Caso exonerados: gobierno estima en US$ 180 millones posible daño fiscal
Presidente Sebastián Piñera y ex mandatarios Ricardo Lagos y Michelle Bachelet pidieron investigar irregularidades. Gobierno nombrará un abogado para estudiar las eventuales irregularidades.
por S. Labrín y J.M. Wilson - 31/05/2013 - 03:50
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, en La Moneda. foto: CHRISTIAN IGLESIASEn un alto de su gira por Norteamérica, el Presidente Sebastián Piñera anunció que nombrará un abogado para tratar de impulsar una investigación judicial a raíz de las irregularidades detectadas por Contraloría en pensiones a exonerados.
"Eso significa un grave daño al patrimonio público... Este gobierno le ha pedido al CDE, y además va a designar un abogado propio, para lograr la más pronta regularización de esta situación", dijo Piñera, quien agregó que "los que tengan responsabilidades, que pueden ser gobiernos anteriores e incluso parlamentarios, tendrán que dar explicaciones".
En el oficialismo dicen que los abogados Luis Hermosilla o Juan Domingo Acosta suenan como probables para asumir la nueva misión.
Aunque en el gobierno temen que las responsabilidades penales -debido a los años transcurridos- podrían estar prescritas, el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla reforzó la nueva arremetida. "Estamos ante uno de los mayores fraudes, del punto de vista de las personas que involucra, y monto de plata involucrada", dijo Ubilla a La Tercera, quien aventuró que el daño fiscal, en una estimación prudente, podría ascender a los 90 mil millones de pesos (US$ 180 millones), sumando las cifras que explicitó la Contraloría y los casos detectados por el gobierno al revisar expedientes.
El año pasado el Ministerio del Interior, en coordinación con la Subsecretaría de Previsión Social, llegaron a una estimación de 61 mil millones de pesos (US$ 122 millones) de perjuicio patrimonial por pagos desde 2005. Esto basado en 4.922 casos de probables "falsos exonerados", que aún reciben una pensión vitalicia.
En su informe, la Contraloría -que examinó sólo nueve mil expedientes entre un total de 74 mil- alertó que al menos tres mil casos no cumplían los requisitos para ser calificados como exonerados. Entre ellos, se objetaba a 1.187 ex empleados de partidos, es decir, ex trabajadores remunerados que habrían tenido las colectividades antes de 1973. Pero el órgano contralor no cuantificó el perjuicio fiscal en esas situaciones detectadas.
Donde sí la Contraloría explicitó cifras fue en otro hecho referido a personas, que podrían ajustarse al perfil de exonerados, pero que no ameritaban recibir pensiones vitalicias por razones de vejez, antigüedad, invalidez o sobrevivencia. Así la entidad fiscalizadora puso reparos en "pagos indebidos" a 5.917 exonerados -que a juicio de la auditoría- habían generado un daño fiscal del orden de los $ 29 mil millones (US$ 58 millones). Esta última lista de casos ni siquiera había sido reparada por Interior.
Ubilla dijo tener certezas de que "los 60 millones de dólares que habla la Contraloría reflejan una parte minoritaria del daño patrimonial al Fisco".
En tanto, los ex presidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet respaldaron el inicio de una investigación judicial para determinar responsabilidades.
Saludos
Rodrigo González Fernández
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