| Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens |
Se requiere un cierto chutzpah [descaro] –o por lo menos un épico autoengaño– para que el primer ministro de Israel sermonee al mundo árabe sobre liberalismo y democracia en este momento.
En las últimas semanas, una ola de medidas antidemocráticas ha obtenido el apoyo del gobierno derechista de Netanyahu, justificadas por una nueva doctrina de seguridad: No ver el Mal, no escuchar el Mal y no decir el Mal sobre Israel. Si se aprueban las propuestas legislativas, los tribunales israelíes, los grupos de derechos humanos de Israel y los medios, y la comunidad internacional, se transformarán en los proverbiales tres monos.
La vigilante comunidad de derechos humanos de Israel ha sido el principal objetivo de este ataque. Ayer la facción Likud de Netanyahu y el partido Yisrael Beiteinu de su ministro de extrema derecha, Avigdor Lieberman, propusieron una nueva ley que destruiría gran parte de la comunidad de derechos humanos en Israel.
La ley divide efectivamente las organizaciones no gubernamentales (ONG) en dos tipos: las que define la derecha como pro-Israel y las que se ven como "políticas" o anti-Israel. Las favorecidas, como los servicios de ambulancia y las universidades, seguirán siendo financiadas generosamente por fuentes extranjeras. Sobre todo por acaudalados donantes privados judíos de EE.UU. y Europa.
A las "políticas" –es decir, las que critican las políticas del gobierno, en especial respecto a la ocupación– se les prohibirá recibir fondos de gobiernos extranjeros, su principal fuente de ingresos. Las donaciones de fuentes privadas, sean israelíes o extranjeras, estarán sujetas a un agobiante impuesto de 45%.
Los motivos para definirlas como ONG "políticas" son adecuadamente vagos: negar el derecho de Israel a existir o su carácter judío y democrático; incitar al racismo; apoyar la violencia contra Israel; apoyar a políticos o soldados enjuiciados en tribunales internacionales; o respaldar boicoteos al Estado.
Un grupo de derechos humanos advirtió de que todos los grupos que contribuyeron al informe del juez Richard Goldstone a la ONU en 2009, sobre los crímenes de guerra cometidos por Israel durante el ataque de 2008 a Gaza, serían vulnerables a una ley semejante. Otras organizaciones como Rompiendo el Silencio, que publica los testimonios de soldados israelíes que han cometido o presenciado crímenes de guerra, también serán silenciadas. Y una ONG árabe israelí dijo que teme que su trabajo demandando igualdad para todos los ciudadanos israelíes, incluyendo la quinta parte que es palestina, y el fin del privilegio judío, se considerarán negacionistas del carácter judío de Israel.
Al mismo tiempo Netanyahu quiere emascular a los medios israelíes. La semana pasada su gobierno apoyó una nueva ley de difamación que dejará a pocos, fuera de los millonarios, en condiciones de criticar a políticos y funcionarios. El señor Netanyahu señaló: "Puede llamarse Ley de Difamación, pero yo la llamo 'ley de publicación de la verdad'". Los medios y los grupos de derechos humanos temen lo peor.
Este mono no ve el mal
Otra ley, apoyada por el ministro de justicia Yaacov Neeman, tiene el propósito de favorecer la composición de un panel que selecciones a los jueces del Tribunal Supremo de Israel. Varios puestos judiciales van a quedar vacantes y el gobierno espera poder completar el Tribunal con personas que compartan su visión ideológica del mundo y que no abroguen su legislación antidemocrática, incluido su último ataque a la comunidad de derechos humanos. El candidato favorecido por Neeman es un colono que tiene un historial de decisiones contra las organizaciones de derechos humanos.
Legisladores importantes del partido del señor Netanyahu presionan a favor de otra ley que haría prácticamente imposible que las organizaciones de derechos reclamen al Tribunal Supremo por acciones gubernamentales.
El mono judicial no ve el mal
En otro ámbito, éstas y una serie de otras medidas –incluida la creciente intimidación gubernamental de los medios y los académicos israelíes, la represión contra denunciantes y la recientemente aprobada ley del boicot, que expone a los críticos de los asentamientos a costosas acciones judiciales por daños– tienen el propósito de fortalecer la ocupación al desarmar a sus críticos dentro de Israel.
Pero existe otro objetivo aún más cotizado: asegurar que en el futuro las numerosas historias de horror de los territorios palestinos –monitoreadas por organizaciones de derechos humanos, informadas por los medios y oídas en los tribunales– nunca lleguen a oídos de la comunidad internacional.
Se supone que el tercer mono no oye el mal
Las medidas de fuerza se justifican desde el punto de vista de la derecha israelí porque esa crítica de la ocupación no representa preocupaciones internas sino una interferencia extranjera inoportuna en los asuntos de Israel. La promoción de los derechos humanos –sea en Israel, los territorios ocupados o en el mundo árabe– es considerada por Netanyahu y sus aliados como inherentemente antiisraelí y no israelí.
Es difícil tolerar la hipocresía. Israel ha reivindicado desde hace tiempo una dispensa especial para interferir en los asuntos tanto de la UE como de EE.UU. El personal de la Agencia Judía hace proselitismo entre los judíos europeos y estadounidenses para convencerlos de que emigren a Israel. Excepcionalmente, las agencias de seguridad de Israel obtienen libertad total en aeropuertos en todo el mundo para acosar e invadir la privacidad de los no judíos que viajan a Tel Aviv. Y los testaferros políticos de Israel en el extranjero –sofisticados grupos de cabildeo como AIPAC en EE.UU.– actúan como agentes extranjeros sin estar registrados como tales.
Por cierto, las quejas de Israel sobre la injerencia extranjera son selectivas. No se planifican restricciones para los judíos derechistas en el exterior, como el magnate de los casinos estadounidense Irving Moskowitz, que han enviado enormes sumas para fortalecer los asentamientos judíos ilegales construidos en tierra palestina.
El argumento de Israel también se basa en una lógica defectuosa. Como señalan los activistas por los derechos humanos, las áreas en las que realizan la mayor parte de su trabajo no se encuentrna en Israel, sino en los territorios palestinos, que Israel ocupa en violación del derecho internacional.
En privado, embajadas europeas han tratado de subrayar ese punto. La UE otorga a Israel el estatus comercial preferencial, que representa miles de millones de dólares al año para la economía israelí, con la condición de que respete los derechos humanos en los territorios ocupados. Europa argumenta que, por lo tanto, tiene derecho a financiar el monitoreo del tratamiento de los palestinos por parte de Israel. Tanto más lamentable es que Europa no actúe basándose en la información que recibe.
En vista del fortalecimiento de la influencia de la derecha, se puede esperar que imagine modos cada vez más creativos para silenciar a la comunidad de derechos humanos y a los medios israelíes y emascular a los tribunales, como un medio para acabar con las informaciones negativas en la prensa.
Los israelíes están obsesionados por la imagen de su país en el extranjero y ven las críticas como una campaña de "desligitimización" que amenaza no solo la continuación de la ocupación sino también la supervivencia a largo plazo de Israel como Estado étnico. La dirigencia se ha indignado ante sondeos regulares de la opinión global que muestran a Israel entre los países más impopulares del mundo.
La reciente decisión de los palestinos de volverse hacia la comunidad internacional para solicitar el reconocimiento de su Estado solo ha ampliado esos agravios.
Israel no tiene la menor intención de alterar sus políticas o de buscar la paz. Más bien, el gobierno de Netanyahu ha estado oscilando entre un deseo desesperado de aprobar aún más legislación antidemocrática para suprimir las críticas y un cierto grado de comedimiento motivado por el temor a la reacción internacional.
Un debate del gabinete el mes pasado sobre la legislación contra los grupos de derechos humanos no se concentró apenas en los méritos de la propuesta. En su lugar, el jefe del Consejo Nacional de Seguridad, Yaakov Amidror, fue convocado ante los ministros para explicar si Israel podría perder más con la aprobación de semejantes leyes, o por permitir que grupos de derechos humanos continúen monitoreando la ocupación.
Por ilusorio que parezca, el objetivo de Netanyahu en última instancia es retrasar el reloj 40 años, a una "era dorada" cuando los corresponsales extranjeros y los gobiernos occidentales podían referirse, sin sonrojarse, a la ocupación de los palestinos como "benigna".
Donald Neff, corresponsal en Jerusalén de la revista Time en los años setenta, admitió años después que su desempeño, y el de sus colegas, fue tan débil aquellos días en gran parte porque había poca información crítica disponible sobre la ocupación. Cuando testificó de primera mano lo que estaba sucediendo, sus editores en EE.UU. se negaron a creerle y finalmente fue transferido.
Ahora, sin embargo, el genio salió de la botella. La comunidad internacional comprende perfectamente –gracias a los activistas por los derechos humanos– que la ocupación es brutal y que Israel ha estado hablando de paz de mala fe.
Si Israel continúa por su camino actual, otro mito aceptado desde hace tiempo por los países occidentales –que Israel es "la única democracia en Medio Oriente"– podría terminar demolido.
Jonathan Cook obtuvo el Premio Especial de Periodismo Martha Gellhorn. Sus últimos libros son Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East (Pluto Press) y Disappearing Palestine: Israel's Experiments in Human Despair (Zed Books). Su sitio web es: www.jkcook.net.
Fuente: http://www.counterpunch.org/2011/12/01/israels-grand-hypocrisy/
rCR
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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