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jueves, septiembre 05, 2013

POR DECLARACION DE ASOC DE MAGISTRADOS

Corte Suprema revisará el emplazamiento de jueces sobre su actuación en régimen militar

Asociación de Magistrados pidió ayer perdón e instó a los ministros a reflexionar por sus actuaciones durante dicho periodo.

Vocero del pleno, Hugo Dolmestch, calificó como "dura" la declaración y dijo que será estudiada.

por A. López y L. Ferraro - 05/09/2013 - 07:15
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A una semana de la conmemoración de los 40 años del Golpe Militar, la Asociación Nacional de Magistrados -que reúne al 70% de los jueces del país- divulgó ayer una declaración pública en que pide "perdón" a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos e insta a la Corte Suprema a reflexionar "en relación con sus propias actuaciones y omisiones del pasado".

La carta, que generó sorpresa en el pleno de la Corte Suprema -muchos de sus jueces desconocían su contenido hasta entrada la tarde-, había comenzado a gestarse hace días en el seno de la comisión nacional de derechos humanos de la asociación.

Sin embargo, fue a principios de esta semana que los siete directores de esa instancia, en forma unánime, dieron su apoyo a la misiva de dos carillas que se distribuyó ayer.

Según fuentes de la asociación, la iniciativa busca desmarcarse de las actuaciones institucionales que el máximo tribunal tuvo durante el régimen militar y emplazar a la corte a generar un gesto similar.

"Consideramos que esta acción por parte de la asociación queda incompleta si la Corte Suprema no hace una reflexión crítica en los mismos términos respecto de sus propias responsabilidades. Esperamos que tenga en consideración que para los jueces esto es importante y, por tanto, se pronuncie", señaló la vicepresidenta de la asociación, Francisca Zapata.

La declaración de la entidad detalla que los miembros que integraban el máximo tribunal en ese período incurrieron en "acciones y omisiones" mediante la inadmisibilidad y rechazo a recursos de amparos; por la "negativa sistemática a investigar las acciones criminales" y por la "renuencia a constituirse personalmente en centros de detención y tortura".

En el marco del mea culpa que han realizado en los últimos días figuras políticas de distintos sectores, como Hernán Larraín (UDI) y Camilo Escalona (PS), la asociación pide perdón "sin ambigüedades y equívocos" a las víctimas, los deudos y a la sociedad chilena.

El Presidente Sebastián Piñera había apuntado, durante el fin de semana en una entrevista a La Tercera, al rol del Poder Judicial durante el gobierno militar. En esa oportunidad, el mandatario -tal como se señala en la misiva de los magistrados- puso el acento en la actitud pasiva de los tribunales respecto a los recursos judiciales que alertaban sobre las violaciones a los derechos humanos.

Revisión del pleno

La misiva de los magistrados será revisada en un pleno de la Suprema en las próximas horas. "Creo que esto se va a estudiar, no sé si mañana (hoy) o el viernes. Es una decisión que tenemos que ponderarla y calificarla", dijo a Canal 13 el vocero de la Suprema, Hugo Dolmestch.

El ministro también calificó como "dura" la declaración y junto con agregar que "yo no siento como persona que tenga que pedir perdón" también señaló que "las informaciones que llegaron en esa época eran muy sesgadas, casi no había información".

Además de sorpresa, entre los miembros del máximo tribunal existía ayer incomodidad por el emplazamiento de los jueces, quienes por primera vez de manera colectiva explicitaron su incomodidad con el actuar de sus pares en el régimen militar.

Según señalaron algunos de los integrantes de la Corte Suprema contactados por este tema, el contenido del texto deber ser analizado.

Uno de los ministros afirmó que tiene dudas respecto a que exista un pronunciamiento colectivo como el demandado por los magistrados debido a que este tipo de acciones son individuales. En esa línea, recordó que la Corte Suprema en los últimos años se ha manifestado de manera reiterada contra la prescripción de los delitos asociados a violaciones a los derechos humanos.

Agregó que la demanda de los jueces podría ser vista con recelo entre los miembros del máximo tribunal, donde se sostiene que una señal en esa línea del pleno está enfrentado a un "escenario forzado".
























































































































































Fuente:LATERCERA 

Saludos
Rodrigo González Fernández
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abusos sexuales y violación en prisiones

En el esfuerzo para poner fin a violaciones sexuales en prisión, las preguntas sobre la independencia de un monitor

Tomó años para promulgar normas más estrictas para la investigación y sanción de la violencia sexual en las cárceles y prisiones de la nación. Ahora, hay frustración por la forma en que se aplican esas reformas. (Adam Fagen, Flickr )

por Joaquín Sapien
ProPublica, 30 de agosto 2013, 8:57 am

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Después de más de una década de esfuerzos legislativos nacionales para poner fin a las violaciones en prisión, este mes se supone que produce una importante victoria: auditorías formales de las prisiones y cárceles de todo el país que la crónica más fiable incidentes de abuso sexual y las consecuencias para sus autores.

Pero ese momento de un posible progreso ha resultado ser más complicado de lo que muchos esperaban. La primera ronda de auditorías se llevará a cabo principalmente por la Asociación Correccional Americana (ACA), la misma organización que ha sido criticado en los últimos años por no identificar y abordar los problemas de seguridad en las cárceles de todo el país.

La ACA , con sede en Virginia, realiza una serie de servicios para la industria de correcciones: se ofrece formación a los guardias y otros funcionarios, conferencias hosts y grupos de presión en Washington. Pero es quizás mejor conocido por su servicio de acreditación. Los funcionarios de prisiones pagan la organización para evaluar las instalaciones en temas como la salud recluso, saneamiento, servicios de comida, y la capacitación del personal. Se buscó la bendición de ACA, en parte, para ayudar a las prisiones defienden contra demandas de presos.

Ahora, como parte de la legislación destinada a reducir la incidencia de las agresiones sexuales en la cárcel, el ACA se encargará de ayudar a asegurarse de que las cárceles de adultos, estatales y federales y centros de detención de menores que acredite investigan adecuadamente las denuncias de abuso sexual, disciplinar a los guardias y reclusos y proporcionar atención médica adecuada a las víctimas.

El desarrollo ha consternado algunos de los implicados en la mejora de la seguridad de las cárceles del país.

"Si algún grupo estaban estrechamente ligada a la policía, ¿de verdad ir a ellos para quejarse de la brutalidad policial", preguntó Jack Beck, director de la Asociación Correccional de Nueva York, una organización sin fines de lucro dedicada a los esfuerzos de reforma penitenciaria.

"Esta es una forma de gestionar todo esto por lo que no se va a mover el bote demasiado", dijo Beck.

La Asociación de Prisiones de Estados Unidos aún no ha respondido a las preguntas de esta historia. Si lo hacen, vamos a publicar una actualización.

Rep. Bobby Scott, D-Va., Que ayudó autor de la legislación nacional, conocida como la Ley de Eliminación de Violaciones en las Prisiones, dijo que se siente cómodo con el manejo de la ACA trabajo.

"Es la organización natural de hacer las auditorías", dijo Scott. "Si ellos resultan no ser tan agresivo, entonces se convertirá en un problema. Pero yo no creo que sea un problema ahora. Estas personas tienen mucho invertido en su profesionalidad ".

El Departamento de Justicia de EE.UU., que desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de la legislación, envió un comunicado de cuatro páginas en respuesta a las preguntas de esta historia. Dijo que el primer grupo de auditores se "elegido a dedo", pero no se refirió a las preocupaciones acerca de la conveniencia de llevar a cabo las auditorías ACA abuso sexual. El departamento dijo que se requerirán sesiones de capacitación obligatorios para todos los auditores, no importa para quién trabaja.

Con los años, el trabajo de la ACA de los centros penitenciarios del país ha sido examinada por los tribunales federales y ocasionalmente hallado falto.

En enero de 1999, un Tribunal de Distrito de EE.UU. en Texas presidió una demanda presentada por los prisioneros que afirmaron haber sufrido abusos por los guardias y otros presos. Después de tres semanas de duración, la audiencia de determinación de hechos, el tribunal encontró que violaciónes constitucionales fueron generalizados , esto a pesar del hecho de que las cárceles del estado fueron acreditados por la ACA.

El tribunal consideró que los reclusos en prisiones estatales de Texas viven "en condiciones que permitan un riesgo considerable de abuso físico y sexual por parte de otros internos, así como el uso malicioso y sádica de la fuerza por los funcionarios de prisiones." Además, el tribunal determinó que el Estado "no a tomar medidas razonables para proteger los reclusos vulnerables de otros presos, depredadores y, empleados estatales físicamente agresivos exceso de celo ".

Los tribunales han llegado a conclusiones similares sobre las condiciones en las cárceles ACA acreditados en California y Florida.

Amy Fettig, senior asesor personal de la Unión Americana de Libertades Civiles, dijo que tal historial socava la credibilidad de la ACA como un agente eficaz en el impulso de limitar verdaderamente la violencia sexual en las cárceles del país. Fettig y otros defensores están presionando al Departamento de Justicia que amplíe el grupo de auditores potenciales para incluir opciones distintas de la ACA.

Esas opciones podrían incluir jueces o abogados u otras organizaciones con experiencia en temas de correcciones. La ACLU, que no acepta fondos gubernamentales, no sería un candidato.

"Tenemos que asegurarnos de que estas auditorías son parte de un proceso significativo.De lo contrario, estamos perdiendo la oportunidad de crear instalaciones más humanas ", dijo Fettig.

El impulso para hacer frente a las agresiones sexuales en prisión - la violencia que incluyó a los reclusos y funcionarios de prisiones, así - se inició hace décadas, y estuvo marcada por los contratiempos y años de retraso.

En 1968, un activista llamado Tom Cahill fue arrestado en una protesta contra la guerra y enviado a una cárcel de San Antonio, donde se dice que fue violada y golpeada en serie a lo largo de 24 horas. Luego, él dedicó su vida a poner fin a este tipo de violencia tras las rejas. Se llevaron a cabo una huelga de hambre de 60 días fuera de San Quentin, escribió innumerables cartas a los legisladores, y comenzó una organización sin fines de lucro llamada Rape parada prisión.

En los años 1990, Cahill ganó la atención del congresista Frank Wolf, R-Va., Que, en colaboración con Scott, comenzó a trabajar en la redacción y adopción de la legislación.

En 1998, se introdujo una legislación en el Congreso que buscan una amplia gama de reformas y requisitos, incluyendo una mejor capacitación para el personal de la prisión y de rendición de cuentas clara y medidas de investigación. La ley nunca llegó a una votación en el pleno.

Pero en 2003, una legislación similar ganó mayor apoyo y dio lugar a lo formal acto violación en las cárceles .

La medida pide la creación de una comisión nacional compuesta por abogados y funcionarios penitenciarios. La comisión tenía que examinar el problema y recomendar una serie de normas dentro de dos años. Le tomó cinco.

La comisión emitió un informe en 2009, y en ese momento se suponía que el Departamento de Justicia para adoptar y hacer cumplir las reglas basadas en las recomendaciones de la Comisión en el plazo de un año. Le tomó tres.

Las reglas finales fueron puestos en libertad en junio de 2012. Pidieron que la tolerancia cero de los abusos sexuales en las cárceles, el aumento de la formación del personal penitenciario, y requieren auditorías independientes de todos los establecimientos de reclusión, una vez cada tres años.

Sin embargo, los requisitos se aplican a todas las instalaciones federales. Los Estados pueden optar por cumplir con ellos o no, pero el riesgo de perder fondos federales si no lo hacen. La legislación exige una reducción del 5 por ciento en el financiamiento federal para cualquier estado observado que están a la altura de los esfuerzos de reforma.

Pero siguiendo la ley costará estados dinero. Algunos sistemas penitenciarios tendrán que reformar sus sistemas de vigilancia, contratar más personal, y poner en práctica nuevos mecanismos para los internos para reportar el abuso sexual. Algunos gobernadores podrán decidir que, dado el costo de la reforma, sino que más bien aceptaban la reducción del presupuesto en su lugar.

El Departamento de Justicia no ha hecho público que los estados han aceptado cumplir y cuáles no. La primera auditoría se llevó a cabo la semana pasada en una prisión federal en Virginia Occidental, los dos siguientes se llevarán a cabo en las instalaciones federales en Pennsylvania e Illinois.

Los defensores que reivindicaban la legislación son en su mayoría orgullosos del resultado final, pero sienten que no necesitan tomar tanto tiempo.

"La Ley de Eliminación de Violaciones en Prisión y las normas son hitos reales en la lucha de una vez por todas eliminar el abuso sexual durante la detención. Habiendo dicho eso, creo que es una verdadera lástima que tuvimos que luchar tanto tiempo y tan duro para los estándares PREA ", dijo Lovisa Stannow, que ahora dirige el Los Angeles-basada Just Detention International, que se desarrolló fuera de la organización no lucrativa que Cahill empezó hace décadas.

"Estas normas deberían haberse desarrollado más rápidamente, y que hubiera sido posible conseguir que se hagan más rápidamente si no hubiéramos estado en contra de las correcciones realmente intensa oposición por muchos años."

Stannow y otros defensores se han comprometido a supervisar la primera ronda de auditorías vigilante para detectar cualquier signo de clemencia.

"Creo que estamos cautelosamente optimistas", dijo Chris Daley, sólo el representante de Detención Internacional en Washington, que también señalaron que las instalaciones se les da un plazo para corregir las deficiencias identificadas en las auditorías. "Eso es una indicación de que las auditorías no son sólo acerca de la transparencia, sino transformando el medio ambiente dentro de una instalación de manera que las normas no son sólo políticas sino prácticas reales."der

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bancoestado , el sernac y los socialistas

BancoEstado, el Sernac y los socialistas de ayer y hoy

*Edison Ortiz es Dr. y profesor universitario.

Esta semana la Comisión de Economía votaba el informe sobre los cobros en BancoEstado, el que más allá de su resultado y de la politización del tema en el Congreso, entregó argumentos contundentes para responsabilizar al Sernac por el abuso cometido en el cobro unilateral por la mantención de las cuentas de ahorro a la vista que afectó a 570.514 libretas. Este fue implementado por el Comité Ejecutivo del Banco con el sustento de que "en ese momento era una herramienta que no se autofinanciaba, y de no realizarse el cobro, tenía que desaparecer". Si bien todo auguraba que la comisión no responsabilizaría a la entidad bancaria, puesto que por ser un ente autónomo tomó las medidas con el aval de las circulares de la SBIF las que, sin embargo, no estaban contenidas en los contratos con los ahorrantes, lo que puso en evidencia, además, la escasa rigurosidad de los ejecutivos de la época y dieron así origen a la figura del cobro indebido. No corrió la misma suerte el Sernac pues "la comisión considera responsable por omisión y por incumplimiento del principio de inexcusabilidad, al no hacerse parte de la demanda presentada por Conadecus, durante los años 2004-2013, aun habiendo sido notificado por el propio tribunal de la existencia de dicha demanda".

Como se sabe, toda presentación en tribunales por parte de organizaciones de consumidores es remitida directamente al Sernac, cuyos directivos tuvieron en sus manos copia del litigio y no respaldaron nunca la acción de Conadecus, habida consideración que el caso se ventila desde el 23 de noviembre de 2004, fecha en que se presentó tal acción ante el 17° Juzgado Civil de Santiago y que llegó incluso hasta la Corte Suprema, la que llamó finalmente a conciliación a las partes y dictaminó que el Banco pagara una indemnización por más de cinco mil quinientos millones de pesos. Repito, el Sernac, pese a que tenía un mandato legal, jamás se hizo parte en el proceso y sólo accedió a la demanda en marzo de 2013, cuando la instancia estaba ya en su trámite final. Por eso, la conclusión del informe es ineludible: "Una oportuna y efectiva actuación del Sernac en este caso pudo haber limitado a un tiempo bastante más reducido el sufrimiento vivido por las víctimas, pudiendo haber recibido las compensaciones muchos años atrás".

Y es que el caso del Sernac, como el del Banco Estado, involucran sensiblemente a dos administraciones que se caratulaban como socialistas —la de Lagos y Bachelet— e implicaron directamente a dos de sus militantes: Jaime Estévez y José Roa. El primero es recordado también porque mientras encabezaba el Banco que hacía esos cobros, la entidad paralelamente le aprobaba un suculento préstamo de 130 millones de dólares al Grupo Luksic y, curiosamente, luego el propio Estévez se integró al directorio del Banco de Chile de propiedad de los mismos. Y está José Roa, quien durante el anterior gobierno de Bachelet, tal como lo señala la investigación de la comisión de Economía, como director de ese servicio, no sólo contó con toda la información al detalle del proceso que se llevaba contra el Banco sino que, como responsable de velar por el cumplimiento de la Ley del Consumidor, no hizo ninguna acción en defensa de los pequeños ahorrantes cuyos patrimonios fueron así reducidos.

Muy distinto, por cierto, de los socialistas de la transición, metidos hasta el tuétano con los poderes fácticos: fotografiándose de huasos con Agustín Edwards, siendo procesados y detenidos por corrupción, promoviendo las privatizaciones a la vez que se defendía a Pinochet, siendo miembros de los directorios de las empresas del Transantiago que le hacen la vida miserable a los metropolitanos, "amados" por los banqueros, disponiendo préstamos a los Lucksic mientras al mismo tiempo se expolia con cobros indebidos a las "señoras juanitas".

Y es que a propósito de los 40 años del derrocamiento de Allende es imposible evitar la comparación entre los socialistas de ayer y los de hoy. Se sabe que el lema de los primeros fue "podremos meter las patas, pero jamás las manos" y al parecer lo cumplieron a cabalidad. Pues, por más que la dictadura se empeñó en vincular a los ex jerarcas de la UP en casos de abuso y corrupción, nunca pudieron aportar antecedentes que avalarán esa presunción de los golpistas. Allende (y también esa generación) son recordados hoy como símbolos universales de los valores democráticos. De hecho, donde hay una marcha bregando por una causa justa, hay también una bandera con su rostro. Muy distinto, por cierto de los socialistas de la transición, metidos hasta el tuétano con los poderes fácticos: fotografiándose de huasos con Agustín Edwards, siendo procesados y detenidos por corrupción, promoviendo las privatizaciones a la vez que se defendía a Pinochet, siendo miembros de los directorios de las empresas del Transantiago que le hacen la vida miserable a los metropolitanos, "amados" por los banqueros, disponiendo préstamos a los Lucksic mientras al mismo tiempo se expolia con cobros indebidos a las "señoras juanitas" y algo peor aún: negándose a realizar primarias cuando el resultado les podía ser adverso y, todos ellos, seguidos a coro por esa masa ingente de intelectuales, cuyo propósito en la vida parece ser más bien la pantalla y los cargos que ofrece el duopolio que decir algo sensato que pueda incomodar al poder.

Y es que hoy, aquella frase célebre de Altamirano pronunciada en 2002 replica como un martillo: "Los socialistas no se renovaron, sino que se acomodaron". Con igual fuerza, en una fecha similar, le responderá a la consulta del Presidente Lagos sobre cómo sería recordado su gobierno, con un irreverente: "Tú serás recordado como el mejor Presidente  de derecha que ha tenido Chile, los banqueros están orgullosos de ti".

La opinión transversal de la comisión de Economía de la Cámara respecto de las faltas del Sernac en el caso del cobro del Banco Estado a los pequeños ahorrantes —cuya existencia parece que sólo queda registrada en los discursos—, así como varios de los casos aquí citados son, al parecer, a propósito de los 40 años, buenos ejemplos de la distancia abismal de Allende y esa generación de socialistas no sólo con los golpistas sino que, también, con sus propios herederos los que, como los hijos imbéciles de la gente que ha amasado fortuna trabajando de sol a sol, se dedicaron en los últimos 20 años únicamente a malgastar el capital acumulado que dejaron sus padres. Y esto lo digo, incluso, literalmente.

Una sincera reflexión de esa generación sobre Allende debiera iniciarse con un mea culpa honesto por los errores de la transición. Pero no lo harán. Al igual que la derecha que respaldó el Golpe no les nace hacerse una autocrítica, porque así como los primeros se descubrirán cómplices o asesinos, vaciando de sentido su relato sobre ese episodio, los segundos se revelarán transformistas, acomodados, incluso entregados a un proyecto ajeno, enajenados de un relato de construcción popular. Es más fácil lo otro: el mensaje fácil, el discurso ambiguo, para que sigan desempeñando su papel los Estévez, los Roa, los Garretón, los Insulza y también todos los otros: los bufones del sistema, los saltimbanquis que hacen reír a la corte y al monarca, que incluso llegan a ocupar sus oficinas, como símbolo de integración, para hacernos creer que el modelo funciona, mientras éste se sigue cayendo a pedazos. Ya tendremos oportunidad de comprobarlo nuevamente el próximo 17 de noviembre, pues al otro día, después de la resaca, lo más probable es que todo continúe igual.

Fuente:elmostrador

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CORTE SUPREMA

"Hugo Dolmestch: "La Corte Suprema se reunió y apoyó el golpe militar 

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Fracisco Castillo | Agencia UNO

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Publicado por Javier Cisterna | La Información es de Radio Bío-Bío

Previo a una nueva conmemoración al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, el vocero de la Corte Suprema Hugo Dolmestch – en entrevista con CNN Chile – sostuvo que según su mirada "nunca pensé que el golpe pudiera ser necesario, pensé que esto tendría una solución democrática".

En cuanto a las responsabilidades por el golpe militar, del cual respondió que "no sabía" si fue un error o no, sostuvo que "hubo responsabilidad por acción, por omisión, aceptación". Además indicó que "en mi pueblo, Parral, se comentaba que en Colonia Dignidad hubo torturas y desapariciones" por lo que se sabía de los abusos realizados por miembros de la dictadura.

"La Corte Suprema se reunió y apoyó el golpe militar" dijo Hugo Dolmestch, donde argumentó que "fue un acierto que la Corte Suprema haya apoyado el golpe. De otro modo habría habido una dictadura absoluta". Además agregó que "mientras no se sepa la verdad absoluta de lo que allí pasó, no podrá determinarse el grado de responsabilidad" de quienes actuaron.

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