambiar.
*Secretario de Medio Ambiente, Agua y Agricultura del PSPV.
Saludos cordiales
RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
CONSULTAJURIDICACHILE.BLOGSPOT.COM
Renato Sánchez 3586 dep 10
Santiago, Chile
RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
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Renato Sánchez 3586 dep 10
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