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sábado, abril 09, 2016

DERECHO A LA INFORMACIÓN: JORGE DÍAZ : SOCIEDAD DE LA INFORMACION

América latina y su educación ante la neoliberal "Sociedad de la Información"

Por:  | Sábado, 09/04/2016 02:21 PM | Versión para imprimir

           La implementación mundial capitalista de la sociedad de la información va a exigir formas de regulación que trasciendan las fronteras de los estados-nación, así como de la implantación de una infraestructura tecnológica que acelere esa trascendencia fronteriza.  De aquí que esta mundialización se inscriba como objetivo primordial en las agendas internacionales.  A tal efecto, se  promueven distintas iniciativas de carácter internacional.  Entre éstas destaca la convocatoria a una Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI), planteada en Minneapolis en 1998, durante la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), e inscrita en el orden del día del Comité Administrativo de Coordinación del Sistema de la ONU, y aprobada por la Asamblea General de la ONU para realizarse en dos fases, una primera fase o etapa en el 2003, y otra segunda fase en el 2005.

            Frente a la convocatoria de la CMSI, en América Latina y el Caribe se producen reuniones interministeriales o gubernamentales que generan documentos negociados o consensuados que sirven de corpus para analizar los discursos respecto de los criterios de integración regional latinoamericana y caribeña a la global sociedad de la información.  A partir de ello, reseñaremos tres de esos documentos: la Declaración de Florianópolis, la Declaración de Bávaro y el Compromiso de Rio de Janeiro.  

          Declaración de Florianópolis.  Esta inicia reconociendo el deseo de los países firmantes de adherirse a la sociedad de la información basada en una economía global fundamentada en el conocimiento "con eficiencia, equidad y sustentabilidad" (Declaración de Florianópolis, 2000, p. 1), para luego manifestar sus reservas con respecto a que sea el mercado el ente regulador de dicha sociedad de la información, ya que éste puede incrementar las desigualdades sociales al propiciar nuevas formas de exclusión, así como otras consecuencias desfavorecedoras  de la globalización, y de profundizar la división entre naciones centrales hegemónicas y las periféricas o dependientes.
"dejar que la evolución de la sociedad de la información y del conocimiento sea conducida solo por los mecanismos del mercado conlleva el riesgo de aumentar las brechas sociales al interior de nuestras sociedades, creando nuevas modalidades de exclusión, de expandir los aspectos negativos de la globalización y de incrementar las distancia entre los países desarrollados y en desarrollo" (ob. cit., p. 1)

         No obstante estos temores, no se deja de reconocer "el importante potencial que dichas tecnologías encierran para el desarrollo social y político de los países de la región" (ob. cit.), pero las condicionan a una adecuación pertinente culturalmente "si la tecnología de información es apropiada a nuestra cultura y se crean contenidos pertinentes en forma continua, se puede potenciar la diversidad y reafirmar la identidad cultural" (ob. cit.).

          En lo que atañe a la educación, el documento insta a los países centrales a apoyar a los periféricos en la consecución de la siguiente línea de acción:
"Crear condiciones y mecanismos para la capacitación universal de la ciudadanía en la nuevas tecnologías y difundir la globalización digital, en particular fomentando experiencias innovadoras en educación a distancia, educación no formal y formación de los educadores como condición necesaria para insertar favorablemente a la población en el marco de las nuevas formas de producción basadas en el conocimiento, propiciando asimismo , el acceso y la utilización de las tecnologías de información y las comunicaciones en las metodologías destinadas a acelerar los procesos educativos de las poblaciones marginadas y en extrema pobreza" (ob. cit.).

          En esta última cita del documento sobresale el papel atribuido a las Tecnologías de Información y Comunicación  (TICs) como aceleradoras de los procesos educativos, en tanto se las implique en las metodologías utilizadas en dichos procesos, sin mayor consideración al respecto; esto es, se las concibe como mecanismos que pueden neutralizar los retardos y rezagos educativos que presuntamente presentan las poblaciones marginales y de extrema pobreza.  Siendo eso manifestación de una visión tecnicista de la educación que obvia la comprensión sociocultural para comprender los problemas estructurales de la sociedad que reproducen las desigualdades excluyentes en los sistemas educativos.

           Declaración de Bávaro.  Esta declaración fue producida en la Conferencia Ministerial Regional Preparatoria de América Latina para la primera fase de la CMSI realizada en Punta Cana, República Dominicana, en enero de 2003, con la colaboración de la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL).

          En dicha declaración, se parte del reconocimiento de la sociedad de la información como sistema no tan solo económico sino también social, en el que la información y el conocimiento son factores de progreso y bienestar para la región latinoamericana y caribeña si ella se inscribe local y globalmente en el contexto de la profundización de principios como el respecto a los derechos humanos y otros.  Asimismo, se reivindica que las perspectivas y prioridades regionales deberían ser parte relevante de las estrategias para  implementar la sociedad de la información.

"La sociedad de la información es un sistema económico y social donde el conocimiento y la información  constituyen fuentes fundamentales de bienestar y progreso, que representa una oportunidad para nuestros países y sociedades, si entendemos que el desarrollo de ella en un contexto tanto global como local requiere profundizar principios fundamentales tales como el respeto a los derechos humanos dentro de un contexto más amplio de los derechos fundamentales, la democracia, la protección del medio ambiente, el fomento de la paz, el derecho al desarrollo, las libertades fundamentales, el progreso económico y la equidad social.  Al mismo tiempo, considerar que la decidida promoción de la visión y prioridades de los países de la región en los foros mundiales, entre otros la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (2003-2005), debería ser un elemento clave de la estrategia regional sobre la sociedad de la información" (ob. cit.).

De la misma manera, en la declaración se resalta la necesidad de superar la denominada "brecha digital" en clara alusión a igualar las oportunidades con relación al acceso y uso de las TICs, en tanto dicha brecha es indicadora de las desigualdades sociales entre naciones y dentro de ellas.

"Nuestros países, conscientes de la necesidad de generar igualdad de oportunidades en el acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación, se comprometen a desarrollar acciones tendientes a superar la brecha digital, la cual refleja e incide en las diferencias económicas, sociales, culturales, educacionales, de salud y acceso al conocimiento, entre los países y dentro de ellos" (ob. cit.).

          A continuación la declaración enuncia principios rectores que adopta, entre los cuales se indican:

          1°) la indispensabilidad de la TICs para realizar las necesidades sociales. Carácter de imprescindibilidad que se emparenta con el imaginario del reduccionismo pantecnológico, "el uso y aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación (TIC) son indispensables para satisfacer las necesidades de los individuos, de las comunidades y e la sociedad en general" ob. cit.).

           2°) el imperativo de que la sociedad de la información se oriente a superar las desigualdades sociales e impedir el surgimiento de otras modalidades excluyentes en las poblaciones, "la sociedad de la información debe estar orientada a eliminar las diferencias socioeconómicas existentes en nuestras sociedades y evitar la aparición de nuevas formas de exclusión y transformarse en una fuerza positiva para todos los pueblos del mundo" (ob. cit.).

          3°) la conformidad de lograr la accesibilidad de todos a las TICs con base en el marco regulatorio vigente de la naciones.  Ello reivindica el ordenamiento legal local ante las regulaciones globalizadoras, "el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación debe ser un objetivo de todos los actores involucrados en la construcción de la sociedad de la información, de conformidad con el marco jurídico vigente de cada país" (ob. cit.).

          4°) la reivindicación del empleo de las TICs para propósitos públicos y sociales en los ámbitos gubernamentales de salud y educación, y no tan solo o prioritariamente en los ámbitos mercantiles internacionales o nacionales, "el aprovechamiento de las mismas mediante la articulación de acciones locales, regionales y globales, y su uso con fines públicos y sociales en áreas tales como el gobierno, la salud y la enseñanza" (ob. cit.).

          5°) la coexistencia del libre flujo de información que aliente la transferencia de conocimientos que inciten la innovación y formación de capital humano, con el respeto a los derechos de propiedad intelectual, la confidencialidad y la seguridad entre otros.
"Las tecnologías de información y comunicación fomentan el flujo e intercambio de información, alentando la transferencia  de conocimientos y estimulando la innovación y formación de capital humano, propiciando que el libre flujo de información coexista con el respeto por la vida, la propiedad privada, la privacidad, la propiedad intelectual, la confidencialidad y la seguridad." (ob. cit.).

          6°) el reconocimiento de que la naturaleza mundial de la sociedad de la información implica para el desenvolvimiento global en cuanto a formulación política de sus tendencias mundiales, la participación de los niveles regionales y subregionales a fin de considerar: la provisión de  asistencia técnica en el marco de la cooperación regional e internacional, el intercambio de experiencias y de conocimientos, y el establecimiento de normas y estándares compatibles con las características e intereses nacionales, "la sociedad de la información es eminentemente global.  De tal modo, un diálogo de política basado en las tendencias mundiales de la sociedad de la información debe tener lugar en niveles globales, regionales y subregionales." (ob.cit).

          7°) El requerimiento de que el acceso a las TICs sea regulado por la protección que brindan las leyes internacionales para impedir la afectación por parte de decisiones tomadas unilateralmente.  Este principio no fue refrendado sino objetado por escrito, por la representación de los EE.UU. que estuvo presente en la reunión, lo que evidencia que la prevención es tomada con relación a ese país, "el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones debe realizarse al amparo del derecho internacional, teniendo en cuenta que algunos países se ven afectados por medidas unilaterales no compatibles con éste que crean obstáculos al comercio internacional." (ob. cit., p. 3).

           Por otra parte, en la declaración se adoptan otras posiciones prioritarias como la de que bajo la cobertura del derecho a la libertad de expresión y de opinión, se reivindica además de la libertad de buscar y recibir información, el de impartir o dar información, libertad que será facilitada por vía de la educación.  Por tanto, se infiere que la educación deberá promover la producción o creación de información por medio de las TICs y no únicamente su consumo o recepción.

             "Garantizar que en la sociedad de la información se protejan y promuevan los derechos      humanos, incluido el derecho al desarrollo.   Todos tienen derecho a la libertad de opinión     y expresión; este derecho incluye la libertad de sostener opiniones sin interferencia y a     buscar, recibir e impartir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación     sujeto a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.  El ejercicio de este derecho se     facilitará con las oportunidades educacionales para todos." (ob. cit., p. 4).

           Compromiso de Rio de Janeiro.  Esta declaración es resultado de la "Conferencia Regional Ministerial de América Latina y el Caribe.  Preparatoria para la Segunda Fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información", realizada en Brasil en junio del 2005.

          En este documento se reafirma el compromiso de las naciones latinoamericanas con la edificación de la sociedad de la información de naturaleza inclusiva y contribuyente con el desarrollo de la región. "Declaramos: nuestro profundo compromiso con la construcción de una sociedad de la información inclusiva y orientada al desarrollo en América Latina y el Caribe, basada en los principios de paz, derechos humanos, solidaridad, libertad, democracia, desarrollo sostenible y cooperación entre los países dentro del marco de la sociedad global de la información.  Nuestra decisión de contribuir también a la creación de dicha sociedad a nivel global." (Compromiso de Rio de Janeiro, p. 1).

          Asimismo, se asocia y destaca el fomento de la integración regional y su desarrollo sociocultural y económico con la construcción de la sociedad de la información, "nuestro reconocimiento de la máxima importancia que reviste el desarrollo de la sociedad de la información con el fin de fomentar la integración y el desarrollo social, económico y cultural de los países de América Latina y el Caribe". (ob. cit.)

          Del mismo modo, se manifiesta el compromiso gubernamental de promover la participación de todos los interesados en la creación de la sociedad de la información que se fundamente en la compartición de los conocimientos. "Nuestro compromiso, como gobiernos, de facilitar la inclusión de todas las partes     interesadas –el sector privado, la sociedad civil, la comunidad científica y académica y     cualquier otra— en el proceso de creación de una sociedad de la información basada en     conocimientos compartidos." (ob. cit. p. 2).

           Se comprometen los firmantes a favorecer la inversión privada, junto con la pública, para incrementar el acceso a la TICs bajo el concepto de responsabilidad social empresarial. "Nuestro compromiso de crear un entorno propicio para la inversión y la innovación, que fomente la cooperación y las asociaciones regionales entre los sectores público y privado y permita invertir recursos y capital, como corresponda, para ampliar el acceso a las TIC  despertar mayor conciencia sobre su potencial en el contexto de la responsabilidad social empresarial." (ob. cit.).

           Por otro lado, se resalta la concepción instrumentalista y no tecnocrática de que las TICs son mediaciones o medios para favorecer el crecimiento económico, así como el pleno empleo y la competencia. "Nuestra convicción de que las tecnologías de la información y las comunicaciones no son un fin en sí mismas, sino un instrumento del desarrollo, orientado a la búsqueda de un desarrollo humano equitativo y sostenible dentro del marco del crecimiento económico, el pleno empleo y la competitividad." (ob. cit.).

          Se atribuyen a las TICs potencialidades sobrevaloradas para el logro de objetivos sociales que no dependen decisivamente de su  acceso y uso. "Nuestra  determinación de utilizar el potencial de las TICs para la consecución de los objetivos del Milenio, es decir, para la erradicación de la extrema pobreza y el hambre; el logro de la enseñanza primaria universal; la promoción de la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer; la reducción de la mortalidad infantil; el mejoramiento de la salud materna; el combate contra el VIH/SIDA,  el paludismo y otras enfermedades; asegurar la sostenibilidad del medio ambiente; el fomento de la asociación mundial para el desarrollo, y la creación de un mundo más pacífico, justo y próspero." (ob. cit.).

          Se reivindica la necesidad de desarrollar una sociedad de la información de carácter regional, que tenga enlace con la Internet pero con nodos y servidores propios en función del contexto latinoamericano y caribeño.
"Nuestro interés en impulsar el desarrollo de una infraestructura de redes, lo que es indispensable para la sociedad regional de la información, que incluya puntos de intercambio de Internet, troncales regionales y servidores primarios, respetando la situación y la necesidades especificas de América Latina y el Caribe." (ob. cit.)

          Reafirman enfáticamente el planteamiento que fue objetado por los EE.UU. en la declaración de Bávaro, respecto de cualquier medida tomada unilateralmente y que no se ajuste a la normativa de las leyes internacionales.
"Nuestro enérgico rechazo a toda medida unilateral que no sea conforme al derecho internacional y a la carta de las Naciones Unidas y que, en el contexto de la construcción de la sociedad de la información, impida el pleno logro del desarrollo económico y social a la población de los países involucrados o limite el bienestar de la población, así como nuestro consiguiente compromiso a dar ayuda a los países afectados por medidas de esa índole a superar los obstáculos que impiden a su población aprovechar plenamente los beneficios de la sociedad de la información." (ob. cit., p. 4).

           Igualmente se reitera la posición de que la integración en la sociedad de la información debe estar soportada en la compartición recíproca de conocimientos, lo que conlleva a no ser tan solo consumidores o usuarios de los flujos informacionales de las TICs, sino a ser agentes del desarrollo como productores de información y contenidos en el contexto cultural global y local de intercambios de saberes.
"Nuestra firme convicción de que todo individuo debe participar activamente en una sociedad de la información basada en conocimiento compartidos, no solo como usuarios de nuevas tecnologías, sino también como agentes del desarrollo y la producción de contenidos.  Para alcanzar este objetivo, reiteramos la necesidad de fomentar el libre flujo de ideas e información, y el desarrollo de una cultura global y regional que comparta conocimientos." (ob. cit.,  p. 5)
      
Se asume como necesario robustecer la cooperación para incentivar la creación de fuentes de financiamiento para la generación de empresas que produzcan para las TICs contenidos de carácter nacional, aplicaciones y programas.
"Expresar nuestro compromiso de fortalecer la cooperación y la coordinación regionales para el fomento y la creación de nuevos mecanismos de financiamiento del desarrollo de una industria dedicada al desarrollo de contenidos nacionales, aplicaciones y programas." (ob. cit.).

               Se manifiesta expresamente el interés de participar en la gobernanza mundial de Internet con base en principios que descarten el unilateralismo, la falta de transparencia y su ejercicio democrático.
"Nuestro compromiso de contribuir a la evolución de un sistema internacional de gobernanza de Internet basado en los principios de Ginebra, particularmente los relacionados con el multilateralismo, la transparencia y la democracia." (ob. cit.).

          Finalmente, en el documento se define y ratifica el compromiso para financiar y estimular la producción tecnológica propia en lo que respecta a equipos, partes, componentes, productos digitales, aplicación, software y contenidos en idiomas nativos para la infraestructura de las TICs.

Nuestra voluntad de fortalecer la cooperación y coordinación regionales en el marco del Consenso de Monterrey con el fin de mantener los actuales compromisos en materia de financiamiento e impulsar el desarrollo y la creación a nivel nacional de mecanismos innovadores para financiar la producción local de equipos, partes y componentes, y productos digitales para infraestructura e industrias de las TIC, incluidos aplicaciones, software y contenido en idioma local." (ob. cit., p. 6).

    En definitiva, pese a las críticas, observaciones, reservas y prevenciones manifestadas en las declaraciones, y la proyectada interconectividad al margen de los nodos contralores de los EE.UU., la región asumió en general las orientaciones y políticas de la CMSI impuestas por los países neoliberales hegemónicos y sus ONGs como la UIT, y desde entonces, aunque expresando reticencias ocasionales y puntuales, ha venido realizando reuniones intergubernamentales en las que se han diseñado planes de acción y metas para los lapsos 2005-2007, 2008-2010 y 2011-2015 (E-LAC, s/f).

diazjorge47@gmail.com










TECNOLOGIA: botpages, un directorio de útiles bots en diferentes plataformas

LO QUE SE LLEVA EN EMPRESAS 

botpages, un directorio de útiles bots en diferentes plataformas

  • 08. abr. 2016
 

 

bots

Tanto los sistemas de mensajería instantánea como algunas redes sociales y plataformas de comunicación en general, pueden tener varios bots disponibles, sistemas que publican información de forma automática y que, en muchos casos, la adaptan a lo que el usuario está solicitando.

Hemos visto ya muchos bots en diferentes plataformas, desde usuarios de Whatsapp que responden información de vuelos cuando indicamos un código específico a usuarios de telegram que escupen las noticias publicadas en un medio específico (como el caso de @wwwhatsbot, que muestra un mensaje en telegram cada vez que en WWWhatsnew publicamos un nuevo post).

Es extremadamente difícil tener a todos los bots existentes controlados y localizados, pero en botpages quieren hacerlo. Se trata de un directorio de bots clasificados en función de la plataforma en la que se encuentran, siendo posible registrarse para indicar algunos nuevos, con detalles de lo que hace y cómo responde a las acciones de los usuarios.

Además de clasificar por plataforma, también lo hace por temas, de forma que si queremos ver los bots que devuelven noticias, solo tenemos que acceder a la sección correspondiente en el menú.

Una buena idea para todos los que sabemos que los bots son las apps del futuro, la mejor forma de atender correctamente a los clientes, aunque aún hay mucho trabajo que debe ser realizado para aumentar la inteligencia de estos pequeños programas.


Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU
Diplomado en Coaching Ejecutivo ONU( 
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Santiago- Chile

REGALOS PARA EL DIA DE LA MADRE

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EN SANTIAGO DE CHILE

SENADOR ANDRES ALLAMAND Reforma a la Constitución: Los cambios que propone Allamand para pasar a un régimen semipresidencial

UN INTERESANTE CAMBIO A LA CARTA FUNDAMENTAL 

Reforma a la Constitución: Los cambios que propone Allamand para pasar a un régimen semipresidencial

Mediante modificaciones a la actual Carta Fundamental, la reforma contempla separar la figura del Presidente y el Primer Ministro. Además, propone la medida de "censura constructiva" al jefe de Gobierno y un fortalecimiento del Poder Ejecutivo.

Rosario Álvarez09 de abril del 2016 / 11:26 Hrs

El senador de RN, Andrés Allamand, le entregó hoy al ministro del Interior, Jorge Burgos, una propuesta de modificación a la Constitución. 

El objetivo principal del proyecto es cambiar el actual régimen político y pasar de uno presidencial a uno semipresidencial, el que contempla la figura separada del Presidente y el Primer Ministro. 

Estos son los principales puntos de la reforma presentada por Allamand:

DIFÍCIL GOBERNABILIDAD

Según el parlamentario, hoy se necesita fortalecer el poder Ejecutivo. En una época en que existe "un cuadro adverso para la gobernabilidad", "un poder ejecutivo desligado del poder legislativo, en que éste último desempeña solo deslavadas tareas de colegislador y aquellas propias de la fiscalización, será cada vez más débil. Lo que se necesita es un Congreso que ayude efectivamente a gobernar y que asuma responsabilidades políticas en la dirección del gobierno".

CRÍTICAS AL RÉGIMEN PRESIDENCIAL

"El problema básico del régimen presidencial (el "gobierno dividido") – dice Allamand- no se resuelve dotando al Presidente de más facultades formales en la Constitución, sino estableciendo mecanismos que le faciliten tener mayoría en el Congreso". 

"La fortaleza de un régimen presidencial está determinado más que por las facultades escritas en la Constitución por su capacidad para generar y mantener mayorías parlamentarias que le den sustento al gobierno. Y un régimen presidencial con minoría en el Congreso es, por definición, débil", explica la propuesta. 

En esta línea, el senador manifiesta que "la lógica del presidencialismo es la de separación de los poderes; la lógica que Chile hoy requiere es la de colaboración de poderes en las tareas de gobierno. Y el régimen político que mejor lo permite - descartada por inviable políticamente la fórmula parlamentaria - es el semipresidencialismo".

SEMIPRESIDENCIALISMO

Para Allamand, el semipresidencialismo, "obliga al Presidente a gobernar con mayoría en el Congreso y, por definición, eso genera gobiernos más fuertes. Es efectivo que ello habitualmente implicará formar coaliciones, pero éstas lejos de perjudicar la gestión ejecutiva - cuando están bien equilibradas y tienen coincidencias programáticas -  la fortalecen y no la debilitan".

REPAROS AL RÉGIMEN SEMIPRESIDENCIAL

Sin embargo, el legislador de RN asegura que un régimen semipresidencial debe tener cuidado en dos aspectos: "El primero es generar mecanismos de estabilidad, para que el Primer Ministro y su gabinete no queden sometidos a los vaivenes de mayorías parlamentarias ocasionales. Por esa razón, el actual proyecto establece una fórmula de "censura constructiva": No basta con tener la mayoría de votos (mitad más uno de los miembros en ejercicio en cada Cámara) para censurar al Primer Ministro y hacer caer al gabinete; hay que tener votos para proponerle al Presidente un nuevo Primer Ministro. Y si no hay votos para ello, la censura fracasa".

"La segunda es no debilitar los mecanismos de fiscalización, cuyo eje debe ser que puedan ser siempre ejercidos por la minoría. El actual proyecto no debilita ninguno de los actuales mecanismos, que mediante otras iniciativas legales debieran hacerse aún más efectivos".

FUNCIONAMIENTO

- Presidente y Primer Ministro: "Se distingue entre Presidente (Jefe de Estado) y Primer Ministro (Jefe de Gobierno). El primero sigue siendo elegido por cuatro años, pero es evidente que el esquema propuesto permitiría pensar en una reelección inmediata". El Primer Ministro será nombrado por el Presidente y debe contar con la ratificación del Congreso Pleno.

- Congreso y autoridades: "El proyecto mantiene el bicameralismo tradicional chileno (…) y al mismo tiempo, deliberadamente no innova ni en la estructura del articulado de la actual Constitución ni en las facultades que hoy detentan las autoridades políticas en Chile, salvo cuando resulta indispensable (por ejemplo, hay que facultar al Presidente para nombrar al Primer Ministro)". 

- Facultades: "El proyecto no agrega nuevas facultades ni al Presidente ni a las Cámaras salvo, como se ha indicado, cuando es indispensable, ya que de esa forma es más fácil el análisis comparado entre el sistema actual y aquel que se propone". 

- Funciones: Las funciones del Presidente serán entre otras asegurar respeto a la Constitución, las Relaciones Exteriores y la Defensa, además de mantener todos los altos nombramientos del Estado ( Contralor, Banco Central, Ministerio Público, Poder Judicial, Fuerzas Armadas y de Orden, embajadores etc). El Primer Ministro en tanto será el jefe de la acción de gobierno, administrará el Estado y estará a cargo de orden interno.

- "Censura constructiva": La Cámara de Diputados, con un tercio de sus miembros puede impulsar una moción de censura al Primer Ministro, iniciativa que luego debe ser ratificada por el Senado. Tras esto, el Congreso Pleno debe nombrar reemplazante por mayoría absoluta. Si no lo hace, la censura fracasa. Si lo hace, el Presidente lo nombra Primer Ministro o disuelve ambas Cámaras y llama a elecciones generales. Por otro lado, el Presidente puede siempre cesar al Primer Ministro y en tal caso el sucesor debe obtener idéntica ratificación del Congreso Pleno.

- Poder del Primer Ministro: Tiene la potestad de nombrar y remover a todos los Ministros, a través del Presidente, debiendo en el caso de Relaciones Exteriores y Defensa, hacerlo a instancias del Presidente de la República. Se deja abierta la posibilidad de que los parlamentarios puedan ser Ministros, debiendo en tal caso la ley reglamentar las formas de reemplazo o suplencia. Además, todo lo que tiene que ver con la conducción económica, incluido el tema presupuestario, queda en manos del Primer Ministro.

Fuente:LATERCERA.CL 

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Rodrigo González Fernández
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viernes, abril 08, 2016

ANDRES ALLAMAND Y REGIMEN SEMIPRESIDENCIAL

Nueva Constitución: Allamand entrega propuesta a Burgos para pasar a régimen semipresidencial

La reforma del senador -diferente a la de Chile Vamos- estipula que "la lógica que Chile hoy requiere es la de colaboración de poderes en las tareas de gobierno", y propone separar las figuras del Presidente y el Primer Ministro.

Francisco Torrealba y Rosario Álvarez08 de abril del 2016 / 09:09 Hrs

Hasta el Palacio de La Moneda llegará a las 11:30 de este viernes el senador de RN,Andrés Allamand, para reunirse con el ministro del Interior, Jorge Burgos, y entregarle una propuesta de reforma a la Constitución. 

El documento –distinto al que está elaborando Chile Vamos- propone cambiar el régimen político actual a uno semipresidencial, en donde se separen los roles del Presidente y el Primer Ministro. 

"La agudización de problemas sociales, la desconfianza ciudadana hacia las estructuras políticas y en general hacia las instituciones, el debilitamiento de los partidos y el descrédito de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, son - entre muchos otros - elementos que configuran un cuadro adverso para la gobernabilidad", señala el proyecto. 

"En tal escenario un poder ejecutivo desligado del poder legislativo, en que éste último desempeña solo deslavadas tareas de colegislador y aquellas propias de la fiscalización, será cada vez más débil. Lo que se necesita es un Congreso que ayude efectivamente a gobernar y que asuma responsabilidades políticas en la dirección del gobierno", continúa. 

En esta línea, Allamand manifiesta que "la lógica del presidencialismo es la de separación de los poderes; la lógica que Chile hoy requiere es la de colaboración de poderes en las tareas de gobierno. Y el régimen político que mejor lo permites el semipresidencialismo".

En este contexto, el legislador explica que el sistema presidencialista actual "genera en los hechos una inconveniente y artificial segmentación: En la mayoría de los casos quienes desempeñan tareas ejecutivas  desconocen las tareas legislativas y los que desempeñan tareas legislativas ignoran las complejidades propias de la gestión".

"El semipresidencialismo, en cambio, 'obliga' al Presidente a gobernar con mayoría en el Congreso y, por definición, eso genera gobiernos más fuertes. Es efectivo que ello habitualmente implicará formar coaliciones, pero éstas lejos de perjudicar la gestión ejecutiva - cuando están bien equilibradas y tienen coincidencias programáticas -  la fortalecen y no la debilitan", añade. 

FUNCIONAMIENTO

De esta manera, el senador de RN propone separar las figuras del jefe de Estado (Presidente) del jefe de Gobierno (Primer Ministro), quien será nombrado por el Presidente y ratificado por el Congreso Pleno. 

Las funciones del Presidente serán entre otras asegurar respeto Constitución, las Relaciones Exteriores y la Defensa, además de mantener todos los altos nombramientos del Estado ( Contralor, Banco Central, Ministerio Público, Poder Judicial, Fuerzas Armadas y de Orden, embajadores etc). El Primer Ministro en tanto será el jefe de la acción de gobierno, administrará el Estado y estará a cargo de orden interno.

Por otro lado, el proyecto estipula que el Primer Ministro podrá ser censurado, medida que deberá ser aprobada por Cámara de Diputados y luego Senado. Tras esto, el Congreso Pleno debe nombrar reemplazante por mayoría absoluta. Si no lo hace, la censura fracasa. Si lo hace, el Presidente lo nombra Primer Ministro o disuelve ambas Cámaras y llama a elecciones generales.

Fuente:

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viernes, abril 01, 2016

#lobby Contraloría deja en manos de la autoridad registrar si citas con gremios son audiencias de lobby

Contraloría deja en manos de la autoridad registrar si citas con gremios son audiencias de lobby

A raíz de una petición de la ANEF, el ente precisó el dictamen de 2015 que obligó a calificar cualquier gestión de la asociación como lobby. Gremio tildó de insuficiente la aclaración.Juan Pablo PalaciosJUAN PABLO PALACIOS | ECONOMÍA | 05:00 HRS

HERRAMIENTAS
© Agencia Uno

En noviembre de 2015, justo cuando comenzaban las negociaciones de los gremios del sector público con el Gobierno para el reajuste de salarios, y luego de la extensa paralización del Registro Civil, la Contraloría General de la República emitió un dictamen que obligaba a registrar bajo los parámetros establecidos en la Ley de Lobby las reuniones entre la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y otras asociaciones de funcionarios con las autoridades del Ejecutivo.

Pese a estar orientado en un principio como una obligación de las autoridades gubernamentales, el pronunciamiento surgido a raíz de una petición del Servicio Civil, tiene alcances en el ámbito parlamentario y municipal, e incluso abarca a los gremios empresariales.

La disposición generó el malestar del presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, y gatilló, primero, un reclamo ante el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y, posteriormente, la presentación de un recurso de reconsideración ante el órgano contralor.

"Nosotros no somos lobbistas, sino sindicalistas, se está afectando el principio de libertad sindical", dijo De la Puente sobre el dictamen que firmó la contralora subrogante, Patricia Arriagada.

El pasado 8 de marzo, el actual titular de la Contraloría, Jorge Bermúdez, emitió un nuevo pronunciamiento en el que se hizo cargo de las observaciones de la ANEF.

"En consideración a lo anterior y a que de lo dispuesto en el artículo 7° de la aludida ley N° 19.296, se advierte que las asociaciones de funcionarios de la Administración tienen por finalidad promover el mejoramiento económico y de las condiciones de vida y de trabajo de sus afiliados y, en general, defender o representar los intereses de ellos, cabe concluir, como lo hizo el dictamen N° 87.972, de 2015, que tales agrupaciones pueden realizar actividades que se encuentran regidas por la ley N° 20.730 y que, por lo tanto, tendrán que sujetarse a esta normativa", dice el nuevo dictamen, que de todas formas advierte que "en el caso de las asociaciones de funcionarios no puede hablarse del desarrollo de actividades de lobby, como quiera que estas no reciben una remuneración por concepto de las actuaciones que, en defensa o representación de sus afiliados, realizan ante las autoridades".

No obstante, precisa que si se les aplica a las asociaciones el concepto legal, regulado en la Ley de Lobby, de gestor de intereses particulares, "tratándose de las diligencias que ellas practican ante los sujetos pasivos de la ley, a fin de influir en las decisiones que estos deben adoptar en el ejercicio de sus funciones", dice la Contraloría.

El documento afirma que  las actividades reguladas como lobby y que deben ser registradas, son aquellas que tienen como fin influir en: "la elaboración, dictación, modificación, derogación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes", como también "de las decisiones que adopten los sujetos pasivos", y el "diseño, implementación, y evaluación de políticas, planes y programas efectuados".

Aclara que entre las actividades que no están reguladas por la norma están "los planteamientos o las peticiones realizadas con ocasión de una reunión, actividad o asamblea de carácter público; las peticiones realizadas para conocer el estado de tramitación de un determinado procedimiento administrativo, y la información entregada a una autoridad pública, que la haya solicitado expresamente para realizar una actividad o adoptar una decisión, en el ámbito de su competencia".

Concluye la Contraloría que "las audiencias o reuniones que lleven a cabo las respectivas autoridades con las asociaciones, únicamente deberán registrarse si reúnen las características indicadas en el citado artículo 5° y no están en las hipótesis del reseñado artículo 6°, lo que deberá ser analizado por aquellas superioridades en cada caso concreto".

La ANEF calificó de ambiguo el dictamen y anticipó que pedirá aclarar la situación vía cambios legales.

Fuente:ELPULSO

Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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BLANCA ARTHUR : LA CAIDA DEL PLAN ABBOTT

La caída del plan Abbott

La intención del fiscal nacional de cerrar los casos se está complicando, no sólo con las acusaciones de que se actúa con sesgo político, sino con la rebelión de los fiscales regionales que comenzaron a desmarcarse de su doctrina de que es necesario contar con denuncia o querella del SII para actuar.

  • Por Blanca Arthur
    La caída del plan Abbott

    Cuando fue nominado para el cargo a fines del año pasado, quedó claro que la intención de Jorge Abbott era no centrar su gestión en las investigaciones por financiamiento irregular de la política. De hecho, él mismo destacó en su discurso al asumir, que su interés era focalizarse en el combate a otros delitos de connotación social.

    Ése era su plan, el que decidió explicitar en una comentada entrevista el domingo, en la que afirmó que se estaban buscando fórmulas para acotar dichas causas, agregando que le había pedido a los fiscales que mandaran los antecedentes al SII para que éste decidiera si se querellaba o no, para de esa manera poder ir cerrándolas.

    Con ello, Abbott reiteraba su doctrina, que estableció al comparecer al Senado cuando éste debía ratificarlo, en cuanto a que para imputar delitos tributarios era necesario contar con una querella o denuncia del organismo fiscalizador.

    Como su director, Fernando Barraza, había dado indicios de que probablemente no lo haría, al declarar a comienzos de marzo que la labor del SII no era presentar querellas, todo indicaba que el plan de Abbott, al encontrar un soporte en las decisiones de dicho servicio dependiente del gobierno, tenía posibilidades reales de comenzar a cumplirse.

    Pero tanto las acusaciones de que ello implicaba un sesgo, porque al final los beneficiados serían principalmente personeros de la Nueva Mayoría, como la suerte de rebelión de los fiscales al desmarcarse de la llamada "doctrina Abbott", que quedó de manifiesto con el anuncio de formalización al ex senador UDI, Pablo Longueira, podrían terminar abortando su plan.

    Críticas por sesgo

    La confirmación de los propósitos del fiscal nacional por parte de él mismo esta semana, bastó para que se reinstalara la idea de que –con intención o no- el Ministerio Público, con la colaboración para este caso del SII, estaban actuando con un criterio político, al no aparecer al menos que hubiera un trato igualitario para personeros del oficialismo en comparación con lo que ocurría con figuras de la oposición.

    Fue lo que de inmediato reclamó la UDI, que por intermedio de su presidente, senador Hernán Larraín, cuestionó el anuncio de querer terminar las indagatorias por los casos de las platas políticas, acusando que la fiscalía no ha actuado con equidad con los distintos sectores.

    El alegato de la UDI se basó, principalmente, en que el cierre de las causas implicaba que sólo se indagaría a personas de su sector, especialmente de su partido, quedando fuera de las pesquisas los políticos de la Nueva Mayoría que también habrían recibido dineros de SQM de manera irregular, como el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien incluso formó una empresa fantasma con el fin de financiar la llamada pre campaña de Bachelet, u otros como los hijos del senador y presidente de la DC, Jorge Pizarro, el hijo del diputado del mismo partido, Roberto León, o cercanos al senador PS, Fulvio Rossi.

    Las acusaciones de sesgo en el tema de las platas políticas no apuntan, en todo caso, sólo contra el Ministerio Público, sino también de manera especial hacia la actitud del SII, al que critican incluso dirigentes del oficialismo, coincidiendo con lo que planteó públicamente el presidente del PS, Camilo Escalona, quien demandó que el organismo se querellara contra todos los que pudieran tener responsabilidad, porque no podía quedar la impresión de que se quería llevar a tribunales a unos y a otros no.

    Es una posición que se ha generalizado mereciendo reparos de distintos sectores, como por ejemplo de los querellantes de Ciudadano Inteligente, que han acusado derechamente al SII de actuar con criterio político desde que estalló el caso SQM con el fin de proteger al oficialismo que aparece comprometido.

    Complicación de Abbott

    En círculos políticos como judiciales comentan que estas críticas de falta de imparcialidad que ha liderado la UDI desde el caso Penta, han sido una complicación para que Abbott pueda cumplir su plan de cerrar los casos, el que habría sido parte de los acuerdos informales para acceder a su cargo.

    Tanto es así, que circula la versión de que le hizo saber a La Moneda que para lograr su propósito, era necesario que también se pudiera investigar a alguna figura destacada del oficialismo, considerando que era difícil deshacerse de los cargos de actuar sin equidad, si el único condenado era un emblemático líder de la UDI, como Jovino Novoa, a lo que se sumaba que además han sido formalizados parlamentarios de ese partido, era posible que ocurriera lo mismo nada menos que con sus dos ex candidatos presidenciales como Longueira y Laurence Golborne.

    De acuerdo a lo que indican algunos, desde palacio tomaron nota, haciéndole saber que para ellos era importante proteger a Peñailillo, porque al final es quien podría comprometer a Bachelet.

    Es en este escenario, donde en distintos círculos no se descarta que la opción del gobierno para mostrar un trato ecuánime, fue arremeter contra el ex senador PS, Carlos Ominami, tesis que se basa en que es el único personero de izquierda contra el que se querelló el SII, lo que no tendría costo puesto que no pertenece a la Nueva Mayoría, mientras de paso podía significar un daño político a su hijo Marco Enríquez-Ominami.

    Fue una acción que no pocos, incluido el propio afectado, calificaron de extraña, lo que significó que Ominami fue formalizado, aunque posteriormente fue sobreseído por prescripción.

    Lo cierto es que más allá de las especulaciones, la última señal de Abbott el domingo fue desestimar que hubiera un trato desigual, apelando a que en los casos que afectan a personas del oficialismo no existían antecedentes suficientes. Pero lo que más llamó la atención fue que liberara de responsabilidad de haber cometido delito a quienes recibieron dineros de la empresa de Giorgio Martelli - al que sí considera culpable- lo que se entendió que era porque estaba de acuerdo en impedir que se indague a Peñailillo, pese a que como lo reconoció el propio Martelli, fue el que lo impulsó a crear la empresa con el único fin de recaudar fondos.

    Esa afirmación del fiscal nacional marcó un contraste en relación a lo que planteó respecto a los otros casos, como los de los hijos de Pizarro o León, al indicar que ellos dependían de lo que hiciera el SII, resistiéndose a pronunciarse si debería presentar querella o no, con el argumento de que era respetuoso de sus facultades.

    El factor Longueira

    Un factor que no estaba contemplado en el plan de Abbott es la situación que afectó al ex líder de la UDI, Pablo Longueira, luego de que el fiscal a cargo del caso SQM, Pablo Gómez, decidiera abrir una investigación por cohecho en su contra, ante las sospechas de haber favorecido a la empresa durante la tramitación de la modificación a la ley del royalty cuando era senador.

    El caso de Longueira lo complicó, en primer lugar, porque se trataba de otra figura emblemática de la UDI que alimentaría las críticas de que se actúa contra un solo sector, como se encargó de alegar ese partido cuando se supo que sería formalizado, argumentando que se hacía antes de que éste prestara declaración para hacer sus descargos.

    Pero lo que atenta contra las pretensiones de Abbott en este caso, es que el fiscal Gómez anunció que no sólo lo formalizaría por cohecho y soborno, sino también por delitos tributarios con el cargo de facilitación de boletas ideológicamente falsas para recibir pagos de SQM.

    Como no existe una querella en su contra del SII, la explicación del persecutor fue que lo hacía basándose en una denuncia del mes de abril de dicho organismo contra todos quienes resulten responsables de ciertos hechos.

    Con ello, el fiscal de Valparaíso se desmarcó claramente de la "doctrina Abbott" en cuanto a que se requiere una acción directa del SII, lo que podría significar un giro, puesto que él mismo no descartó que otras personas del oficialismo que aparecen en la misma denuncia por la que se formalizará a Longueira, pudieran correr la misma suerte si es que se comprueban los hechos que se están indagando.

    La rebelión de los fiscales

    Esa actitud es la que algunos en círculos judiciales consideran que se trata de una suerte de rebelión de los fiscales, puesto que después de los alcances que hizo Gómez, que contrarían la postura de Abbott, el fiscal Manuel Guerra, que quedó a cargo del caso Penta, hizo un planteamiento similar. Fue al anunciar la formalización de Golborne, cuando manifestó que actuaría en todos los casos que considerara que existe delito, sin inhibirse por la existencia o no de querella del SII, al punto que se estima que en el caso de ex presidenciable lo hará por delitos que no figuran en la querella que presentó en su contra el organismo fiscalizador.

    La tesis que circula en medios ligados a la fiscalía, es que Abbott no tiene el liderazgo ni la autoridad suficiente para imponerse sobre sus subalternos, los que no querrían aparecer formando parte de un acuerdo para cerrar los casos que pudiera afectarles su imagen, menos cuando se estima que el tiempo del fiscal nacional en su cargo no perdurará hasta el final de su período básicamente por razones de salud.

    En esa lógica se inscribe que el fiscal Gómez hubiera recurrido al concurso de Estados Unidos para que le colabore tras detectar pagos irregulares de SQM a prácticamente todos los partidos, pero además a las campañas de Frei, Piñera y Bachelet.

    Con la actitud autónoma que están mostrando los fiscales, todo indica que el plan de Abbott difícilmente podrá cumplirse, sin que nadie sepa a estas alturas qué cauce podrá tomar el complejo tema de las platas políticas.

Fuente: DF 

Saludos
Rodrigo González Fernández
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