Fuertes críticas recibió la presentación chilena del informe sobre el estado de los derechos humanos y civiles ante la ONU, en el Consejo de Derechos Humanos de la entidad internacional.
Los mayores cuestionamientos de los expertos de naciones unidas apuntan a la ambigua definición de tortura en la Constitución, que no se ajusta a los estándares internacionales.
La encargada del programa en Latinoamérica de la Federación Internacional de Derechos Humanos, Delphin Raynalv, indicó que otro de los puntos que generaron dudas al interior del comité contra la tortura fue la potestad que tiene la justicia militar con policías y uniformados, que incurriendo en abusos o torturas son juzgados por estos Tribunales que no tienen ninguna independencia ni imparcialidad.
"El código militar necesita una reforma profunda porque permite, aún hoy en día, las personas uniformadas que cometan un delito, pasen a una juridiscción militar. Esto facilita su impunidad porque los jueces son personas en ejercicio que no tienen independencia", indicó la experta.
Las respuestas presentadas por el comité chileno, encabezado por el ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, ante el comité generó serios reparos entre las organizaciones de la sociedad civil presentes.
El presidente del Observatorio Ciudadano, Jose Aylwin, indicó que las rebajas de penas a los violadores de los derechos humanos durante la dictadura y aplicaciones indirectas de la ley de amnistía, sumado la negativa de legislar contra la prescripción de crímenes de lesa humanidad son puntos críticos de que no tienen una respuesta concreta de parte de Chile.
"En diversos casos se han reducido las penas en derechos humanos e indirectamente se ha estado aplicando para ello la ley de amnistía. En el Congreso ha habido diversos proyectos de ley para declarar imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad y el último de ellos, presentado por un grupo de parlamentarios de la Concertación y fue rechazado por el Senado, por lo que esto sigue siendo un tema de preocupación, tal como lo constató el comité", explicó el dirigente.
Aylwin comentó que la aplicación de de la ley antiterrorista al pueblo mapuche durante gobierno democráticos ni siquiera fue contestado por parte de la comitiva chilena, lo que demuestra la gran deficiencia en esta materia.
A la espera de Institucionalidad
Y la respuesta ante este diagnóstico no se hizo esperar. Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó dos proyectos de ley en materia de derechos humanos.
El primero tipifica los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, que corresponde a una moción de senadores de la Alianza y la Concertación, en el marco del acuerdo político para la ratificación del Tratado de Roma.
El segundo, corresponde a un proyecto impulsado por diputados del oficialismo, que busca reinterpretar el artículo 93 del código penal, para evitar que los casos de derechos humanos estén sujetos de ser amnistiados.
En la sala había acuerdo entorno al proyecto de tipificación, pero no sobre derogar la amnistía, tal como lo señaló el diputado RN Alberto Cardemil, quien dijo que "aquí no hay normas oscuras que aclarar. Toda esta temática sensible está perfectamente bien tratada en un proyecto de ley que tipifica el genocidio, los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Esa es la norma que hay que aprobar, esta otra sólo complica en vez de solucionar los problemas".
A pesar del rechazo que tenía el proyecto para derogar la ley de amnistía por parte de la oposición igualmente fue aprobado, junto con el texto sobre tipificación de delitos.
En la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, existía resistencia respecto del texto sobre tipificación de delitos, ya que habían aspectos considerados insuficientes, como la no retroactividad de la norma.
Las agrupaciones, igualmente, mostraron su satisfacción parcial, ya que el proyecto para reinterpretar la Ley de Amnistía prosperó.
" Estamos felices y satisfechos por la aprobación de este proyecto de ley que interpreta el artículo 93 del código penal para terminar con cualquier vestigio de impunidad para los criminales de la dictadura. Ahora queda la batalla más grande en el Senado. En el proyecto de tipificación manifestamos nuestra preocupación en relación con el artículo 44 y lamentamos que se haya perdido porque Cardemil quiere la impunidad a toda costa. Están dispuestos a legislar para adelante y no para atrás", indicó la representante de la Agrupación.
La tipificación de delitos de lesa humanidad se despachó a ley, esperando el ingreso de la reforma constitucional y del estatuto de Roma para aprobar definitivamente el Tribunal Penal Internacional, mientras que el texto que pone fin a la amnistía pasará ahora al Senado para su segundo trámite.
Respecto de ello, la vocera de Gobierno Carolina Tohá señaló que "hemos tenido varios incidentes en el Parlamento. En el Senado un proyecto con contenido similar que se rechazó y por eso, el gobierno respaldó a través de una urgencia esta nueva iniciativa de los parlamentarios. Esperamos que no se vuelva a dar esta triste coincidencia y que no se vuelva a votar el proyecto con la ausencia de tantos parlamentarios que apoyan la iniciativa".
Los antecedentes que menciona Tohá refieren al primer proyecto presentó el ex Presidente de la Cámara Juan Bustos, que se declaró inadmisible por la sala del Senado y el segundo que se rechazó por mayoría de la Alianza presente.
Los documentos se refieren al caso Almonacid y el fallo de la Corte Interamericana y excluye de la aplicación de amnistía las violaciones a los derechos humanos.
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Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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