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jueves, septiembre 17, 2009

El Salón del Automóvil de Fráncfort abre con autos de ensueño

El Salón del Automóvil de Fráncfort abre con autos de ensueño

 

El Melkus RS 2000 es capaz de correr a 250 km. por hora y es sucesor del legendario auto de carreras de la antigua RDA, que costará unos 100.000 euros.

Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: El Melkus RS 2000 es capaz de correr a 250 km. por hora y es sucesor del legendario auto de carreras de la antigua RDA, que costará unos 100.000 euros.

La industria automotriz detuvo su caída en picada y se muestra renovada. La 63ª edición del Salón del Automóvil abre en Fráncfort con un centenar de primicias mundiales y automóviles que hacen latir el corazón.

 

Todo gira alrededor del automóvil, por lo menos eso asegura la publicidad de la mayor feria dedicada al automóvil, que reúne este año a más de 750 expositores provenientes de 30 países. El Salón Internacional del Automóvil de Fráncfort del Meno (IAA, según sus siglas en alemán) apuesta por la innovación en el sector de cuatro ruedas para salir por fin de la recesión que afectó al sector como a ningún otro.

 

El director general de Rolls Royce, Tom Purves, posa orgulloso al lado del nuevo modelo de la legendaria marca británica, el Rolls Royce Ghost. Bildunterschrift: El director general de Rolls Royce, Tom Purves, posa orgulloso al lado del nuevo modelo de la legendaria marca británica, el Rolls Royce Ghost.

 

Como resultado de la crisis el número de expositores se redujo a dos terceras partes del número registrado en la edición de 2007. Hace dos años acudieron 900.000 visitantes, mientras que a la actual edición que abre sus puertas el jueves, se esperan a unas 750.000 personas.

 

El modelo Fórmula 1 de Audi.  Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  El modelo Fórmula 1 de Audi.

El encuentro más importante del sector

 

Durante diez días, del 17 al 27 de septiembre, la metrópoli a las orillas del Meno se convierte en escaparate de las locuras de diseñadores que echan mano de las últimas tecnologías y tendencias. El último estado del arte en torno al automóvil.   

 

El presidente de la Asociación Alemana de la Industria Automotriz, Matthías Wissmann, está convencido de que el encuentro sigue siendo el más importante en lo relacionado con la movilidad.

 

"Abrimos en el momento más acertado, cuando se sabe que la crisis financiera provocada por el colapso de bancos como Lehman Brothers, ha tocado fondo", dice Wissmann. Quien fuera ministro de Transporte añade que el salón muestra caminos para salir de la crisis. "Somos una rama industrial que lidera a otros sectores y mercados y haremos una muestra tan atractiva como siempre".

 

Un lujoso Lamborghini brilla con un amarillo intenso. No para cualquiera.Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  Un lujoso Lamborghini brilla con un amarillo intenso. No para cualquiera.

Centenar de primicias mundiales

 

Las declaraciones de Wissmann son respaldadas por un centenar de primicias mundiales que serán develadas en el encuentro.  Las marcas francesas Peugeot y Citroën mostrarán una lluvia de novedades. Mientras que la marca del león presenta sus nuevos modelos 5008, el prototipo híbrido del 3008 y el deportivo RCZ, la marca del doble chevron muestra la nueva generación de su modelo compacto C3 y una nueva locura a la que llaman C-Cactus. 

 

El nuevo Bentley Mulsanne es presentado por el grupo Volkswagen.  Bildunterschrift: El nuevo Bentley Mulsanne es presentado por el grupo Volkswagen.

 

La peculiaridad de este modelo de 4,20 metros de largo es que cuenta con una sola pieza que constituye el parachoques y la trompa. Con este modelo Citroën intenta abaratar costos que se traducen en ahorro en diseño y un automóvil moderno y accesible al consumidor. Renault no se queda atrás y presenta en Fráncfort sus nuevos modelos eléctricos impulsados por baterías.

 

Carl-Peter Forster, presidente del Comité de Vigilancia de Opel, presenta el nuevo Opel Ampera.  Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  Carl-Peter Forster, presidente del Comité de Vigilancia de Opel, presenta el nuevo Opel Ampera.

Mercado alemán

 

En el mercado alemán, los modelos medianos y compactos de las marcas Volkswagen y Opel se han visto beneficiados por el plan de chatarrización impulsado por el gobierno de Angela Merkel. De la mano de Volswagen llegan nuevos modelos Passat, Golf y Polo, así como Golf R y el compacto E-Up. Por su parte Opel vuelve con la nueva generación Astra. En contraste otros fabricantes de automóviles de lujo como Mercedes y BMW han tenido que asumir fuertes pérdidas como consecuencia de la crisis. Pese a ello y como si siguiera la máxima "renovarse o morir",  la marca de la estrella presentará en Fráncfort la versión del siglo XXI del legendario Alas de Gaviota de los años cincuenta.

 

El nuevo Mercedes SLS AMG hace suspirar a muchos. Bildunterschrift: El nuevo Mercedes SLS AMG hace suspirar a muchos.

 

El vehículo, que recuerda al modelo por el que suspiraba la misma Janis Joplin en su famosa canción "Oh Lord won't you buy me..", comenzará sus ventas en la primavera del 2010 y equipará el motor V8 con 571 caballos de fuerza. BMW llega con las versiones híbridas del X6 y de la Serie 7. Eso por solo mencionar algunas de las novedades que se esperan en el máximo encuentro del sector automotriz.   

 

El nuevo Streamliner de Audi.  Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  El nuevo Streamliner de Audi.

 

América Latina gana importancia

 

América Latina es uno de los mercados claves para el futuro del sector, cuyo valor es cifrado en más de 4 billones de dólares. El año pasado la región se consolidó como uno de los principales polos de producción de la industria automotriz alemana con la fabricación de más de 6 millones de vehículos, con lo que la región supera por mucho la producción en suelo alemán. Tan sólo en Argentina, Brasil y México fueron fabricados cerca de millón y medio de vehículos de manufactura alemana.

 

Autora: Eva Usi

Editor: Pablo Kummetz 

 

 

 

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RSE : Nace el proyecto europeo "LIMAS"

Nace el proyecto europeo "LIMAS"

El proyecto LIMAS está financiado por la Agencia Ejecutiva para la Competitividad y la Innovación Europea- EACI, en el marco de la convocatoria CIP-EIP-Eco-Innovation-2008, y a través de la página web www.limas-eup.com se pueden consultar los detalles, grupos de trabajo y planificaciones definidas.

Enviado por: ECOticias.com / Red / Agencias, 16/09/2009, 17:00 h | (12) veces leída

El proyecto Europeo "LIMAS: Life Cycle Innovation & Management for SMEs (EuP & EEE) nace con la participación de dos empresas estatales (SIMPPLE, como Coordinador, e IK Ingeniería) y la Universidad Técnica de Berlín, y gracias a él se definirá y proporcionará una metodología enfocada a las pymes que les ayude a integrar el concepto de Ecoinnovación y otros requerimientos ambientales (Sistemas de Gestión, Ecoetiquetas, etc.) en el diseño y fabricación de sus productos.

Los resultados principales del proyecto, de tres años de duración serán:

- Una metodología práctica que ayude especialmente a las PYMES a la integración de la EcoInnovación y de los nuevos requisitos de Ecodiseño (Directiva EuP) en su negocio
- Una aplicación web, de libre acceso, con información sobre Mejores técnicas disponibles en el sector, Guías de Ecodiseño, fuentes de financiación, requerimientos medioambientales, etc.
- Una herramienta informática comercial, que permita realizar esta integración de manera sencilla y rápida

Según Juan Carlos Alonso, coordinador del proyecto y responsable de proyectos de EcoInnovación de SIMPLE, "El aspecto innovador de este proyecto radica en que los usuarios serán capaces de gestionar diferentes aspectos ambientales (por ejemplo, su análisis de ciclo de vida, el ecodiseño, las declaraciones ambientales de producto, etc) utilizando una estrategia común y sin que sea necesario que el usuario sea un experto ambiental.

Los destinatarios principales del proyecto son pymes que fabrican Productos que Utilizan Energía (PUE) y/o equipos eléctricos y electrónicos (EEE) y sus componentes.

En palabras de Francisco Campo, responsable del proyecto por parte de IK Ingenieria, "estos productos están viéndose afectados por la Directiva 2005/32/CE, conocida como la Directiva EuP-Energy Using Products, que tiene como objetivo establecer requisitos de diseño ecológico para todos los productos que consumen energía.

Los primeros requisitos obligatorios ya están aprobados y vigentes, con lo que este tipo de empresas han de estar atentas a la fecha en la que entre en vigor el reglamento que afecte a sus productos y anticiparse a los requerimientos de diseño allí fijados".

Los resultados ambientales obtenidos y la información recopilada sobre Mejores Técnicas Disponibles (MTD) y Guías de Ecodiseño soportarán el proceso de EcoInnovación, lo cual, según Karsten Schischke, responsable del proyecto por parte de la Universidad Técnica de Berlín (TUB–Technische Universitaet Berlin), "permitirá a las empresas ser más competitivas, adelantarse a la legislación medioambiental, facilitar procesos de adjudicación de concursos públicos (compra pública verde), reforzará su imagen corporativa y verán sus gastos reducidos".

El proyecto LIMAS está financiado por la Agencia Ejecutiva para la Competitividad y la Innovación Europea- EACI, en el marco de la convocatoria CIP-EIP-Eco-Innovation-2008, y a través de la página web www.limas-eup.com se pueden consultar los detalles, grupos de trabajo y planificaciones definidas.

 

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Rsc. reclaman la creación de un tribunal internacional sobre derechos humanos y empresas multinaciones

Rsc. reclaman la creación de un tribunal internacional sobre derechos humanos y empresas multinaciones

17/09/2009 - 12:46
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- Según un estudio del Observatorio de las Multinacionales en América Latina

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

La responsabilidad de las multinacionales en el ámbito de los derechos humanos debería estar sujeta a una legislación internacional y ser evaluada por un tribunal de carácter global, dependiente de Naciones Unidas.

Así lo reclama el último estudio del Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL), elaborado junto a la Universidad del País Vasco y presentado ayer en Madrid.

Bajo el título “El negocio de la responsabilidad. Crítica de la Responsabilidad Corporativa", este trabajo pone en tela de juicio la efectividad de la autorregulación como medio para que las grandes empresas garanticen el respeto de los derechos humanos en el Tercer Mundo.

Según sus autores, “no tiene ningún sentido que los derechos de las grandes corporaciones se protejan mediante la fuerza de la lex mercatoria, mientras que sus obligaciones a nivel ambiental, laboral y social se dejan en manos de la ética".

Por ello reclaman la creación de un código normativo internacional que delimite las responsabilidades legales de las multinacionales y piden la puesta en marcha de un Tribunal Internacional de transnacionales y de un Centro de Estudios y Análisis sobre multinacionales en el seno de la ONU.

(SERVIMEDIA)

17-SEP-09

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Dinamarca de promociona en YouTube como destino para el turismo sexual

EFECTOS DE LA COMUNICACIÓN 2.0

Dinamarca de promociona en YouTube como destino para el turismo sexual

Actualizado el Jueves, 17-Sep-2009 13:44 (GMT+1)
REVISTA80DIAS.ES
 

MADRID.- Una de las claves del marketing viral en Internet es que se deben crear mensajes que estimulen y fomenten debate para dar presencia a la marca. Visit Denmark, la organización pública que promueve el turismo de Dinamarca, no lo pensó dos veces y ha colgado un spot (en inglés) en Internet donde una danesa con un niño en sus brazos explica que busca al padre que el verano del año pasado visitó Dinarmarca y pasó una noche de lujuria con ella. Tal cual: Dinamarca se promociona como destino turístico sexual.

El asunto ha originado indignación en este país del Norte de Europa, no porque un extranjero dejase encinta a una compatriota, sino porque el vídeo (de tres minutos de duración) es un montaje realizado por Visit Denmark para promocionar el país. "Nos resulta cansino. Promueve los estereotipos sobre las mujeres escandinavas y Dinamarca, como si estuviera llena de rubias dispuestas a acostarse con cualquiera. Que se usen estereotipos para atraer turistas es un poco triste. Que lo haga una autoridad pública es aún peor", explica Majken Lundberg, del Consejo de Mujeres.

El rechazo ha sido absoluto en el país de origen, por lo que Visit Denmark ha tenido que retirar el vídeo y pedir disculpas. "Ha sido un gran error", ha reconocido Georg Sørensen, presidente del consejo de administración de Visit Denmark, que no tenía conocimiento del contenido del vídeo antes de difundirse.

Antes de la retirada del spot, contaba con más de dos millones de visitas, por lo que se puede calificar de éxito la campaña emprendida. Ello habrá repercutido sobre las búsquedas de Dinamarca en Google. Lo que queda por ver es que efecto tiene en las llegadas al país europeo.

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la rse en las empresas genera valor

Analizarán responsabilidad social en la crisis

En un periodo de crisis mundial y regional es factible mantener un modelo de gestión empresarial, basado en la responsabilidad social (RSE), porque genera valor a las empresas y al país, afirmó Rodrigo Rivarola, vicepresidente de la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), en la presentación del II Congreso, que se realizará los días miércoles 7 y jueves 8 de octubre del corriente.   

"Para la ADEC es fundamental instalar este tema en el país, dado que está cimentado en otros países y nosotros venimos bastante rezagados; miramos mucho más allá de una mera capacitación, buscamos fortalecer la RSE, que es un modelo de gestión que transforma y produce un cambio en las empresas. Vemos muy difícil que las empresas puedan avanzar si no tienen en cuenta este modelo de gestión", resaltó Rivarola.   

Aclaró que las empresas tienen, sin lugar a dudas, como objetivo el lucro, pero a la vez deben ser responsables del impacto de sus negocios en su entorno. "Queremos que los participantes lleven ideas concretas y aplicables a su día a día. Está dirigido a empresarios, gerentes generales, gerentes de áreas, profesionales independientes, académicos y a los interesados en conocer más sobre conceptos y prácticas de RSE", remarcó.   

Yan Speranza, miembro del Comité de RSE de la ADEC,  afirmó que la asociación quiere ir modernizando el concepto, agregándole la idea de que no es hacer donaciones, lo cual eso es filantropía. "La RSE es una herramienta de gestión, que crea valor para la empresa, pero también crea valor para la sociedad".
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Plena vigencia del Convenio 169 en Chile

Plena vigencia del Convenio 169 en Chile

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Por José Aylwin*

Tras diecisiete años de tramitación legislativa, y un año después del depósito de su ratificación, ha entrado en plena vigencia en el país el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT.  Ello convierte a Chile en el vigésimo Estado que lo ratifica en el mundo y el decimotercero en América Latina.

El Convenio viene a establecer un nuevo escenario jurídico y político para las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas.  Ello en razón de que se reconoce a estos pueblos no solo su carácter de tales, sino que además un conjunto de derechos colectivos hasta ahora no considerados en el ordenamiento jurídico chileno.

Entre estos derechos destacan aquellos de carácter político, que incluyen la participación de estos pueblos, en la misma medida que otros sectores de la población, en instituciones electivas y en organismos administrativos responsables de políticas y programas que les conciernen (Art. 6.1 b); y el derecho a ser consultados, mediante procedimientos apropiados, a través de sus instituciones representativas, de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, ello cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarle (Art. 6.1 y 2).  También se incluyen derechos de autogestión y autonomía, entre éstos el derecho de decidir sus propias prioridades en materia de desarrollo (Art. 7.1); a conservar sus costumbres e instituciones propias (Art. 8.2), y a asumir el control en áreas tales como la salud, la educación y la  formación profesional. (Arts. 22, 23, 25 y 27).

Otro ámbito del reconocimiento es el relativo a las tierras y al territorio de los pueblos indígenas, entendiendo por territorio la totalidad de los elementos del hábitat de las regiones que estos pueblos ocupan o utilizan de alguna otra manera (Art.13.2).  Al respecto, el Convenio dispone que los pueblos indígenas tienen derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que "tradicionalmente ocupan" (Art.14.1) y que los gobiernos deberán tomar medidas para determinar dichas tierras y garantizar su protección (Art.14.2); así como establecer "procedimientos adecuados" para solucionar las reivindicaciones de tierras (Art. 14.3).  Dicho reconocimiento también incluye los derechos que estos pueblos tienen sobre los recursos naturales, los que comprenden participar en su utilización, administración y conservación (Art. 15.1).  En el caso de los minerales o de los recursos del subsuelo existentes en sus tierras y territorios, los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados antes de autorizar su prospección o explotación.  Dispone además que los pueblos indígenas deberán participar en los beneficios de tales actividades, y percibir indemnización equitativa por el daño que puedan sufrir como consecuencia de ella (Art. 15.2).

Como todo tratado internacional, al ser ratificado, el Convenio 169 genera obligaciones tanto ante el órgano del que emana, la OIT, como internas al Estado.  En virtud de la Convención de Viena sobre derecho de los tratados (1969), ratificada por Chile, este Convenio deberá ser cumplido de buena fe por el Estado (artículo 26), no pudiendo invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación para su incumplimiento (artículo 27).

El Estado de Chile se obliga además ante la OIT a enviar su primera memoria sobre la aplicación del Convenio el 15 de Septiembre de 2010.  Ello supone que para entonces deberá adecuarse la legislación interna a las disposiciones del mismo. Luego de ello deberá informar de los avances en su implementación cada cinco años, a través de memorias que serán analizadas por las instancias pertinentes de la OIT.  Las partes de la OIT, esto es trabajadores, empleadores y Estados, pueden además presentar reclamaciones y/o quejas ante esta entidad para alegar el incumplimiento de sus disposiciones.

Como tratado internacional de derechos humanos, el Convenio 169 se integra al ordenamiento jurídico interno.  Cabe recordar que, de acuerdo al artículo 5 inciso 2do de la Constitución Política, es deber de los órganos del Estado respetar y promover los Derechos Humanos garantizados por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.  Por lo mismo, cabe sostener, como lo ha hecho mayoritariamente la jurisprudencia, la doctrina y el propio gobierno en su informe enviado este año al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que los derechos establecidos en este instrumento en favor de los pueblos indígenas se integran al ordenamiento jurídico con rango constitucional.  Ello a pesar de que el Tribunal Constitucional, si bien reconoce la constitucionalidad de sus disposiciones, estableció que varias de ellas, como las referidas a la participación en los planes y programas susceptibles de afectar a estos pueblos, y a los derechos sobre los recursos naturales que se encuentren en sus tierras y territorios, son programáticas y no autoejecutables, y requieren de reforma legal para su plena efectividad.

Igualmente, el Convenio deberá orientar la política pública en relación a los pueblos indígenas.  Al respecto cabe señalar que si bien la Presidenta Bachelet  dictó en junio de 2008 un instructivo presidencial relativo a la aplicación de sus disposiciones en materia de derecho a la consulta por los órganos del Estado, muchas de las políticas públicas que siguieron siendo impulsadas por éstos en relación a los pueblos indígenas, en particular aquellas relativas a proyectos de inversión en sus tierras y territorios, no contaron con procedimientos adecuados para estos efectos, ni se orientaron al logro de acuerdos como lo estipula el Convenio 169.  Cabe constatar con preocupación, además, que el reglamento provisorio de consulta de actos administrativos anunciado por el Ministro Viera Gallo, no solo tiene falencias en cuanto a su ámbito de aplicación -al dejar fuera iniciativas de privados que afectan a los pueblos indígenas-, sino que el mismo debió haber sido sometido previamente al proceso de la consulta para ser coherente con el Convenio.

En materia legislativa, y aún cuando el Convenio tenga rango constitucional como lo reconoce el propio gobierno, sería deseable que el Congreso introduzca a la brevedad reformas a la legislación incompatible con sus disposiciones, en particular aquella referida a los derechos sobre recursos naturales como el agua, los recursos minerales y los recursos geotérmicos, entre otros, recursos que en un contexto de globalización económica, han sido apropiados por corporaciones, afectando las culturas y el desarrollo de los pueblos indígenas.  También sería de gran relevancia que la ley ambiental, cuya reforma está actualmente en discusión  por el Congreso, sea modificada para establecer procedimientos de participación y consulta efectiva de los pueblos indígenas en los procesos de evaluación de impacto ambiental.

Las posibilidades que el Convenio 169 abre para la convivencia interétnica en Chile son enormes.  La experiencia de su aplicación en otros países ha demostrado que éste, lejos de generar fragmentación y conflictividad, ha facilitado nuevas formas de convivencia y relación, basadas en el reconocimiento de estos pueblos y de sus derechos.  Así, en América Latina ha inspirado reformas constitucionales que no solo han posibilitado el reconocimiento de la multiculturalidad, interculturalidad y/o plurinacionalidad existente al interior de los Estados, sino también el ejercicio creciente por parte de estos pueblos de derechos de participación política, de control de su propio desarrollo, y de fortalecimiento de sus culturas hasta hace poco negadas.  Sus disposiciones han sido a su vez acogidas e interpretadas por las instancias de justicia, incluyendo tribunales o cortes constitucionales, defensorías del pueblo u ombudsman, frente a las reclamaciones de los pueblos indígenas, haciendo posible que estos pueblos tengan niveles crecientes de autonomía política y cultural, así como mejores condiciones de vida.  También a nivel americano, el Convenio ha orientado en los últimos años las decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativas a pueblos indígenas.  Así, en sus fallos recaídos en casos que conciernen a estos pueblos, la Comisión y la Corte han interpretado las normas de los tratados de Derechos Humanos existentes en el ámbito Interamericano a la luz del Convenio 169 de la OIT.  Tal interpretación evolutiva ha permitido que a los pueblos indígenas en la región se les haya reconocido y garantizado entre otros derechos colectivos, el de propiedad ancestral de sus tierras y recursos naturales, el derecho a participación política, y el derecho al acceso a la justicia.

Esperamos que los órganos del Estado, y que la sociedad chilena en su conjunto,  asuman los desafíos que este Convenio plantea.  Ello contribuirá no solo a abordar y superar los conflictos que hoy proliferan en los territorios indígenas como consecuencia de la exclusión política y económica a la que siguen sometidos los pueblos indígenas en el país, sino también a hacer posible que el Chile del Bicentenario ponga fin para siempre a la ficción del "estado nación", y de  acogida a la diversidad y riqueza étnica y cultural que representan los pueblos indígenas.

*José Aylwin es Co Director, Observatorio Ciudadano, www.observatorio.cl

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Fuente ELMOSTRADOR.CL
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URUGUAY, AGUS : Adriana Marquisio, impulsora de referéndum de 2004

"Durante la reforma del agua en Uruguay, el ejemplo de lo que no queríamos era Chile"

La sociedad uruguaya decidió democráticamente elevar el acceso al agua como un derecho humano en su Carta Magna. Otros países, como Bolivia, Ecuador y ahora Colombia han impulsado cambios en la misma línea. En Chile la discusión está instalada en la agenda. Desde el Gobierno se impulsa un proyecto para caducar los derechos de agua y desde el mundo ambientalista y parlamentario se llama a nacionalizar el preciado recurso natural.

Por Claudia Urquieta Ch. EL MOSTRADOR

Durante la campaña de 2004 para lograr agregar a la Constitución de Uruguay el acceso al agua como un derecho humano, el código de Aguas chileno fue erigido como el antítesis de lo que se quería para el país, ya que se presentaba como un esquema negativo para la defensa de los recursos naturales

La entrega en la constitución chilena de los derechos de agua a perpetuidad, en forma gratuita y dejando en libertad a los dueños para vender o traspasar estos derechos al precio que marque el mercado sorprendía a los uruguayos. Quienes, según  relata la integrante de la Comisión de Defensa del Agua de dicho país, Adriana Marquisio, "nos miraban con cara de asombro cuando les explicábamos cómo funcionaba".

El 31 de octubre de 2004 el plebiscito del Agua en la nación de Mario Benedetti, cerró la puerta a su privatización con un 67 por ciento de los votos.

Esta experiencia no puede repetirse en Chile, ya que la Carta Magna de 1980 no permite cambios a través de firmas ni plebiscitos. A pesar de ello, la presidenta de la Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado de Uruguay, que hace unas semanas participó en la capital en el Seminario Internacional "Conflictos Actuales y Derecho Humano al Agua en Chile",  señala que la sociedad chilena está hincando el diente al asunto, ya que "se han conjugado liderazgos y organizaciones claves en este momento, por lo que tengo muchas esperanzas de que el tema se empiece a discutir".

Justamente en estos días el ministerio de Obras Públicas (MOP), está impulsando una modificación constitucional para regular el uso y la explotación de los recursos hídricos, que será enviada al Congreso en octubre. Que entre otros puntos plantea caducar los derechos de agua que no se usen, así como el acceso sin restricciones a terrenos donde existan glaciares para que puedan ser monitoreados por el Estado.

 Ya en 2005 hubo una reforma el Código del Agua, pero en definitiva no impulsó cambios de fondo. Por ello, hay voces parlamentarias y ambientalistas que han instalado la discusión sobre la "nacionalización" del agua.

Yes, we can

En Latinoamérica ha habido varios procesos que han nacido de las bases ciudadanas en la línea de cambiar el marco legal que regula las aguas. Conocida es la guerra del agua de Bolivia, que logró expulsar a dos transnacionales que distribuían el agua en Cochabamaba y luego en El Alto. En Ecuador el cambio constitucional contiene conceptos bastante progresistas al respecto, ya que el agua se aborda como algo sagrado relacionado con el tema indígena

Un caso paradigmático es la entrega en marzo de dos millones de firmas en Colombia para elevar el agua como derecho humano.  En el país liderado por Álvaro Uribe, tampoco es posible realizar un referéndum al respecto, pero a raíz de la presión ciudadana se inició todo un debate político.

Para  Marquisio, este es un excelente referente para la sociedad chilena, que ella define como "muy fragmentada y con la percepción de que no se puede cambiar el orden establecido. Eso lo hemos visto bastante en nuestro trabajo en Chile".

Pero luego del encuentro de septiembre  en el que participaron diversos actores, entre ellos el obispo de Aysén, Luis Infanti-creador de la carta "Danos Hoy el Agua de Cada Día"-la uruguaya asegura que había "mucha energía para decir basta y unirse para lograr cambios: el sentimiento de que sí, se puede".

El rol de los candidatos

-¿Cuál fue el rol que jugaron los candidatos presidenciales durante la campaña para el plebiscito del Agua, que se realizó el mismo día de las elecciones?

- El tema se metió en la agenda electoral. Todos los candidatos tuvieron que definirse al respecto. Muy al final se definió todo el Frente Amplio-del gobernante electo, Tabaré Vásquez- a favor del plebiscito. En cambio, el partido Colorado,  que había llevado a cabo la privatización estuvo en contra.

Los temas ambientales no entraban en la agenda política y social. Y ahora es transversal a la vida de las personas. En ese aspecto, el Estado debe tener la puerta abierta y mantener un trabajo en conjunto con la comunidad.

-¿Cuáles fueron las principales trabas políticas que enfrentaron durante la campaña?

-Antes de aprobarse la reforma,  el partido de gobierno y la fuerza opositora decían que el plebiscito era prehistórico, que no habría más inversiones. El Banco Mundial y el Fondo  Monetario Internacional dijeron que era un peligro para el país. Hubo un intento de boicot permanente, pero finalmente ganamos.

-¿Este proceso de reforma ya terminó?

-No. Aún falta mucho. Ahora estamos en la etapa de elaborar la política nacional del agua. Se está abordando el impacto de cuencas, ordenamiento del territorio y los conflictos de uso. Por otro lado, estamos en un proceso de trabajo donde avanzamos con dificultades relacionado con la Papelera Botnia-instalada en Fray Bentos- que nos generó un conflicto transfronterizo. Hemos encontrado un punto de resistencia común, pero no hemos tenido posibilidad de discutirlo  a fondo, porque vino, se instaló y punto.

-¿Trabajan en coordinación con otros países en torno al agua?

Tenemos varias comisiones que son parte de una red continental de coordinación activa, Red Vida, de la que Chile es parte a través de Chile Sustentable. Estamos trabajando por un nuevo modelo público.

A partir de esta red de creó una red africana, una asiática y  una europea, que trabajan por la justicia del agua a nivel mundial. El movimiento se ha hecho presente en caso todos los foros mundiales del agua.

FuenteEL MOSTRADOR
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EE. UU. prohíbe uso de insecticida carbofurán

Medida regirá desde el 1.º de enero del 2010

EE. UU. prohíbe uso de insecticida carbofurán en vegetales y frutas

  •  Producto se usa aquí para café, piña, melón, banano, papa y plátano, entre otros

  •  Uso de químico debe eliminarse de inmediato, advierte Servicio Fitosanitario

Hassel Fallas | hasselfallas@nacion.com
 
  • Los sembradíos de papa del país deberán estar libres de carbofurán en enero del próximo año. archivo

Nacion.com

http://www.nacion.com
TAMAÑO

Estados Unidos no permitirá que a partir del 1.º de enero del 2010 ingresen a su territorio vegetales y frutas con residuos del insecticida y nematicida carbofurán.

La medida obliga a los productores nacionales que lo utilizan a suspender su aplicación inmediatamente, comentó ayer Carlos Padilla, ingeniero del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE).

Padilla aseguró que es urgente dejar de usar el agroquímico porque permanece en el suelo al menos por tres meses luego de su aplicación en las cosechas.

Hasta ahora, los estadounidenses habían tolerado cierta presencia del químico en el café, banano, piña, melón, papa, plátano, sandía, maní, tabaco, tomate, chile, repollo y lechuga que vende Costa Rica en ese país.

Sin embargo, la Agencia Estadounidense para la Protección del Ambiente (EPA) informó esta semana de que ya no admitirá el más mínimo residuo de carbofurán por el riesgo que implica su empleo.

"Si a partir de enero aparece cualquier traza de carbofurán en las exportaciones de vegetales, nos rechazarán los productos y se pondría en peligro el mercado, pues Estados Unidos lo podría cerrar", comentó Padilla.

Muy usado. El carbofurán se emplea para combatir nematodos (gusanos) y otras plagas como las chinches, cochinillas, taladradores y barrenadores.

El agroquímico es de amplia utilización entre los productores locales, confirmó Padilla.

Un informe del SFE encontró que hasta la fecha se han importado más de medio millón de kilogramos de ese producto.

Esa cantidad implica que los productores de vegetales y frutas han invertido $1,5 millones en su adquisición.

El funcionario dijo que, pese al elevado monto en las compras de carbofurán, esperan que los agricultores "se abstengan" en adelante de fumigarlo en sus suelos.

Agregó que el SFE distribuirá información entre los productores de todo el país para prevenir las consecuencias de su uso.

Según el SFE, algunos de los nombres con los que se comercializa el carbofurán son: Furadán, Abound, Curater, Rimafurán y Transmerquim.

Padilla aseguró que, en lugar de utilizar ese químico, se puede fumigar las cosechas con otros tipos de insecticidas.

Recomendó a los productores consultar sobre las alternativas a las oficinas del SFE o del Ministerio de Agricultura de su región.

El funcionario advirtió de que el Servicio Fitosanitario del Estado verificará que los productos que pretenden ser enviados a Estados Unidos estén libres del plaguicida, pues, de lo contrario, no se otorgarán los certificados fitosanitarios de exportación requeridos.

 

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En compañía de dirigentes de Fedeleche

En compañía de dirigentes de Fedeleche

15:45.- Diputado Javier Hernández se reune con ministra de agricultura para tratar tema de la leche

En compañía del presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara, José Pérez y de dirigentes de Fedeleche, el diputado Javier Hernández llegó hasta el ministerio de Agricultura, donde pudieron reunirse con la Ministra Marigen Hornkohl instancia en que pudieron plantear nuevamente la imperiosa necesidad de aplicar salvaguardias a los productos lácteos que ingresan desde Argentina y Uruguay.

 

El parlamentario osornino dijo que pidió a la ministra que apoye la presentación que Fedeleche está realizando ante la Comisión de Distorsiones y que a la vez se avance también en otro tipo de medidas para dicho sector, que ha comenzado un sostenido proceso de deterioro a través del cierre parcial o total de varias lecherías

 

"El escenario resulta muy complejo, ya que la importación de productos lácteos desde Argentina y Uruguay por un valor inferior al nacional, complica fuertemente la competencia entre los productores chilenos. También hay factores de carácter climático, de precio, y cambio de la estacionalidad, la producción de leche en Chile sufrió una pérdida de cerca de un 11% a un 14% en los primeros siete meses del año, además de una disminución en el consumo interno de entre un 5 y un 10 por ciento"

 

El diputado Javier Hernández hizo hincapié en la necesidad de proteger y resguardar la industria lechera nacional, para que ésta pueda competir con las mismas reglas que el sector internacional, interponiendo salvaguardias, pero enfatizando en que además se debe pensar en también en subsidios y estímulos tributarios en general.

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Camino a la servidumbre

Camino a la servidumbre

Por Guillermo R. Uccella, Juan Carlos Correa, Edgardo Sixto Amaya
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Advertimos con inmensa preocupación el avance autoritario del Poder Ejecutivo Nacional tendiente a aplanar la libertad de expresión y su contracara, la libertad de información que poseemos los ciudadanos.

El proyecto de ley impulsado por el gobierno para legislar la futura concesión de los medios audiovisuales es la herramienta adecuada para silenciar la opinión de todos aquellos que disienten con el pensamiento del gobierno.

El proyecto en si concede al Estado la propiedad de un tercio de las ondas radiales y televisivas, privando con su sola voluntad la posibilidad de libre opinión con un espacio plural. También se reserva el otorgamiento de otro tercio para las O.N.G. adictas a su sola discreción. Y el otro tercio para el sector privado sujeto a su particular criterio de otorgamiento parcial y autoritario, en un negocio de amigos del poder.

En la práctica esto se traduce en la perdida del derecho de libre información del ciudadano, resignado a aceptar la construcción de un espacio autoritario de poder.

La actual administración no comprende, o no le interesa comprender que debe respetar el sistema constitucional de gobierno republicano, representativo y federal. Su único objetivo es avanzar sobre las libertades individuales de los ciudadanos, ignorando que el poder investido a su persona solo lo detenta por un término y un mandato limitado, sujeto al respeto absoluto de los derechos, declaraciones y garantías constitucionales.

La libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de información constituyen un mismo derecho indisoluble sobre el cual no tiene ingerencia el Estado y menos aún éste gobierno al cual el pueblo le ha dado la espalda. Las libertades publicanas son un derecho que los ciudadanos nos hemos reservado antes de concurrir a la organización nacional como forma de gobierno. Este derecho es una potestad absoluta y excluyente nacida con nuestros derechos individuales, que ni siquiera puede ser limitada so pretexto de reglamentación, art. 28 de la Constitución Nacional.

El Estado es de todos y de nadie en particular, no pertenece a las mayorías ni a las minorías, y en consecuencia nadie puede arrogarse la potestad de la derogación sustancial del derecho a la libre información aunque se guarden ciertas formas.

El derecho de prensa, de publicación, de libre opinión, y de libre información no puede ser concentrado en las manos discrecionales del Estado, ni de ningún gobierno, ya que ello nos conduce a la suma del poder público, y quienes lo concedan o reúnan, cometen el delito de lesa traición a la patria, artículo 29 de la Constitución Nacional.

El proyecto en cuestión puede llegar a salir aprobado con visos de legalidad formal si es sancionado por mayoría parlamentaria, pero será ilegal por derogar en la sustancia el derecho de libre información amparado por la Constitución Nacional.

A la sombra del Poder Ejecutivo Nacional y desde el momento mismo de su promulgación bajo su orden directa, los medios estatales serán obedientes; las O.N.G. amigas, subordinadas; y medios privados adjudicados a los venales de siempre, simples serviles al poder político. Con ello destruirán cualquier vestigio de libertad futura, y la tiranía se abrirá paso en las enseñanzas aprehendidas y enseñadas por el ex ministro de propaganda Nazi, Joseph Goebbels.

En resumen los medios audiovisuales, al igual que en el caso del INDEC, ya no informarán la verdad al ciudadano, solo la ocultarán y distorsionarán para servir a los propósitos del matrimonio presidencial en su confesada ambición para eternizarse en el poder, mientras conducen a la sociedad al hambre, al sufrimiento, y a la devastación.

Nuestro sistema republicano en su artículo 14 de la Constitución Nacional garantiza el derecho de libre expresión, libertad de prensa, libre opinión y libre acceso a la información, en tanto el presente proyecto los deroga.

Si el pueblo no posee acceso a la verdad acontecida y es engañado con mentiras acomodadas, resignaremos nuestra pobre calidad de ciudadanos para transitar el camino de la servidumbre, que lleva inexorablemente a la esclavitud.

El poder se construye desde sus bases, nace del pueblo y se delega temporalmente a nuestros gobernantes en todos sus niveles, ya sea este, nacional, provincial o municipal. Si la actual administración Municipal no coincide con éste proyecto de ley totalitario, quede desde ya emplazada para pronunciarse, caso contrario, su silencio lo colocará como partícipe de la opresión, para oprobio, en su transito por el camino de la historia.-

Agrupación Juan Bautista Alberdi

PRO de la ciudad de Campana

Guillermo R. Uccella, Juan Carlos Correa, Edgardo Sixto Amaya


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Peru: acceso a la información

El acceso a la información, un derecho aún muy huérfano en Latinoamérica

  El acceso a la información pública se refiere a un derecho ciudadano poco explorado y aún huérfano, limitado a la prensa tradicional nos demuestra una "visión estrecha e ignorante", que requiere de mayor difusión.

PERFIL DE MIGUEL GUZMÁN


Profesión: Ingeniero industrial y administración pública
Vivo en... Lima, Perú
Desde... hace 40 años
Lo mejor de Perú: su gente
Lo peor de Perú: la falta de meritocracia en la administración pública


La información es poder


Uno de los mayores problemas que tiene la producción de información pública es la improvisación que se produce a raíz de la creencia de los funcionarios que la información es poder, y que por tanto no se debe compartir y mucho menos democratizar. Al hacerlo, les das la oportunidad a los ciudadanos de cuestionar las decisiones tomadas en su nombre y das pie a realizar investigaciones posteriores.

La principal diferencia entre el mundo desarrollado y Latinoamérica


La primera enmienda de la Constitución estadounidense fue aprobada por los fundadores de la nación norteamericana, a la cabeza de quienes estaban los iluministas norteamericanos (Thomas Jefersson, Benjamín Franklin y Thomas Paine), con el fin de hacer una distinción entre su nuevo gobierno, que proclamaba que la democracia era el gobierno del pueblo y para el pueblo, y el de Inglaterra, que por mucho tiempo había censurado a la prensa e incluso enjuiciado y condenado a quienes se atrevieron a criticar a la corona británica.

Los iluministas norteamericanos sostenían que el pueblo tenía que estar siempre alerta con respecto al gobierno y los representantes que había elegido, vigilar continuamente su labor y destituir a quienes no merecieran su confianza, como único medio para impedir que el gobierno degenerara en tiranía y despotismo, y que, dicho sea, es una advertencia que cae como anillo al dedo a la situación actual por la que atraviesa iberoamerica.

Mientras EE.UU. ha crecido como potencia mundial, en Iberoamérica se siguió una política que no sólo ponía en peligro la libertad de prensa y la de pensamiento, sino que además ha permitido el afianzamiento de corruptos tiranos en el poder político por décadas, que sólo han envilecido a la población con pobreza, corrupción moral y económica, puesto en evidencia tras sus caídas.

El desafío de la revolución virtual


Ya han pasado muchos siglos desde que Gutenberg apostó a que era capaz de hacer a la vez varias copias de la Biblia en menos de la mitad del tiempo de lo que tardaba en copiar el más rápido de todos los monjes copistas del mundo cristiano y que éstas no se diferenciarían en absoluto de las manuscritas por ellos. Inició entonces una verdadera revolución del conocimiento, que ha permitido a la humanidad un desarrollo superior vertiginoso en todos los campos de la ingeniería, la medicina y de las demás ciencias que en los milenios anteriores.

Los nuevos medios de comunicación virtual han aparecido en un momento de un cambio acelerado y de comunicaciones más veloces, respondiendo así a la mayor demanda de información y entretenimiento que exige los ciudadanos.

Esta revolución audiovisual (1),  atrae a millones de ciudadanos de todo el mundo, rompiendo todo tipo de restricciones, prejuicios y fronteras, no ávidos de información, sino más bien ansiosos de poder participar y ser escuchados, por primera vez en la historia de la humanidad. Por eso esta nueva modalidad de comunicación ha logrado en muy poco tiempo alcanzar niveles globales impensables con los medios tradicionales que son locales.

En Latinoamérica llega en un momento donde se ha perdido la credibilidad de los formatos tradicionales de prensa escrita, radio y televisión, cuyos principales voceros se vieron involucrados en escándalos políticos al comprobarse que sus opiniones no obedecían a una editorial sino más bien a los dólares. Llegan los blogs, foros virtuales y medios virtuales, que les ha permitido obtener un verdadero poder del conocimiento y de la información pública, que jaquea a la vieja política romana de pan y circo para obtener votos. Por esta razón, muchos gobiernos y sobre todo las castas de poder tradicionales, sienten amenazados sus privilegios, razón por la cual en los próximos años veremos intentos desesperados para coactar la libertad de prensa virtual o de pensamiento, evitando su propagación y participación en la información pública .

Felizmente, internet ha democratizado la información y la participación del ciudadano común. Así es casi imposible que los sápatras (2) puedan impedir su avance en la aldea global (3). 

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(1) Blogs, redes sociales (Facebook, Twitter...), periódicos multimedia, correo electrónico, etc.

(2) A los emperadores de la antigua Persia, astutos y prepotentes, se les denominó sátrapas, merced a un enunciado producto de la justicia, y por extensión se les ha brindado igual calificativo a quienes han convertido en germen de abusos y explotaciones inicuas a la ciudadanía.

(3) Aldea global se refiere a la idea que, debido a la velocidad de las comunicaciones, toda la sociedad humana comenzaría a transformarse y su estilo de vida se volvería similar al de una aldea.

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derecho a la información: España

FALLO INEDITO PARA EL INTERIOR: SE HIZO LUGAR A SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE DIRECTOR DEL PERIODICO "CENTENARIO" DE CARDONA

"LA INFORMACIÓN SOLICITADA NO SÓLO NO ES CONFIDENCIAL, SINO QUE ES PÚBLICA POR ESENCIA", ASEGURÓ LA Dra. SOLEDAD NIN

Periódico Centenario. Cardona


"La información solicitada no sólo no es confidencial, sino que es pública por esencia", aseguró la Juez de Paz Departamental Dra. Soledad Nin al fallar en el caso sobre acceso a la información pública que el Director de Periódico Centenario, Sebastián Cáceres inició a la Junta Departamental de Soriano, luego de que su presidente, Luis Ciganda negara los datos requeridos por el periodista.


El fallo le otorga un plazo de diez días corridos al deliberativo departamental para entregar la información solicitada, que tiene que ver con los gastos en publicidad hechos por la Junta desde julio del año 2005 a julio del 2009, especificándose por período presidencial transcurrido. Además de informar si en este tiempo se pagó por la publicación de los comunicados de prensa.
La parte demandada tiene un plazo de tres días para apelar la resolución de la Juez Departamental.

NEGATIVAS DE LA JUNTA NO FUERON ACEPTADAS
Los dos motivos por los que el Presidente de la Junta Departamental de Soriano, Luis Ciganda negó la información a Centenario, fue la condición de periodista del solicitante y la calificación como reservada y confidencial de los gastos de publicidad del deliberativo.
El primero de ellos se desactivó rápidamente porque en su artículo 3 la ley 18.381 establece que todo ciudadano tiene derecho a solicitar información, incluso sin necesidad de establecer los motivos por los cuales lo hace.
En cuanto a las excepciones expuestas por la parte demandada, la Juez compartió la exposición del Director de Centenario en cuanto a que "los gastos en publicidad así como el nombre de los medios de comunicación, programas o periodistas en que la Junta haya contratado publicidad, no configura información confidencial. El gasto de publicidad no es información entregada a la Junta, sino producida por ésta y es una información pública desde el momento en que está en el presupuesto quinquenal del organismo", subrayó.
Pero además de ello la sentencia establece que "no sólo no es confidencial la información que se solicitó, sino que en el artículo quinto de la ley que nos ocupa, cuando regula sobre la difusión de la información pública, establece que los organismos públicos, sean o no estatales, deberán difundir en forma permanente, información sobre su presupuesto asignado, su ejecución, concesiones, licitaciones, información estadística", entre otros aspectos.
"Vale decir por lo tanto que la información solicitada no sólo no es confidencial, sino que es pública por esencia",
consideró la Dra. Nin.

TRANSPARENCIA, PUBLICIDAD Y PARTICIPACIÓN

Durante el desarrollo de los considerandos que sustenta el fallo, la Juez hace hincapié en la condición de derecho humano que tiene la información, y su vinculación con el accionar y control de las acciones de los organismos estatales. 
"El derecho a la información es un derecho básico, inherente a la personalidad humana, siendo el derecho de acceso a la información pública un desprendimiento del mismo", indica.
Esa apreciación la funda citando al catedrático Dr. Correa Freitas, quien explica que el derecho de acceso a la información pública "es uno de los derechos de tercera generación, dado que es un derecho individual y que también es un derecho colectivo de toda la sociedad y está relacionado con la transparencia de la gestión pública, con la necesidad de investigar, analizar e informar a la opinión pública sobre el contenido de los documentos públicos".
Más adelante la Dra. Nin se introduce en los principios que están relacionados al tema. Señala en ese sentido el de "transparencia de la gestión administrativa, esto es que se permita ver con claridad el actual de la administración en el uso de los fondos públicos".
Prosigue con el "principio de publicidad del obrar administrativo, que es una consecuencia de la forma republicana de gobierno y de vivir en un Estado de Derecho", agregando que "la restricción a la publicidad debe ser motivada en una razón suficientemente importante como para compensar la razón genérica que aconseja la publicidad".
Finalmente se detiene en el de participación al cual está vinculado el acceso a la información pública; "esto es que los habitantes sean informados y consultados en los asuntos que le conciernen". 

 

"Negativa fue del Presidente a título particular…"

La carta del Presidente de la Junta Departamental de Soriano negando la información solicitada, dejó al descubierto atribuciones que no le correspondían y que motivaron que la Junta nunca se haya expedido sobre el asunto, configurándose así un "silencio positivo" que fue recogido como tal en el fallo, que significa el reconocimiento de la existencia de la información pedida.
La Juez Departamental repara en este asunto cuando señala que la negativa fue "brindada por el señor Presidente de la Junta Departamental de Soriano, a título particular, pero no en acuerdo con la Junta, como hubiera correspondido hacerlo de acuerdo al artículo 86 del reglamento vigente ("El Presidente es el representante oficial de la Junta pero no podrá contestar ni comunicar a nombre de ella sin su acuerdo"). "De acuerdo a la normativa, sería la Junta en acuerdo la que debería negar y catalogar de confidencial la información. Por lo tanto, le asiste razón al solicitante cuando sostiene que se ha configurado una hipótesis de "silencio positivo" ya que no hubo respuesta del ente colectivo Junta Departamental".

Publicado: 15/09/2009 00:09
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Aznar califica como "insólita" la alianza de la DC con los comunistas

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Eduardo Frei: "No tenemos por qué aceptar que vengan extranjeros a darnos lecciones de lo que tenemos que hacer".

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PARAGUAY: La validez del principio de irretroactividad de las leyes

La validez del principio de irretroactividad de las leyes
 
El día 22 de septiembre del año 2004 se promulgó en la Cámara de Senadores la Ley Nº 2.460 que establecía en cuatro años la duración de las funciones de autoridades municipales a ser electas en los comicios del año 2006. El hecho de referirse a las autoridades "a ser electas" no es un dato menor y significa que las consecuencias jurídicas de dicha ley tendrán sus efectos a futuro… (Principio universal del derecho es aquel que dispone que las leyes rigen para el futuro y que no pueden tener efectos retroactivos, salvo contadas excepciones).
El art. 14 de nuestra Constitución Nacional dispone cuanto sigue: "Ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado o al condenado". Lo que se busca precautelar es el riesgo de que los efectos jurídicos de una ley con carácter retroactivo incidan sobre aquellos hechos jurídicos ya producidos al amparo de una norma anteriormente vigente, en resguardo de la seguridad jurídica.

Pese a estas consideraciones, el Congreso Nacional resolvió aprobar el proyecto por el cual se amplía un año más el mandato de los intendentes, ¿cómo puede entonces explicarse semejante decisión? ¿Cómo puede pensarse en un Estado de Derecho consolidado en nuestro país, si las leyes son borradas y modificadas según la mayor o menor presión que pueda ejercer un grupo de personas? Es intolerable que pueda legislarse violentando el orden jurídico y modificando hechos consumados.

Se habla de la intención de implantar una democracia participativa. ¿Será que el pueblo fue consultado en cada municipio si deseaban que sus autoridades locales sigan un año más? Ya que se había decidido caer en la grosera retroactividad de la ley, al menos se hubiese pensado en algún mecanismo de consulta popular… para de esa forma legitimar la decisión.

Realmente no dejan de sorprender ciertos manejos y decisiones políticas, un diputado justificó la acción sin mayores fundamentos alegando que "todos los ejecutivos deben tener cinco años, los intendentes, legisladores..." calificando de inconstitucional la normativa vigente. Esa fue toda su explicación, extraña justificación, cuando que en realidad no es una exigencia constitucional que los mandatos coincidan, y además es saludable por más de una razón que así sea.

La posibilidad de revertir esta situación queda ahora en manos del presidente de la República, quien deberá tomar una decisión ajustada a criterios jurídicos y no a conveniencias políticas de ningún sector, para de esa forma recomponer el orden jurídico dando una señal inequívoca de compromiso absoluto con el Estado de Derecho.                    

CAMILO J. FILÁRTIGA CALLIZO
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ESPAÑA: REFORMA A LEY DE ABORTO

TODAVÍA recordamos, allá por el año 89, cuando por los que siempre quieren imponer su moral a la mayoría, aparecieron pintadas en los muros de todas las ciudades de nuestro país con 'Matilde, pónselo, Julián póntelo". Era una referencia a los ministros de entonces de Asuntos Sociales y de Sanidad en la campaña del Gobierno socialista de entonces para promover el preservativo como método anticonceptivo ideal y como método para evitar enfermedades de transmisión sexual. Eran aquellos tiempos donde, ya promulgada la ley del aborto de 1985, los oponentes a todo cambio, y menos en esta materia, hacían su campaña mediática contra el divorcio, el aborto, el preservativo, la píldora y todo lo que se les pusiera por delante que impidiera que éste país dejase de ser la reserva espiritual del Occidente, como decía aquel general de tan nefasto recuerdo. Igualmente no es de olvidar que una vez aprobada la ley del aborto de 1985, el PP la llevó al Tribuna Constitucional, donde estuvo cerca de dos años para al final aceptarse su constitucionalidad. Se prometió entonces por el PP que la aboliría si ganaba las elecciones. Ocho años estuvieron en Gobierno para realizar su promesa y no tuvieron la valentía de cambiarla.
El Partido Socialista, en su último Congreso Federal del 2008, instaba al Gobierno a plantear al Parlamento una reforma de la ley del 1985 sobre el aborto. Desde que comenzara esta legislatura un amplio grupo de expertos, juristas y científicos han estado trabajando sobre el tema y una subcomisión del Congreso de los Diputados ha elaborado unas recomendaciones sobre cambios de la actual ley de Interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Todos están de acuerdo en que hay que modificar la ley porque en 24 años se han producido cambios sociales, científicos y legislativos en nuestra sociedad que así lo demandan. Asimismo la actual ley no impide, como hemos visto, que las mujeres que quieran utilizar el derecho que les confiere la ley, algunas veces se vean inmersas en posibles procesos judiciales. Igualmente en ella no se garantiza la seguridad jurídica de los profesionales. Ese anteproyecto es, pues, el resultado de de un amplio proceso de deliberación, reflexión y múltiples consultas para proponer una nueva normativa que ofrece seguridad jurídica, dignidad para las mujeres y los profesionales y es respetuosa con la Constitución.
Este proyecto de ley, enviado por el Gobierno al Parlamento, es el que va a defender el Grupo Socialista, que buscará el mayor apoyo parlamentario para sacarlo adelante en los términos más ajustados posible al texto que salió del Consejo de Ministros. Entre los aspectos más novedosos están la universalización de la prestación, garantizando el acceso a todas las mujeres entrando en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, es decir pública, gratuita y dentro de los centros públicos o concertados. Igualmente crea la imposibilidad absoluta de que alguna mujer pueda ser detenida y llevada a las autoridades por interrumpir su embarazo. Asimismo se elimina la excepción en cuanto a la mayoría de edad, equiparándola al resto de las prestaciones sanitarias, es decir 16 años. También se regula claramente la posibilidad de objeción de conciencia de los profesionales, obligando a las administraciones sanitarias a asumir el coste del servicio en el caso de una negación por dichas razones. Por dicha Ley se garantiza el derecho a la IVE en las 14 primeras semanas; entre las 14 y 22 si existe riesgo grave para la mujer o graves anomalías en el feto; a partir de las 22 semanas si hay un feto con anomalías incompatibles con la vida. En todos los casos será dirigido por un médico, aceptado por un comité creado al efecto en los dos últimos casos, y siempre con consentimiento escrito y en un centro acreditado.
Desde la entrada en el Parlamento de esta Ley el Partido Popular, la Conferencia Episcopal, sus medios afines y toda la plana mayor del conservadurismo en nuestro país han arremetido con toda la virulencia posible contra este proyecto de Ley. Ya se está otra vez convocando manifestaciones con olor a alcanfor y moralina para presionar e impedir una ley de aumento de derechos a la ciudadanía.
Tenemos la idea errónea de ver las leyes como órdenes, como decretos, como mandamientos. El peso de la ley. El imperio de la ley. Pero hay leyes que no tienen porqué ser obligatoriamente imperativas. Hay leyes reguladoras, de aumento de derechos cívicos. La ley del divorcio, la ley del aborto del 85, la ley de matrimonio de personas del mismo sexo, etc. no obligan al ciudadano a cumplir dicha norma. Se regulan situaciones determinadas. Se aumentan los derechos, ni más ni menos. Y ésta de la que hoy hablamos es una ley de incremento de los derechos de las mujeres, que pueden utilizarlos o no. Ese es su derecho de elección en su libertad individual. Entendemos que haya ciudadanos que discrepen de dicho proyecto de Ley. ¡Faltaría más! El mayor de nuestros respetos. Pero esa asintonía debería ser avalada por criterios científicos acreditados y no por razones subjetivas y morales que no tienen nada que ver con los parámetros cívicos y sociales que defienden la mayoría de los ciudadanos y que soportan nuestro Estado de Derecho.'
Pedro Villagrán
Senador por Málaga
Portavoz Socialista en la Comisión de Sanidad del Senado
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