NUEVAMENTE: ¿HAY CRISIS O NO HAY CRISIS ECONOMICA EN CHILE? Confianza empresarial llega a su nivel más bajo y se desploman perspectivas en la construcción Un retroceso de casi 17 puntos experimentó el mes pasado el Índice de Confianza Empresarial (ICE), elaborado por el Centro de Investigación en Empresas y Negocios (CIEN) de la Universidad del Desarrollo (UDD) en conjunto con Diario Financiero (DF).
De hecho, el sondeo llegó a su nivel más bajo en términos históricos, lo que representa una fuerte sensación de pesimismo en el sector privado.
La mayor sorpresa se dio en el rubro de la construcción, el que durante los últimos meses se había mantenido en niveles positivos, sin embargo, en julio se ubicó en -43 puntos, pasando a ser el sector donde los empresarios están menos optimistas.
El complejo escenario económico que atraviesa el país, caracterizado por un cuadro de bajo crecimiento y alta inflación, terminó por mermar las perspectivas de los empresarios en prácticamente todos los sectores productivos del país.
Así lo reveló el Índice de Confianza Empresarial (ICE) de julio, el que se ubicó en su nivel más bajo en términos históricos, al pasar desde los -3 puntos registrados en junio a -16,9 puntos el mes recién pasado.
De acuerdo al sondeo, la industria, el comercio, la minería, la agricultura y el sector construcción registraron cifras negativas, siendo el rubro financiero el único que no tuvo números rojos.
Ahora bien, la mayor sorpresa se dio en la construcción, sector que se ha caracterizado por tener buenas expectativas futuras e incluso sus niveles negativos nunca han pasado de diez puntos, sin embargo, esta vez la caída fue fuerte y se ubicó en -43 puntos.
De acuerdo al sondeo y a juicio de los empresarios de dicho sector, la evaluación de la situación económica global del país en los próximos 3 meses, junto con la proyección de la situación general del sector económico para los próximos 3 meses fueron las principales variables que afectaron negativamente la confianza de este sector. Y el mayor pesimismo es a nivel de grandes empresas, seguidas por las pequeñas.
Agro, industria y comercio
Un peldaño más arriba de la construcción, se ubicó el sector agrícola con -23,5 puntos. Ahora bien, este rubro mejoró en comparación al mes precedente, donde el indicador se situó en -42,6 puntos.
Este menor pesimismo radicó en que la variable sobre la proyección de la evolución de la situación general del negocio en los próximos doce meses fue más optimista, en comparación a junio.
El tercer sector más pesimista fue el fabril, donde la confianza cayó en prácticamente un punto y medio, ubicándose en 22,7 puntos.
Es que pese a las últimas lluvias, el tema energético sigue preocupando a la industria, la que también ha sido golpeada por el bajo tipo de cambio.
De hecho, el sondeo concluye que este rubro sigue negativo por el tema energético y costo de insumos.
Respecto del comercio, el indicador de confianza empresarial se situó en -15,8 puntos en la medición de julio, en comparación a los 4,1 puntos del mes anterior.
Este mayor pesimismo se debió principalmente a las variables sobre la proyección de la situación económica global del país en los próximos tres meses y la variable sobre la evolución del nivel de ventas de su compañía en los últimos tres meses.
Minería y sector financiero
En el caso de la minería, el indicador se ubicó en -9,9 puntos, llegando a su nivel más bajo desde noviembre del año pasado.
Respecto de las razones, la mayor caída en el optimismo fue la variable sobre la situación de oferta y demanda nacional que hoy enfrenta la industria, donde un 50% de las grandes empresas y un 33,3% de las empresas pequeñas manifestaron que existe un exceso de oferta, alternativa que exhibió un 18,2% de adhesión en las empresas grandes y un 25% de adhesión de las empresas pequeñas en la medición anterior.
Una historia distinta exhibió el rubro financiero, donde el indicador mostró una mayor confianza entre los empresarios.
De hecho, éste fue el único sector que no obtuvo resultados negativos, al ubicarse en 4,1 puntos.
Ahora bien, en julio dicho rubro experimentó un gran retroceso en términos mensuales, pues el indicador se situó en 4,1, comparado con los 19,5 puntos anotados en la medición anterior.
De acuerdo al estudio, los principales factores que afectaron esta contracción en el optimismo fue la variable sobre la proyección de los precios de los servicios de su organización en los próximos meses y la variable sobre la evolución de la producción en su compañía en los últimos tres meses. Ficha técnica El ICE es un índice centrado en cero, lo que significa que cualquier valor sobre cero representa optimismo de los empresarios. La encuesta en la cuál está basado se elaboró durante la primera quincena del mes. En esta ocasión se encuestaron empresarios correspondientes a los siguientes sectores: Comercio (49,2%), Industria (30,4%), Construcción (5,8%), Agrícola (6,4%), Minería (4,9%) y Financiero (3,3%).
Derecho y responsabilidad social POR ANTONIO HERNÁNDEZ-GIL, DECANO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID Lunes, 04-08-08 EN ABC PUEDO recordar a mi padre, presidente de las Cortes constituyentes, explicando cómo el artículo 1 de la Constitución combinaba, mejor que cualquiera de sus precedentes, los términos «Estado», «derecho» y «social» con el principio democrático y el valor de la justicia. La sujeción general al derecho se conjuga con el designio de superar todo posible formalismo en el camino hacia un orden social (más) justo. Bastaría alterar la disposición de cualquiera de las palabras para que su sentido fuera distinto y, seguramente, menos pleno: «España se constituye en Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo jurídico». No hay normas jurídicas irrelevantes y el espíritu constitucional, que a veces parecemos arrastrar con pasos cansados, ha dejado ideas nucleares con capacidad para atraer las transformaciones más actuales de la realidad social y el derecho. Treinta años de jurisprudencia constitucional han hecho escaso uso de esa noción del «Estado social de derecho», como si se tratara de una reflexión teórica, metajurídica, alejada de la posibilidad del conflicto a resolver en sentencia. Hay, no obstante, consenso en ver tras ella un criterio interpretativo de otras normas, en clave de interés general, y un principio inspirador de derechos sociales (educación, vivienda, salud, medio ambiente, trabajo) que impulsan la acción legislativa y de gobierno y dotan de finalidad a la economía de mercado, convirtiéndola también en «economía social de mercado». Son otros principios los que, en numerosas resoluciones de tribunales, han dinamizado el ordenamiento introduciendo la perspectiva de «lo social» como instancia conformadora de derechos subjetivos y fuente de obligaciones. Entre ellos, la función social de la propiedad en el art. 33 de la Constitución, anticipada en nuestra doctrina con la más primaria «función social de la posesión», o la prohibición del «uso antisocial» del derecho en el Código civil. Pero en estos casos la «función social» necesita de una norma previa, de la que nace el derecho que se limita, y, en suma, presupone la acción del Estado. Sin embargo, la valoración del ingrediente social de la convivencia y la aspiración de relaciones humanas más justas no pueden depender sólo de la acción pública o de la preexistencia de una norma que lo ordene. Todos estamos comprometidos, en un cierto sentido jurídico del término, con los demás y nuestro compromiso es anterior a la norma positivada, a la que no puede reducirse un derecho cada vez más abierto al mundo de los valores. Desde principios del siglo XX se sintió la necesidad de valorar el ingrediente moral en el derecho surgido del proceso codificador, sobre todo en el derecho civil como derecho de la persona, subrayando el papel rector de la buena fe, de la prohibición del abuso del derecho o de la moral y el orden público como límites a la autonomía de la voluntad. La evolución posterior es la historia de una mayor permeabilidad entre normas y valores sociales y éticos. Nuestro tiempo está saliendo de los esquemas individuales y liberales con que nació el Estado moderno a través de principios como el de la responsabilidad social o el reconocimiento de los derechos de las víctimas, con virtualidad no sólo para mitigar los derechos de otros, sino para superponerse a ellos, rompiendo criterios de igualdad formal. La responsabilidad social corporativa, por ejemplo, se ha convertido para las empresas en una exigencia del mercado -de la sociedad por tanto- que les obliga a ir más allá de las obligaciones legalmente establecidas para atender a sus empleados, consumidores, socios o proveedores, y mejorar la situación de las comunidades donde se proyecta su acción. Deben hacerlo con transparencia, de una forma regular que tiende a homogeneizarse para facilitar la evaluación y la comparación; incluso frente al mandato básico para las sociedades mercantiles de maximizar el beneficio de sus accionistas. La contradicción puede salvarse diciendo que la responsabilidad social corporativa es necesaria para atraer inversores y fidelizar clientes y empleados; pero la exigencia es anterior a la capacidad de aprovechar sus ventajas competitivas. Lo que está en juego es un concepto integrador y axiológico de «creación de valor» o «riqueza» (como en el art. 128.1 de la Constitución) frente al «ánimo de lucro» a corto plazo en el puro sentido mercantil. ¿Y por qué hablar sólo de responsabilidad social de las corporaciones? ¿No tenemos cada individuo una posición en la sociedad que, en mayor o menor grado, opera sobre los demás y tiene, aun modesto, un valor económico susceptible de redistribución? Los profesionales del derecho, y en particular los abogados, que operamos con el valor de la justicia como herramienta de trabajo y planteamos y resolvemos problemas complejos con el consejo, la mediación o la defensa, estamos acostumbrados a autoexigirnos esa función social que trasciende la relación con el cliente bajo la óptica de un encargo pagado y reunimos óptimas condiciones para liderar la búsqueda de la paz social. Hace no muchos años, debíamos prestar personalmente la asistencia jurídica gratuita a quienes carecían de recursos en un turno de oficio obligatorio y no remunerado. Hoy, al margen de la insuficiente compensación de esas prestaciones, soportamos todos, a través de los Colegios de Abogados, con nuestras cuotas, servicios de orientación y asistencia jurídica a los ciudadanos -inmigrantes, víctimas de violencia de género, presos- que van más allá de cualquier deber legal y de una valoración económica. Socializamos, desde el privilegio a veces dudoso de un título profesional, el retorno a la comunidad de lo que la comunidad nos ha dado; pero, si se me permite una valoración personal, la medida de esa redistribución es todavía muy pequeña: choca con formas decimonónicas de sensibilidad y organización. En el último año todo un expresidente de los Estados Unidos escribe un libro sobre «Dar; cómo cada uno de nosotros puede cambiar el mundo», y un vicepresidente recibe el premio Nobel por su labor sobre el cambio climático desafiando los intereses económicos de grandes firmas que, a su vez, se enfrentan a organizaciones no gubernamentales que reciben de inversores institucionales el encargo de demandarles mayor responsabilidad social, erigiéndose en nuevos interlocutores lejos de su antigua marginalidad. Estamos ante un cambio profundo que trasciende de los meros estados de opinión para afectar a la dimensión social del derecho. No hablo de una transición fluida y lenta, sino de un cambio de modelo en cuyo tránsito se difumina la frontera entre lo voluntario y lo obligatorio. No es sólo que el mercado como sujeto abstracto requiera de tales acciones sociales, sino que éstas son reivindicadas por sus beneficiarios: los trabajadores que reclaman políticas de formación, igualdad efectiva o conciliación; las comunidades afectadas por el impacto medioambiental de una empresa que piden compensaciones más allá de lo legalmente previsto o el derecho a ser informadas y oídas (¿sólo oídas?) para la adopción de políticas industriales que afecten a su medio. Las cuestiones pueden escalarse: el respeto a los contratos firmados, el sistema tributario, las reglas de juego de la inversión, parece como si pudieran alterarse de la noche a la mañana invocando «derechos históricos» o «nuevos derechos» de sujetos individuales o colectivos -los tiempos y los espacios se comprimen- que no eran «el derecho» dado. Es el Derecho -y el concepto mismo de Derecho- lo que cambia; y ese cambio requiere de altas dosis de responsabilidad: equilibrio de intereses económicos, respeto a los principios que sustentan un marco constitucional de enorme capacidad transformadora, y el esfuerzo y la imaginación de todos para impulsar el proceso y, más allá de nuestras estrechas y un tanto ilusorias fronteras, dotarnos de las instituciones globales que son imprescindibles para una sociedad más global y solidaria. ANTONIO HERNÁNDEZ-GIL Decano del Colegio de Abogados de Madrid más información: pincha aquí
BIOETICA Objeción de ciencia (Rafael VARGAS) El encabezamiento es de la presidenta de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica (AEBI), Natalia López Moratalla. Oímos voces contra el derecho de los médicos a objetar a técnicas y actos que no tienen como objetivo curar sino más bien lo contrario, y las autoridades político-sanitarias del Govern no esconden su sintonía con las de Madrid en idear normativas contra el ejercicio sin restricciones por los médicos del derecho constitucional a la objeción de conciencia.
La solución jurídica no puede consistir en imponer un registro del personal sanitario de objetores de conciencia al aborto, y de esta forma poder cerrar puertas por sus convicciones al profesional fichado. Toda regulación que incluya alguna forma de registro supone una discriminación por convicciones. Pero viene la presidenta, a la que no faltan títulos como científica de altura, a poner argumentos sobre la mesa: una normativa obligatoria tiene que aprobar el examen de racionalidad terapéutica, del buen hacer del arte de curar. Si no pasa el examen, ¿con qué legitimidad puede poner contra las cuerdas al profesional a quien pretende obligar a cumplirla? La ciencia avanzó en los 23 años desde que se despenalizó el aborto: podía ignorarse entonces el peligro que el aborto supone para la salud mental de una mujer, pero hoy se sabe que la interrupción voluntaria ha creado ya un aumento espectacular del síndrome post trauma, de graves consecuencias.
El conocimiento del riesgo para la salud mental de la madre es de por sí suficiente para justificar la objeción de ciencia del profesional sanitario al aborto: la asistencia médica se orienta a que el acto médico no cree un riesgo para la salud mayor que el que el paciente ya tiene. Hace 23 años se podía pensar que en determinadas condiciones, un embarazo ponía de hecho en peligro la vida de una mujer y su salud física. Hoy no hay que recurrir al aborto para tratar las dolencias de la mujer embarazada. Hace 23 años un profesional sanitario podía pensar que «alguien tendría que hacer» los abortos en condiciones higiénicas para evitar que la clandestinidad pusiera en riesgo la vida de la embarazada. Hoy nadie puede tener el poder de obligar a un profesional a realizar abortos para ocupar un puesto en la sanidad pública, so pena de poner en riesgo su carrera y pasar a una especie de clandestinidad profesional si se niega. Sí corresponde al médico el diagnóstico riguroso de la existencia de malformación o grave enfermedad no curable del feto y de la existencia de un riesgo real de la gestación para la salud de la madre. Pero la ética médica exige la veracidad de la certificación de tales diagnósticos: es un hecho que los poderes públicos no han exigido el cumplimiento de la legislación sobre el aborto, al permitir que se hagan impunemente fuera de los supuestos despenalizados. Con ello, la demanda de asistencia sanitaria pública y gratuita ha alcanzado cifras impensables. Y se ha generado la percepción social de que existe el derecho a abortar y que un profesional de la salud tiene el deber de matar al hijo no deseado. Hace 23 años alguien podría dudar de la existencia de una vida humana individual después de la fecundación, hoy hay razones de ciencia que impiden la duda. La razón esencial que justifica la oposición del personal sanitario al aborto es que participar en la destrucción de la vida de un feto humano no es un acto médico. Es una objeción de ciencia.
Ley de lobby en Taiwan ( TRADUCCIÓN DE GOOGLE ) Lobbying Derecho a Hit the Road en Agosto 8 2008/08/04 | | Taipei, Agosto 4, 2008 (Cens) - El Lobbying Ley se llevará a efecto en Agosto 8, Taiwán toma el tercer país del mundo con la promulgación de la ley, lo que exigirá que todos los grupos de presión para llevar a cabo su operación en una manera transparente.
Según la ley, cuya promulgación lleva 18 años y la participación de legisladores en seis términos, a los posibles grupos de presión, sean ellos las empresas o las organizaciones empresariales, grupos de presión deben presentar informes a las asambleas elegidas o de gobierno a distintos niveles antes de cabildeo para la modificación o revocación de los proyectos de ley, los casos objeto de deliberación, o políticas. Las instituciones afectadas también deben conocer el contenido de las actividades de cabildeo.
Un gran avance de la llamada legislación sol, la nueva ley exige que los grupos de presión para registrar su establecimiento y las finanzas, además de hacerla obligatoria para ambos grupos de presión y cabildeo de sus objetivos para revelar información relacionada. Los grupos de presión que ocultar esa información y ex funcionarios públicos que participan en actividades de cabildeo en violación de la puerta giratoria artículo será sancionada con una multa que van NT 500000-2.5 millones de dólares.
La ley también regula que los representantes electos no pueden ejercer presión o confiar a otros para presionar en favor de los intereses de las empresas gestionadas por ellos o por sus partes vinculadas o invertido por ellos o por sus partes vinculadas que poseen más del 10% de las participaciones.
La ley tiene por objeto eliminar en virtud de la mesa las prácticas de la comunidad empresarial en los últimos intentan tener los legisladores promulgar o revisar proyectos de ley en direcciones favorables a sus intereses.
(por Philip Liu) |
COORDINADORA SOCIAL, POR UN MUNICIPIO DEMOCRATICO 
Por Sergio Vásquez Ochoa Contador Auditor – Magíster en Gestión Pública Integrante del capítulo Chileno del Ombudsman Estamos en un momento crucial respecto a las nuevas elecciones municipales. Nuevas esperanzas, nuevos sueños, de días mejores. Algunos ya han perdido la fe, pero debemos avanzar, positivamente, constructivamente. Una ciudad sin sueños, sería como una ciudad sin vida. Después de la tormenta y de la noche política local, siempre hay un amanecer y esa es nuestra visión. El pasado lleno de odios, la desunión planificada casi cruelmente, como en tiempos de dictadura, en nuestra Arica. La perfidia del hombre, sus ambiciones ilimitadas y personalistas, el poder por el poder - deben pasar a la historia en nuestra amada Arica. ¡Porque cuesta tanto abrazarnos hoy!….dice la canción. Esa es tarea nuestra. El reencuentro fecundo, entre los ariqueños. Elegir a los mejores. Humanamente, técnicamente y con una moral y ética a toda prueba. Los que mantengan y promuevan la unidad de la gran familia ariqueña. Ellos debieran ser los electos. Los candidatos se han alineado y definido. Estamos en tiempos del Bicentenario. En los tiempos que por obra y gracia de los avances tecnológicos, el ciudadano común, se acerca a la información gubernamental y a una educación más amplia, en todo sentido. Puede interactuar incluso y lo hemos comprobado satisfactoriamente. Hoy, podemos saber desde nuestros hogares, como funcionan las democracias y las instituciones de las mayorías de los países, sólo apretando una tecla, dicho figuradamente. Es justo reconocer, que el Chile Digital de los Gobiernos de la Concertación, constituyen un esfuerzo valioso. Que debe perfeccionarse cada día, por obra de la autocrítica y de legítima cobertura a la ciudadanía, que los tiempos demandan. La ciudadanía, necesita y exige una Participación plena. Ello conlleva a un esfuerzo en dúo: Las instituciones públicas y una comunidad que exige con conocimiento, capacitación y aporte constructivo. La tarea no es sólo del aparato fiscal e institucional, sino también de sus ciudadanos y dirigentes, que deben ir en busca de la información, estudiar y trabajar pensando en el interés común. No esperar que le vayan a buscar a domicilio (algunos), como aquel "jugador estrella" que se hace querer en demasía. La Metrópolis, sobre la que tanto reclamamos su olvido…en muchos casos razonablemente,…..no tiene que ver en nuestros esfuerzos…..en levantarnos más temprano….Somos Región….la tarea es nuestra ahora. No necesitamos un Manual hecho en Santiago, para saber dónde, cuando y cómo hacer. Basta, de tanta súplica y cruzarnos de brazo, como niños amurrados. Demostrémosles al resto del país, todo lo que podemos hacer. Por hoy, son altamente valorables las webs ministeriales, decíamos. Igualmente algunas Webs o Páginas de municipios de la capital especialmente, como Santiago, Las Condes. Otras aún en pañales asoman tímidas, como con temor y no se estructuran con real aporte de información relevante a la comunidad. Más bien tiene la forma de espacio propagandístico del alcalde de turno. Las OIRS – Oficinas de Información – Reclamos y Sugerencias, son un nuevo y valioso, mecanismo de Participación Ciudadana, donde el usuario de Servicio Público, puede expresar sus reclamos, los que serán respondidos en plazos definidos. Igualmente sugerencias, para mejorar como también el reconocimiento y felicitación al funcionario, que se muestra atento, gentil y de especial apoyo a los usuarios. Todos necesitamos también el reconocimiento, aún cuando sea un sentimiento escondido en el alma - al buen aporte y no el brutal…..¡¡para eso te pagan!! Los cambios de autoridad, han significado en los Municipios, incluso en otros Ministerios, que funcionarios capacitados, profesionales, con una riqueza de experiencia, que no puede ser despreciada – con costo a la calidad del servicio que ofrece el Servicio a la comunidad, sean trasladados a funciones menores, humillados….por "no ser de su confianza". Política bestial y autoritaria de otrora, que lamentablemente se repite con directivos políticos, con escasa experiencia fiscal y que gobiernan con equipos humanos poco visionarios. Y quienes deben ejercer justicia a los funcionarios, no acusan recibo. Es este, un marco definido muy parcialmente, de una realidad actual que no podemos desconocer, desde la perspectiva de los Servicios Públicos y de sus usuarios. En los últimos tiempos hemos visto una diversidad de acontecimientos, acerca de avances en el funcionamiento de los Municipios, como de lamentables casos de corrupción. Arica sumida en luchas personales jamás vistas y el costo lo paga la comunidad. Ante esta realidad, necesitamos avanzar constructivamente, planificadamente y para eso necesitamos "rayar la cancha" a nuestros candidatos a concejales y alcaldes, para lograr el cumplimiento de ciertas tareas y metas previamente definidas, al menos en las propuestas y necesidades que la comunidad organizada sugiere a los candidatos, aparte de sus planes de Gobierno comunal. Propuesta Crear una coordinadora social, conformada por diversas organizaciones sociales, organizaciones que sobre las preferencias políticas de sus integrantes, exijan ciertos Compromisos a los actuales candidatos al Municipio. Al respecto, lanzada la idea – ya hemos recibido la adhesión de algunas organizaciones, como de ciudadanos comunes, en este Compromiso, que debieran firmar los candidatos a concejales y alcalde, en una Notaría, aspectos a afinar estos días previos a las elecciones. EN LO CONCRETO, ALGUNAS PROPUESTAS DE COMPROMISO: 1.- Comprometerse a mantener los Presupuestos Participativos en el Municipio. En lo posible aumentar el actual monto 2008 de $ 250.000.000.- 2.- Compromiso de Cuentas Públicas (Alcalde y todos los concejales) cada 6 meses a lo menos. Esto en recinto público. Con invitación programada a la sociedad civil. 3.- Compromiso de capacitación sobre gestión Municipal a lo menos de 3 meses, una vez asumidos sus cargos. Necesitamos alcaldes y concejales preparados y claros en su rol. No deseamos tener simples representantes políticos en los cargos, sin aportes de valor – que expresen el clamor y necesidades de la ciudadanía. 4.- Compromiso de reestructurar la Web Municipal, la cual debe contener todas las Actas de las sesiones de Concejo, en forma activa. Esta web debe contemplar una base de datos informativa acerca de todos los proyectos Municipales y las entidades que se los han adjudicado. Igualmente publicación de Balances Generales – Bimensuales, que permita observar el estado patrimonial y de resultados de la municipalidad en el tiempo. Mejorar la oferta de servicios actuales. Igual el espacio CONTACTO, canal de expresión permanente para los usuarios del municipio. Decimos entonces, mayor transparencia para los ariqueños, condición que permite legitimar socialmente la gestión municipal. 5.- Cada concejal, debe tener correos electrónicos funcionando activamente con la comunidad. Ello implica oficinas de los concejales implementadas con PC, impresoras, Internet y en línea con los distintos departamentos municipales. Todo Concejal, debe disponer de una secretaria (o) de apoyo para agilizar su correspondencia social e institucional. 6.- Plebiscitos. Es este el más justo y valioso mecanismo de participación democrática, que necesita una comunidad. Arica, nunca más debe verse expuesto a ventas por ejemplo como el caso "Terminal internacional", que hoy ofrece cero aporte a su mejora a partir de su venta. Toda venta importante de parte del patrimonio municipal, debe ser sometida a Plebiscito ciudadano. ¡¡¡La gente decide!!! Igual condición para temas relevantes de interés comunitario. 7.- Canal de TV. ABIERTO Los esfuerzo, para que sea visto en toda la ciudad y no solamente por quienes tengan cable, lo que es discriminatorio económicamente. Canal que se transforme en una herramienta de integración Y PARTICIPACION comunitaria, con espacios a las organizaciones sociales, universidades, estudiantes, departamentos municipales interactuando con la comunidad. Capitalizar su existencia para la promoción del Turismo e inversiones en la Región. Transmisión de todas las sesiones de Concejo, en vivo. 8.- Actualización de la Ordenanza Municipal. Debe participar la comunidad organizada en su transformación, ya que el protagonista es el ciudadano común y sus organizaciones. Amerita un Congreso o Seminario con la ciudadanía organizada, por el crisol de temas a reglamentar por ello su importancia. La convivencia ciudadana, el orden social, las sanciones, etc. La comunidad no puede seguir siendo olvidada en su estructuración. Ya lo aplican muchos municipios del mundo en cuanto a la Participación ciudadana. 9.- Salud Municipal. Visita programada de los concejales a cada Consultorio Municipal de salud, para imponerse de su funcionamiento, demandas de sus usuarios, niveles de stocks de medicamentos, funcionamiento de las OIRS, calidad de atención, problemas vigentes. Un medio de apoyo valioso, son los concejos de participación de apoyo de cada consultorio, que debieran mantener blogs, para interactuar con los vecinos - los que deben mantener una comunicación permanente y estrecha con los concejales y alcalde – tarea ciudadana y de las autoridades. 10.- Educación Municipal. Similares esfuerzos como en Salud. Los concejales deben tener clara la Misión del SERME, como sus objetivos. Aspirar a la mejor educación a nuestros estudiantes y ello implica control y apoyo permanente. La interacción con los Centros de Apoderados de colegios, como de centros de alumnos, deben programarse, para captar los problemas y necesidades, con fines de solución efectiva. Esta tarea de difusión. Un sólo afán: ARICA. Por un Municipio más democrático y transparente.
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